El régimen cubano subirá los precios y los costes de la electricidad entre otras medidas incluidas en su «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», un documento publicado este 25 de octubre y que lo anunciaron como la solución frente al estrepitoso fracaso de la llamada Tarea Ordenamiento.
El documento comprende diez propósitos generales que tienen como objetivo recuperar la depauperada economía del país y «la defensa y la seguridad nacional, en todos los niveles, en interés de salvaguardar la independencia, la integridad territorial, la soberanía y la paz».
El programa indica que se pondrán fin a las gratuidades y menciona la subida de precios, así como la actualización de la tarifa eléctrica.
Para ello, explica, se va a «avanzar en el cumplimiento del principio de subsidiar personas que lo requieran, cuando corresponda, y no productos», que, según recuerda Diario de Cuba es «uno de los lemas de la gestión de Raúl Castro hace más de una década».
Igualmente señala que se aplicarán «nuevas medidas para incentivar el ahorro de electricidad, a partir de la actualización de las tarifas eléctricas», y se actualizarán » los servicios de agua, transportación de pasajeros y cargas, entre otras». Asimismo llama a «evaluar y proponer la extensión del pago de la contribución territorial a las personas naturales que realizan actividad económica»; «proponer nuevos tramos de cobros de peajes», y «presentar propuestas para la continuidad o no de la extensión de la prórroga de las exenciones arancelarias a la importación de alimentos, medicamentos, insumos médicos y aseo por las personas naturales», una medida que se aplica desde el 2021.
Añade «implementar la dolarización parcial de la economía dentro de los límites aprobados», y «mantener el monitoreo, para proponer la actualización de los precios minoristas de los combustibles, tomando como referencia el precio de venta en dólares de la región», así como implementar el nuevo modelo cambiario.
La aplicación del documento busca «avanzar en el redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los restantes actores económicos en su papel complementario» y «consolidar y desarrollar las políticas sociales, garantizando la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad».
En otro apartado señala que tiene entre sus objetivos recuperar el Sistema Electroenergético Nacional y «gestionar la ciencia e innovación, la comunicación social y la transformación digital».
El nuevo paquete de medidas ha sido criticado duramente por los cubanos porque consideran que aumentará la precariedad y encarecerá más el acceso a alimentos y a una vida digna.
El economista Pedro Monreal, expuso: «sobrestima el Gobierno cubano su competencia para la gestión pública cuando presenta un programa de diez objetivos generales, 106 objetivos específicos, 327 acciones y 257 metas e indicadores».
Indicó que el documento es «innecesariamente disperso, con deficiente definición de metas e indicadores, imprecisa descripción de acciones, y metas poco creíbles».
«El programa parece reflejar un proceso burocrático de tipo ‘árbol de Navidad’, en el que cada ministerio ‘enganchó’ componentes sectoriales, sobrecargando un programa que debió funcionar como una matriz entendible y no como una colección de artefactos sectoriales», apuntó.
«No se establecen metas ni se definen indicadores en relación con dos importantes problemas sociales: pobreza (vulnerabilidad) y desigualdad, a pesar de que pudiera haberse adoptado la metodología de CEPAL respecto a ambos temas», dijo.
Monreal explicó que «el programa no identifica los recursos que estarían disponibles para implementar las acciones previstas, con la única excepción del financiamiento para la Unión Eléctrica. Un programa económico no es creíble sin identificar el financiamiento que lo apoya»
