El gobierno de Donald Trump ha decidido revocar el estatus legal temporal con el que más de 532.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos entraron a Estados Unidos entre octubre de 2022 y enero de 2025, según un adelanto del aviso que será publicado el 25 de marzo en el Registro Federal.
Pero, ¿qué significa esta última medida de una ofensiva contra la inmigración, que entrará en vigor en 30 días después del martes, es decir, el próximo 24 de abril?
En la práctica, esta revocación acortará la “libertad condicional” de dos años otorgada a estos migrantes durante el mandato del expresidente Joe Biden, que les permitía ingresar al país por vía aérea si contaban con patrocinadores estadounidenses.
Desde el momento en que empiece a tener vigencia esta política, quedarán sin efecto los paroles humanitarios otorgados desde enero de 2022 para venezolanos y extendidos en enero de 2023 a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua.
Como ya se han encargado de recordar desde este viernes los expertos en inmigración, los cubanos tienen una especie de “as bajo la manga” o “manto protector”, que es la Ley de Ajuste Cubano, que les permite solicitar su residencia permanente al año y un día de estar en el país.
Sin embargo, esta opción puede ser la “salvación” para aquellos cubanos que están a punto de poder aplicar a dicha ley, pero no para los que deben esperar aun meses para poder ajustar su estatus.
Para estos últimos, así como haitianos, venezolanos y nicaraguenses, el modo de permanecer en el país será defender un asilo político como vía para legalizarse.
Hay que recordar que Trump ha argumentado que los programas de libertad condicional para la entrada legal, tanto el de parole humanitario como el de CBP One, implementados bajo su predecesor demócrata, traspasaron los límites de la ley federal, por lo que el republicano los prohibió mediante una orden ejecutiva el mismo día que regresó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.
Al dejar ahora sin efecto los paroles humanitarios ya entregados, Trump ha dado otra vuelta de tuerca a su ya recrudecida aplicación de la ley migratoria, por lo que podrá deportar a todos aquellos que se queden desprotegidos legalmente tras invalidar estos permisos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que las personas que cuentan con un permiso humanitario, pero carecen de una base jurídica para permanecer en Estados Unidos “deben irse” antes de que expire su permiso.
“El permiso humanitario es inherentemente temporal, y el permiso por sí solo no es una base subyacente para la obtención de cualquier estatus de inmigración”, señaló el DHS al dejar claro que el enfoque “disuasorio” del programa de Parole Humanitario disuasorio “no resultó en una mejora suficiente y sostenida de la seguridad fronteriza, y ha exacerbado los desafíos asociados con la aplicación interna de la ley de inmigración”.
No obstante, según reportó Telemundo 51, la controversial decisión del gobierno ya ha sido impugnada en los tribunales federales.
Asimismo, el pasado 6 de marzo Trump dijo que “muy pronto” decidiría si revocaría la libertad condicional a unos 240.000 ucranianos que huyeron a Estados Unidos durante el conflicto con Rusia. De acuerdo con Reuters, la actual administración planea revocar la libertad condicional para los ucranianos en abril.
