Aunque el primer coronel Mario Méndez Mayedo presenta estos proyectos de ley como un esfuerzo por fortalecer las relaciones con los residentes en el exterior, la crítica apunta a que esta es solo una estrategia más del régimen cubano para asegurar la entrada de divisas a la isla, sin realmente abordar las necesidades y derechos de los cubanos en la diáspora.
El primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba, declaró recientemente que los Proyectos de Leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía responden a la voluntad política de Cuba de fortalecer relaciones con los residentes en el exterior.
Durante una conferencia en el Centro de Prensa Internacional, Méndez Mayedo afirmó que estas legislaciones buscan actualizar y adecuar el proceso migratorio cubano a las prácticas internacionales, abarcando no solo a los cubanos establecidos en otras naciones, sino también a todos los residentes en el país, los extranjeros y varios organismos.
Estos proyectos, resultado de cuatro años de trabajo, serán analizados por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) en julio próximo, con la expectativa de que las normativas entren en vigor a principios de 2025. Desde su publicación en varias plataformas, incluido el sitio oficial del Parlamento, los proyectos han generado mucho interés y diversas opiniones, especialmente en torno al tema de la residencia efectiva. Según Méndez Mayedo, la nueva propuesta fomenta una entrada y salida ordenada del país, así como la inclusión de los cubanos en la dinámica económica de la nación.
Además, las legislaciones eliminan el requisito de los 24 meses de estancia en el exterior para ser considerado migrante, y establecen normas que buscan resolver los retos relacionados con la determinación de la residencia de los cubanos y el ejercicio de sus derechos patrimoniales en el territorio nacional. En este sentido, el primer coronel enfatizó que los residentes en el exterior no perderán sus propiedades en Cuba y que no hay ninguna referencia en los proyectos en contra de esto.
Sin embargo, esta narrativa oficial contrasta con una perspectiva crítica que sugiere que al régimen cubano no le interesa realmente fortalecer relaciones con su comunidad en el exterior, sino que busca captar sus dólares. Muchos cubanos han sido expulsados del país debido a la falta de libertades y derechos, así como por persecución ideológica o por su orientación sexual. A pesar de estas nuevas propuestas legislativas, los cubanos que viven fuera de la isla aún no tienen derecho a participar en las decisiones fundamentales de su país ni a votar para que sus reclamaciones sean tenidas en cuenta.
Esta movida reciente parece estar motivada por la resistencia de cientos de miles de cubanos a viajar a la isla bajo las actuales condiciones, incluso después de la reducción de los precios de la confección del pasaporte y del pago de las prórrogas. Muchos prefieren viajar con el pasaporte extranjero adquirido tras obtener otra ciudadanía. En este contexto, el régimen cubano busca captar a este sector para que viaje a la isla, asegurando una fuente de ingresos a través del turismo y las remesas.
La estrategia de atraer a los cubanos en el exterior con estas nuevas leyes revela una intención más económica que de reconciliación genuina. La inclusión económica parece ser un punto clave, pero la falta de derechos políticos fundamentales para los cubanos en la diáspora sigue siendo una barrera significativa. Así, mientras las declaraciones oficiales hablan de fortalecer vínculos, la realidad apunta a una medida desesperada por obtener divisas en medio de una crisis económica persistente.
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