Los fiscales que interpusieron la demanda para cancelar el programa de parole humanitario implementado por la administración Biden habrían llegado a un pre acuerdo con la defensa para aplazar la fecha del juicio.
Documentos de la corte de Texas encargada del proceso citados por medios estadounidenses indican que tanto los 21 estados bajo gobierno republicano que se oponen al parole humanitario como como el gobierno federal estuvieron de acuerdo en posponer la querella judicial, pues todavía no disponen de los elementos suficientes para construir sus casos.
En declaraciones a AmericaTeve, la abogada Rosy Chaviano explicó que en una conferencia celebrada entre las partes y el juez Drew B. Tipton, se barajó aplazar el juicio para agosto y salvo por algunos aspectos técnicos el magistrado estuvo de acuerdo.
La fecha inicial del proceso judicial de demanda contra la iniciativa migratoria del gobierno estaba fijada para el próximo 13 de junio.
El posible retraso del cronograma judicial devuelve la esperanza de alrededor de un millón y medio de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua que aspiran a acogerse al parole para ingresar de forma legal a Estados Unidos.
Implementada desde inicios de este año, la iniciativa gubernamental para aliviar la crisis en la frontera sur de Estados Unidos prevé el otorgamiento de libertad condicional por un período de dos años a unos 30 mil beneficiarios del programa cada mes.
Cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense publicadas recientemente por la cadena CBS dan cuenta de que más de 380 mil solicitudes de cubanos están pendientes de revisión.
Al menos 29 mil inmigrantes de la isla ya han recibido el permiso de entrada al país norteamericano bajo el programa de parole, según dijo esta semana el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del DHS, Blas Nuñez-Neto.
