Esta vez fue en Cienfuegos. La Aduana de Cuba interceptó equipos de Starlink en el aeropuerto de la ciudad, sumando un nuevo episodio a la campaña del régimen contra la tecnología satelital que miles de cubanos intentan introducir al país para escapar del monopolio de ETECSA.
El decomiso en el aeropuerto de Cienfuegos se produce en un contexto de escalada sistemática. Entre abril y mayo de 2025, la Aduana de Cuba ya había decomisado más de 80 routers WiFi, 20 dispositivos Starlink y siete antenas satelitales en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La nueva confiscación en Cienfuegos muestra que el operativo se ha extendido más allá de la capital.
Por qué el régimen le teme a Starlink
El propio Elon Musk confirmó el 16 de marzo de 2026 en X que el servicio «funciona en Cuba, solo que no puede venderse allí». La cobertura satelital existe. Lo que no existe es el permiso del Estado cubano para usarla. Y esa diferencia es la que convierte cada antena incautada en un símbolo de algo más grande que la conectividad.
Según la Resolución 272/2015 del Ministerio de Comunicaciones, la entrada al país de terminales de comunicación satelital requiere permisos especiales que en la práctica rara vez se conceden. El régimen argumenta razones técnicas —interferencias con el espectro radioeléctrico— pero analistas y activistas señalan que la razón real es política: las restricciones al uso de Starlink por parte de ciudadanos cubanos responden al control político y económico sobre la conectividad.
A pesar de los decomisos, el mercado informal de Starlink en Cuba sigue funcionando. Los equipos entran desarmados, escondidos en equipajes, o disfrazados de componentes electrónicos para evadir los escáneres aduanales. Algunos viajeros desarman los equipos para volverlos irreconocibles en el escáner. Otros pagan por el servicio a través de revendedores que operan desde el exterior.
El precio del acceso no es bajo. Pero tampoco lo es el costo de los apagones que pueden superar las 30 horas en algunas provincias. Para muchos cubanos, esa ecuación ya está resuelta.
Las sanciones por uso no autorizado van desde multas y decomiso de equipos hasta privación de libertad. El régimen advierte. Los cubanos calculan. Y los equipos siguen llegando.
