Bajo un estricto cerco de seguridad que impidió el acceso al público y a la prensa independiente, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, con sede en Cojímar, abrió sus puertas este jueves para la primera audiencia del juicio contra la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, popularmente conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente.
Ambas procesadas, que permanecían bajo reclusión domiciliaria desde finales de marzo, enfrentan posibles condenas de dos a cinco años de privación de libertad por el delito de «actos contra la intimidad personal y familiar», una acusación derivada directamente del uso de sus redes sociales.
Momentos antes de enfrentarse a los magistrados, la influencer de 21 años aprovechó para decir unas contundentes declaraciones. Lejos de mostrar arrepentimiento y reafirmando la advertencia previa de «No voy a callarme», la joven defendió la legitimidad de sus acciones frente a las cámaras: «No es justo, no es justo, ninguno de nosotros somos unos criminales, solamente estamos expresando a través de una pantalla, que no es un arma, es un teléfono, lo que pensamos».
Seguidamente, justificó el tono crítico de sus plataformas digitales argumentando que «No estamos de acuerdo con el sistema político de nuestro país, no estamos de acuerdo con cómo se manejan los asuntos internos de nuestro país, están mal, y eso no es delito». Ante la interrogante sobre cuál sería la salida a la actual crisis de la Isla, su respuesta fue directa: «Que Cuba sea libre. En el cambio. Queremos un cambio».
El conflicto legal que las llevó al banquillo de los acusados se remonta a marzo de 2026. En aquel momento, madre e hija transmitieron y publicaron el instante en que el suboficial del Ministerio del Interior, Yoel Leodán Rabaza Ramos, se presentó vestido de civil en su vivienda de Alamar para entregarles una citación de la Seguridad del Estado.
Aunque el abogado de la defensa, Roberto Ortega Ortiz, logró en primera instancia el archivo del expediente al demostrar que se requería una querella directa por el artículo 393 del Código Penal, el proceso fue reactivado de inmediato cuando el propio agente Rabaza Ramos formalizó la denuncia a título personal.
La jornada judicial estuvo marcada por un ambiente de tensión en los alrededores. Activistas denunciaron que la vista fue presidida por la jueza Zamira Marrero Morgado, conocida por su participación en los severos procesos del 11-J, cuya recusación fue denegada.
En paralelo al juicio, se reportó el arresto del opositor David Espinosa Martínez, vigilancia policial sobre las periodistas Yoani Sánchez y Camila Costa, y el confinamiento en sus hogares de los miembros del proyecto Fuera de la Caja. Esta ola de restricciones motivó el pronunciamiento de la organización Ciudadanía y Libertad, presidida por la activista Carolina Barrero: «Acompañar no es un delito. Informar tampoco».
Por su parte, la postura oficial fue defendida a través de la cuenta policial Héroes de azul en Cuba, desde donde se justificó el proceso judicial indicando que «las redes sociales no son un territorio sin ley» y precisando que en este caso «no se juzga el acto de grabar, sino la difusión no consentida de la imagen».
El enjuiciamiento de Anna Bensi ha trascendido el ámbito legal para convertirse en un fenómeno mediático que ha movilizado a diversas figuras del entretenimiento y la sociedad civil cubana. Desde Miami, la popular cantante La Diosa hizo un llamado urgente a la visibilización del caso pidiendo a los internautas: «Tú, aunque tengas tres seguidores, es importante que hables de esto».
Este respaldo secular encontró eco también en las instituciones religiosas del país, destacando el comunicado emitido por la Convención Bautista de Cuba Occidental, el cual dejó claro el apoyo incondicional hacia las acusadas con una promesa firme: «No podemos, no queremos y no vamos a dejarlas solas».
