La Ley de Memoria Democrática entró en vigor en España este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que miles de cubanos descendientes de españoles podrán optar por la nacionalidad del país ibérico.
Se estima que la llamada “ley de nietos” contenida en el texto de la nueva normativa, abra las puertas de la ciudadanía española a más de 300 mil cubanos hijos y nietos de españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero antes de 1978.
Asimismo, beneficia a hijos e hijas mayores de edad de españoles a quienes se les reconoció la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.
El Consulado General de España en La Habana permanece a la espera de instrucciones del Ministerio de Justicia sobre nuevos requisitos de nacionalidad para publicar información de los procedimientos que deberán cumplir sus beneficiarios, según comunicó a través de sus redes sociales.
La semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, solicitó a embajadas y consulados de su país en el extranjero estar listos para agilizar los trámites de las personas que deseen acogerse a la Ley de nietos.
Se espera que las representaciones de España en el exterior reciban un «volumen significativo» de solicitudes de nacionalidad a partir de este viernes, tras la entrada en vigor de la normativa.
«Los expedientes presentados por estos solicitantes van a ser relativamente sencillos, al estar formados fundamentalmente por la solicitud, su certificado de nacimiento y el certificado de nacimiento de su padre/madre español. En ese caso, solo se atendería con cita previa a los demás solicitantes», indica una circular del ministerio de Exteriores, citada por el diario The Objective.
La Ley de Memoria Democrática tiene por objeto “la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática en España, y aboga por el reconocimiento de las víctimas del golpe de Estado de julio de 1936, de la Guerra de España y la dictadura de Francisco Franco.
De acuerdo con una nota de prensa del congreso, el texto “está estructurado en torno al ‘protagonismo y reparación integral de las víctimas de la Guerra y la Dictadura’”, y prevé “el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual”, en el período entre el Golpe de Estado y la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
Asimismo, reconoce la “política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana” durante ese período de la historia del país ibérico y condena las manifestaciones públicas de apología al franquismo.
