La ciudad de Miami podría seguir los pasos de Doral al considerar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa 287(g), lo que permitiría a la policía local colaborar en la aplicación de leyes migratorias. Este tipo de acuerdos han generado controversia, especialmente en comunidades con alta población inmigrante.
La ciudad de Miami podría votar esta semana para que su policía colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mediante un acuerdo 287(g) bajo el modelo de “fuerza de tarea”. Según The Miami Herald, esto permitiría a los oficiales realizar funciones de control migratorio durante su trabajo rutinario, como interrogar, arrestar y detener a personas sospechosas de violar leyes migratorias.
De aprobarse, Miami se uniría a otras ciudades del condado Miami-Dade como Hialeah, Sweetwater y Coral Gables, que ya firmaron acuerdos similares. ICE describe este modelo como un “multiplicador de fuerza”, mientras que críticos temen que conduzca a prácticas de perfilamiento racial y erosione la confianza en la policía.
Organizaciones y residentes del sur de Florida han expresado su oposición, advirtiendo que esta colaboración podría hacer que los inmigrantes dejen de reportar crímenes por miedo a ser deportados.
En 2023, el Departamento de Policía de Miami-Dade dijo que no solicitaría información sobre el estatus migratorio de los conductores durante paradas de tráfico rutinarias. Esta política buscaba mantener la confianza de las comunidades inmigrantes y garantizar que no se sintieran intimidadas al interactuar con las autoridades locales.
La decisión se enmarcaba en un contexto de creciente preocupación por la colaboración entre agencias locales y federales en materia migratoria. Al evitar preguntar por el estatus migratorio en situaciones cotidianas, como las paradas de tráfico, la policía de Miami-Dade pretendía asegurar que todos los residentes, independientemente de su situación legal, se sintieran seguros al reportar delitos o buscar asistencia.
En ese momento, la postura contrastaba con las políticas de otras jurisdicciones en Florida que, bajo acuerdos como el 287(g), permitían a las fuerzas del orden locales colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Mientras algunas ciudades adoptaban medidas más estrictas, Miami-Dade optaba por una aproximación que priorizaba la cohesión comunitaria y la seguridad pública.
La política de no indagar sobre el estatus migratorio durante paradas de tráfico reflejaba el compromiso de las autoridades locales con una aplicación de la ley equitativa y centrada en la protección de todos los residentes, sin importar su origen o situación migratoria. Eso, ahora, ha cambiado.
Miami siguiendo el «ejemplo» del Doral
Doral, conocida por su numerosa comunidad venezolana, aprobó recientemente un acuerdo similar, provocando divisiones entre sus residentes. Mientras algunos funcionarios locales argumentan que la medida es una obligación legal impuesta por leyes estatales, otros miembros de la comunidad ven la colaboración con ICE como una traición a la confianza depositada en las autoridades locales.
La implementación del programa 287(g) en Doral ha suscitado preocupaciones sobre posibles prácticas de perfilamiento racial y una disminución en la confianza hacia la policía local. Activistas y líderes comunitarios advierten que estas medidas podrían llevar a que los inmigrantes eviten reportar delitos por temor a ser detenidos, lo que afectaría la seguridad pública en general.
Florida tiene más de 200 acuerdos activos 287(g), más que cualquier otro estado. Aunque la ley estatal exige a las cárceles de condado cooperar con ICE, no obliga a los departamentos de policía municipales. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis ha presionado para que lo hagan, argumentando que es una exigencia de la ley contra las ciudades santuario.
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