Un artículo aparecido en el oficialista diario Granma nos cuenta de la «reconversión de locales en viviendas» y se cuestiona si esto, más que un remedio definitivo a la crisis existente con el fondo habitacional en el país es «¿un paliativo con carencias?»
El periódico se centra en el plan que se está acometiendo en la provincia de Ciego de Ávila, donde, por ejemplo, en la comunidad Número Uno se remodelan 23 viviendas para ser entregadas a familias cubanas a la mayor brevedad posible.
Sin embargo, el plan de reconvertir locales del estado en viviendas marcha con lentitud propia de cangrejos, luego de haberse iniciado en el año 2011. Diez años para reacondicionar locales que ya tenían la zapata hecha, parece demasiado tiempo.
Así parece decirlo el periodista Ortelio González cuando afirma: «no comenzar de cero un proceso constructivo que demanda tantos recursos y mano de obra, sino apelar a acciones de mantenimiento o remodelación, ayudaría a acortar el tiempo para tener algunas casas con las cuales resolver casos de extrema complejidad».
Tuvieron que pasar ocho años, y que entrara en vigor la Gaceta Oficial No. 33, con los acuerdos 8574/19 y 8575/19 del Consejo de Ministros -sobre el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorios y locales, así como el cambio de uso y traspaso de locales- para que en Ciego de Ávila se agilizara un proceso que ciertamente no involucraba a ninguno de los dirigentes de vivienda en el territorio.
Ocho años de deterioro en las estructuras de esos locales, de vandalismo muy probablemente, y el final no se vislumbra. La cruda realidad es esta: al Estado cubano le cuesta desprenderse de esos locales que alguna vez funcionaron como «algo», y le cuesta más aún volver a erogar recursos para reacondicionarlos y «regalarlos» como viviendas.
Uno de los beneficiados, Roberto Fuentes Padrón, trabajador del sector de la Salud, escogió el lugar y todo. Esperó durante 9 años y trabajó todo ese tiempo allí, en su casita y en las de otros, con los pocos materiales que les fueron dando en ese largo período. Al final se agenció de una vivienda de dos cuartos, con 54 metros cuadrados, de nueva tipología. Y suya.
Es uno de tres locales que pertenecieron a la Empresa Provincial Productora de Materiales de la Construcción de Ciego de Ávila y que ahora son viviendas. Los otros dos han sido ocupados; uno, por un «caballito» del MININT, su esposa e hijo; y otro, no se precisa por quién.
Señala Granma que hay en Ciego de Ávila 162 locales identificados –algunos ocupados en la actualidad–, donde se prevén construir 1 156 viviendas.
A unos kilómetros de la ciudad capital, por ejemplo –»como quien va para La Habana, por la comunidad llamada Número Uno, a la derecha», orientaron a este redactor–, aparecen locales en remodelación. Tienen la forma de naves alargadas, como los albergues de la escuela al campo de épocas pasadas.
Ya algunos están ocupados, pero sus residentes desconocen cuánto tienen que pagar por ellos.
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Solamente el hecho de poder contar con un techo, le hace decir a una de las propietarias: «Pese a todo, me siento bien aquí».
Y es que faltan azulejos, las paredes están un poco chapuceras, pero techo es techo.
«Algunas acciones constructivas no están acordes con lo establecido, pero no se puede juzgar la calidad del todo por las deficiencias de una parte», explica Enrique Ordóñez de la Paz, director de la Empresa Provincial de Construcción del Poder Popular, al reconocer que «existen lugares donde han edificado con mala calidad».
Por extraño que parezca, reconvertir un local del Estado en vivienda y otorgarlo a una familia en Cuba, es en el Macondo cubano un problema más entre miles.
«El proceso es un entramado con varias dimensiones: la jurídica, la constructiva, la social y la financiera», según el diario oficialista.
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