La nueva ofensiva migratoria de Donald Trump se vende desde la Casa Blanca con un eslogan claro: ir tras “los criminales más peligrosos” y “las peores amenazas” para Estados Unidos. Pero los datos recién desclasificados cuentan otra historia. Entre el 20 de enero y el 15 de octubre de este año, ICE arrestó a unas 222 000 personas, y casi 75 000 de ellas no tenían ningún historial criminal, según cifras obtenidas por el Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, tras una demanda contra el gobierno federal
Según The Independent, más de un tercio de todos los arrestos realizados por la agencia en los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump fueron contra personas sin condenas previas. Para Ariel Ruiz Soto, analista del Migration Policy Institute, el hallazgo contradice de forma frontal el discurso oficial de que se persigue solamente a “lo peor de lo peor”.
Las cifras, además, se quedan cortas. No incluyen detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza, que en esta etapa ha ganado protagonismo en redadas lejos de la frontera, ni por otras agencias como la Guardia Costera. Análisis paralelos apuntan a tendencias similares: en una operación reciente en Washington D. C., tras la declaratoria de “emergencia criminal” de Trump, más del 80% de las más de 1 100 personas arrestadas no tenía antecedentes penales, según una revisión de datos federales, destaca The Washington Post.
Los números de detención se cruzan con otro dato inquietante: a mediados de noviembre, alrededor del 73% de unas 65 000 personas en centros de detención de ICE y la Patrulla Fronteriza carecían de condenas previas, y muchas de las que sí tenían antecedentes habían sido sancionadas por infracciones menores, como violaciones de tráfico. En paralelo, se documentan casos de ciudadanos estadounidenses —incluidos menores— detenidos por error dentro de estas mismas campañas.
Mientras la Casa Blanca presume un histórico paquete de gasto, el llamado Big, Beautiful Bill, que destina unos 170 000 millones de dólares a ICE y a la Patrulla Fronteriza, los ejemplos sobre el terreno muestran un espectro muy amplio de quién termina sintiendo el peso de esa maquinaria, tal y como recoge The Financial Express.
En Minnesota, el caso de Abdul Dahir Ibrahim se ha convertido en munición política.
Este inmigrante somalí, a quien el gobierno describe como “ilegal” y con un largo historial de fraude migratorio y asistencial, fue detenido por ICE en Nebraska tras acumular décadas de procesos de deportación desde que llegó a Estados Unidos en los años noventa.
Imágenes difundidas por el propio Departamento de Seguridad Nacional lo muestran posando con figuras demócratas de alto perfil, como el gobernador Tim Walz y la congresista Ilhan Omar, así como con otros políticos locales. La detención se usa desde el oficialismo para atacar a las llamadas “jurisdicciones santuario” y presentar el caso como ejemplo de cómo, bajo gobiernos estatales demócratas, personas con órdenes de expulsión logran permanecer durante años en el país.
En la costa opuesta, en Washington State, otro episodio ha desatado indignación por el uso de fuerza. La senadora Patty Murray denunció que agentes de ICE mintieron a Wilmer Toledo-Martínez, un inmigrante indocumentado, haciéndose pasar por trabajadores de la construcción para que saliera de su casa en Vancouver.
Una vez en el exterior, según el relato del propio Toledo y fotos difundidas por la oficina de la senadora, un agente liberó un perro de ataque contra él, pese a que no ofrecía resistencia. Las heridas fueron tan profundas que necesitaron puntos de sutura, y la familia asegura que el acceso a atención médica se demoró mientras el hombre permanecía detenido frente a su esposa e hijos, ciudadanos estadounidenses.
The Guardian recoge además otro caso ocurrido en Vancouver, Washington, donde la policía dice que investigó un incidente durante el cual un agente de ICE pareció atropellar el pie de un hombre durante una detención. Oregon Live informó que un agente de ICE atropelló a Jose Guadalupe Paniagua Calderón, de 27 años, con su propio vehículo durante una detención.
Un video en el que se le escucha gritar al migrante detenido no ofrece muchas luces sobre lo que ocurrió, dando lugar a una especie de «batalla digital» entre los que dicen «no sucedió nada», y los que dicen que «¿y por qué eran los gritos?
Al respecto de este caso dijo la senadora Murray en respuesta a un tuit de Tricia McMaughlin
DHS has no credibility under Kristi Noem's leadership.
— Senator Patty Murray (@PattyMurray) December 8, 2025
This is not what I'm hearing from the community. You are a miserable propagandist and a proven liar, so there's no reason for anyone to believe you.
I want proof that Jose is unharmed and being treated with basic dignity. https://t.co/9nCbQVfNLw
En Minnesota, un cuarto caso ilustra el lado más ambiguo de esta nueva fase. Abdulkadir Sharif Abdi, refugiado somalí y líder de programas de recuperación de adicciones en las Ciudades Gemelas, fue detenido en la operación “Metro Surge”, en la que se arrestó a una docena de personas.
ICE lo describe como “criminal illegal alien” y le atribuye vínculos con una pandilla, citando condenas por recibir propiedad y vehículos robados, pero en su comunidad muchos lo conocen sobre todo como un referente en salud mental y rehabilitación, lo que ha encendido el debate sobre dónde traza la administración la línea entre seguridad pública y castigo a figuras que, pese a tener antecedentes, cumplen hoy un rol social clave.
Tomados en conjunto, estos ejemplos ayudan a entender de qué están hechos esos casi 75 000 arrestos de personas sin historial criminal y el amplio universo del resto. Hay, sí, casos como el de Ibrahim, con un expediente de fraude que abarca varios países. Pero también hay hombres como Toledo-Martínez, víctimas de un uso de la fuerza que una senadora describe como “horrífico”, y líderes comunitarios como Abdi, detenidos en el mismo paquete mediático de “criminales” que la Casa Blanca utiliza para justificar un gasto récord y un endurecimiento casi total del sistema.
En los próximos meses, los jueces tendrán que decidir sobre varias demandas que cuestionan la legalidad de estas redadas, el uso de perfiles raciales y la detención de personas sin antecedentes. De momento, el contraste es evidente: mientras Trump promete “recuperar el control” de las calles y las fronteras, los datos muestran que la nueva era de mano dura migratoria se está construyendo, en gran medida, sobre los hombros de inmigrantes que nunca habían sido condenados por un delito.
