Inalbys Heredia —la cubana que días atrás ayudó a identificar públicamente a la joven fallecida tras el atropello masivo en la calle Galiano, en Centro Habana— ha vuelto a agitar las redes.
En un nuevo post, publicado hace apenas unas horas, Inalbys señala a otro italiano y no al que ha sido señalado en la prensa independiente como autor del atropello masivo.
La publicación incluye imágenes y una narración de su versión, del porqué el hombre habría acometido tal atropello. Según ella, el hombre dijo estar «amenazado de muerte» y que por tal motivo, le daba lo mismo.
Si bien nuestro medio no puede reproducir el nombre que ella menciona hasta que exista confirmación oficial o evidencia sólida que permita descartar una confusión, dadas las consecuencias que puede acarrear la identificación errónea de terceros, al menos nos limitamos a proporcionar el enlace de la publicación hecha por Inalbys.
Hasta ahora, la información verificada públicamente es la siguiente: el Ministerio del Interior (Minint) confirmó la detención de un “extranjero residente en Cuba” como presunto responsable del hecho, en el que resultaron heridas varias personas y al menos una mujer perdió la vida. El parte oficial no precisó identidad ni nacionalidad. Medios internacionales como El País reportaron ese comunicado y el saldo provisional de víctimas.
En paralelo, el diario independiente 14ymedio publicó una investigación en la que identificó al sospechoso como el empresario italiano Berto Savina (conocido también como Sabina Tito), vinculado a cadenas de tiendas en divisas como Casa Linda/“Agua y Jabón”, y recopiló testimonios y registros mercantiles que lo relacionan con negocios en la Isla. Otras plataformas digitales reprodujeron ese señalamiento, aunque sin aportar confirmaciones provenientes de fuentes estatales o judiciales.
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La afirmación de Heredia abre, así, una línea de controversia: ¿hubo una identificación precipitada en redes y prensa independiente, o su nueva acusación confunde a la opinión pública? Más allá de quién sea el imputado, el episodio expone un vacío de comunicación: en ausencia de datos oficiales completos —nombre del detenido, situación procesal, cargos y atestado—, las redes terminan funcionando como amplificador de conjeturas y señalamientos cruzados, con el consiguiente riesgo reputacional para personas ajenas o no condenadas.
Especialistas en verificación insisten en dos principios frente a hechos de alto impacto: 1) diferenciar entre “lo que sabemos” (detención de un extranjero residente confirmada por el Minint) y “lo que se afirma” (las identidades difundidas), y 2) evitar la difusión de nombres e imágenes de supuestos responsables hasta contar con documentos, causas penales o comunicados que lo avalen. En Cuba, donde los procesos se desarrollan con escasa publicidad y el acceso a expedientes es limitado, ese estándar es aún más difícil de sostener, pero también más necesario.
Mientras familiares y testigos siguen reclamando justicia y transparencia, lo urgente es que las autoridades amplíen la información básica del caso: identidad del detenido, calificación provisional de los delitos, estado de salud de los lesionados y garantías procesales. Esa claridad no solo desactivaría el carrusel de versiones en internet; también blindaría el derecho de las víctimas a conocer la verdad y el de cualquier investigado a no ser condenado en la plaza pública antes de que hable un tribunal.
