Una multa de 99 millones de pesos fue impuesta por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) en la provincia de Artemisa a un trabajador por cuenta propia del municipio cabecera, tras detectarse una evasión fiscal correspondiente al año 2025. La cifra, confirmada por el diario oficial Trabajadores, se convierte en una de las sanciones económicas más altas aplicadas a un actor no estatal desde la ampliación de las formas de gestión privada en Cuba.
El sancionado, identificado como Jaime Alberto Camerota, reconoció públicamente la deuda y explicó que su situación estuvo marcada por una contabilidad deficiente, desconocimiento de los procedimientos tributarios y la compleja situación económica en la que se encontraba su negocio. Según su testimonio, había arrendado un local del sistema de Comercio apenas un año antes, en condiciones cercanas a la quiebra, y destinó recursos a su restauración para abrir puntos de venta minorista de alimentos, descuidando los pagos fiscales durante ese proceso.
De acuerdo con su relato, la inspección de la Onat fue la primera que recibió desde el inicio de la actividad. Tras evaluar documentación y operaciones, los inspectores determinaron el monto total de la deuda sin otorgar nuevas oportunidades. Camerota optó por fraccionar los pagos para evitar un proceso judicial, llegó a vender su automóvil y, aun así, reconoce que todavía adeuda alrededor de 20 millones de pesos. Paralelamente, asegura haber ampliado su red comercial hasta alcanzar 17 puntos de venta en el municipio, incorporando productos de aseo y agrícolas, y afirma que actualmente paga más de un millón de pesos mensuales en tributos.
El propio texto de Trabajadores contrapone este caso con el de otro emprendedor artemiseño, José Dariel Gómez Llano, director de una mediana empresa privada creada en 2022, presentado como ejemplo de “buena cultura tributaria”. En su caso, se detallan sistemas informatizados de control contable, pagos regulares que rondan los 500 mil pesos mensuales y el cumplimiento de impuestos sobre utilidades, desarrollo local y aportes salariales. La comparación no es casual: refuerza la idea de que el problema no es el sistema tributario en sí, sino el comportamiento individual del contribuyente.
Sin embargo, los propios datos ofrecidos por la Onat provincial dibujan un escenario más amplio y estructural. En 2025 se realizaron más de 5.500 acciones de control a formas de gestión no estatal en Artemisa, detectándose más de 339 millones de pesos por subdeclaraciones o incumplimientos. Se aplicaron cierres temporales y definitivos, multas por no operar cuentas fiscales y se procesaron penalmente seis expedientes por evasión fiscal. El énfasis institucional recae, de manera reiterada, en una supuesta “naturaleza evasiva” del contribuyente.
La multa de 99 millones no solo ilustra el rigor creciente del control fiscal, sino también las tensiones entre un sistema tributario complejo, una economía marcada por múltiples monedas, informalidades estructurales y la falta de capacitación real para los actores privados. Más allá del caso individual, el episodio deja abierta una pregunta incómoda: hasta qué punto el Estado acompaña, forma y previene, y hasta qué punto actúa solo cuando el incumplimiento ya es irreversible y la sanción se vuelve ejemplarizante.
