Una mujer de Miami identificada como Daniela Rendón, ha sido acusada de fraude después de usar fondos de COVID para sostener lo que se califica como un estilo de vida lujoso, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado este jueves.
Según el reporte, la mujer de origen hispano usó supuestamente los fondos obtenidos mediante fraude de los fondos dados para mitigar el impacto económico de la pandemia de COVID, para arrendar un Bentley y alquilar un apartamento de lujo.
La mujer compareció ante un tribunal federal el jueves, dijo Local 10 News, y enfrenta 10 cargos después de que los fiscales la acusaron de financiar un “estilo de vida lujoso” con cientos de miles de dólares en préstamos de ayuda por el COVID-19 obtenidos de manera fraudulenta.
Los fiscales federales dijeron que con las ganancias mal habidas y el fraude a los fondos COVID, Daniela Rendon alquiló un apartamento “de lujo” en Biscayne Bay. Ahora, para beneficio suyo, podrá pasar hasta dos décadas viviendo sin pagar alquiler, pero claro, en un lugar menos elegante: una prisión federal.
Los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional determinaron que Rendon usó el dinero, aproximadamente $ 381,000 en fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago y del Programa de Ayuda por Daños Económicos en Desastres, para arrendar un Bentley Bentayga 2021, pagar los procedimientos de dermatología cosmética y renovar sus zapatos de diseñador, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Los fiscales la acusan de presentar solicitudes fraudulentas, falsificar sus ingresos y nómina y presentar formularios de impuestos del IRS fraudulentos y dijeron que esta “se inscribió en un procesador de nómina para emitir cheques de nómina fraudulentos para ella, sus familiares y amigos”.
Las autoridades acusaron a Rendón de siete cargos de fraude electrónico, dos cargos de lavado de dinero y un cargo de robo de identidad agravado.
Si es declarada culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión, aunque un juez federal determinaría la sentencia según las pautas de sentencia y otros factores legales.
El Congreso y las agencias federales están tratando de tomar medidas enérgicas contra miles de millones de dólares en ayuda para el COVID-19 obtenida de manera fraudulenta, que fue el tema central de una audiencia en la Cámara esta semana.
El Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los programas de Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL) se encontraban entre los esfuerzos federales de ayuda por la pandemia que se descubrió que eran susceptibles de fraude. (iStock)
Programas como el PPP, que se formó para ayudar a las pequeñas empresas mientras el COVID-19 estaba causando estragos económicos generalizados, y el EIDL, que era un programa preexistente de ayuda ante desastres para empresas, fueron objetivos principales para los estafadores, ya que miles de millones de dólares fluían de ellos. en los primeros meses de la pandemia.
Varias agencias gubernamentales están trabajando para investigar informes de fraude en programas pandémicos y recuperar la mayor cantidad posible de fondos obtenidos de forma ilícita de los estafadores.
Esas entidades incluyen el Comité de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia (PRAC, por sus siglas en inglés), que está compuesto por inspectores generales de agencias federales más personal adicional, y entidades existentes como el Servicio Secreto, que supuestamente ha ayudado en la recuperación de alrededor de $3 mil millones en beneficios de desempleo fraudulentos y más $ 1 mil millones en fondos EIDL.
Este caso sale a la luz apenas un mes después de que un empresario en Miami, identificado como Valesky Barosy, también usara fraudulentamente los fondos COVID-19 para comprarse un auto de lujo, un reloj Rolex y otras excentricidades.
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