El combustible que Estados Unidos permite vender a empresas privadas cubanas podría estar terminando en un negocio controlado por los militares de la Isla. Una nueva investigación sostiene que el conglomerado GAESA estaría aprovechando a determinadas mipymes como intermediarias para acceder a esas importaciones, conservar el control de las ventas y beneficiarse de los dólares generados.
La denuncia aparece en un informe presentado el 3 de noviembre por el economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group y vicepresidente de Cuba Siglo 21. Su análisis plantea que, aunque las operaciones se realizan formalmente a través de negocios privados, las instalaciones, los sistemas de pago y buena parte de la infraestructura financiera continúan bajo el dominio de empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas.
El mecanismo descrito permitiría a GAESA mantener su participación en el mercado energético pese a las restricciones estadounidenses. Sin embargo, el informe presenta una hipótesis sustentada en operaciones y estructuras empresariales identificadas, no una demostración de que todas las mipymes importadoras trabajen para el conglomerado militar.
Las mipymes ponen el nombre, pero GAESA controlaría el dinero
La investigación señala que cerca de 390 mipymes fueron convocadas inicialmente para participar en el negocio de importación de combustible, pero solo unas 42 recibieron autorización durante las primeras fases. Morales considera que algunas de estas empresas podrían actuar como intermediarias de estructuras vinculadas al poder militar cubano.
El estudio recoge información sobre 21 proveedores de combustible de CIMEX, entre los que aparecen al menos 16 mipymes. Una de las operaciones identificadas corresponde a KRV Partes y Piezas, que facturó aproximadamente 53.000 dólares por 23.000 litros de gasolina destinados a una estación de servicio Oro Negro.
La cuestión más llamativa no está únicamente en quién compra la gasolina, sino en lo que ocurre cuando llega a Cuba. Según Morales, las mipymes deben utilizar gasolineras pertenecientes a Inmobiliaria CIMEX, mientras que los pagos de los consumidores se realizan mediante las tarjetas Clásica y Clásica Empresarial, gestionadas por FINCIMEX.
Los ingresos de esas operaciones terminarían en cuentas del Banco Financiero Internacional (BFI), otra entidad vinculada a GAESA. De confirmarse este funcionamiento, los empresarios privados asumirían parte de la importación y comercialización, mientras el conglomerado militar mantendría el control de recursos esenciales para el negocio.
El escenario coincide con el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra GAESA, que ha complicado las operaciones financieras de varias entidades relacionadas con el régimen. Washington busca impedir que las exportaciones autorizadas para el sector privado terminen favoreciendo a compañías militares sancionadas.
Un negocio que exige hasta 1,4 millones de dólares para comenzar
Otro de los elementos que despierta sospechas es la cantidad de dinero necesaria para importar combustible desde Estados Unidos. El informe calcula que poner en marcha una operación con diez isotanques requiere una inversión de entre 500.000 y 1,4 millones de dólares, dependiendo del producto y de las condiciones comerciales.
Un solo isotanque de 25.000 litros de gasolina puede representar un desembolso inicial cercano a los 90.500 dólares, mientras que uno de diésel alcanzaría aproximadamente 134.300 dólares. Estos cálculos incluyen la adquisición del contenedor, pero no eliminan otros gastos asociados a la distribución dentro de Cuba.
Para Morales, semejantes inversiones plantean dudas sobre la capacidad de pequeñas empresas independientes para sostener el negocio sin respaldo de grandes estructuras financieras. No obstante, disponer de capital elevado tampoco demuestra por sí mismo que una mipyme esté vinculada a GAESA.
La dimensión del comercio es considerable. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones estadounidenses de combustible y derivados hacia Cuba alcanzaron aproximadamente 232 millones de dólares, con unos 74,9 millones solamente durante agosto, según los datos recogidos en el estudio.
Estas cifras adquieren especial relevancia en un país donde los apagones y la escasez de combustible siguen afectando la vida cotidiana. Además, Cuba acaba de introducir una nueva legislación petrolera que permite la participación de empresas privadas e inversores extranjeros, aunque mantiene importantes facultades de decisión en manos del Estado.
Estados Unidos estrecha la vigilancia sobre el combustible destinado a Cuba
La investigación sitúa este mecanismo en un contexto de creciente presión estadounidense sobre el sector energético cubano. Las autoridades norteamericanas han informado de la interceptación de 90 envíos destinados a ENETEC, con aproximadamente 600.000 galones de combustible valorados en 2,8 millones de dólares.
El informe también relaciona la búsqueda de nuevos suministros con la interrupción del petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Morales estima que, entre 2010 y 2025, GAESA habría obtenido alrededor de 30.000 millones de dólares mediante la reventa de parte del petróleo recibido desde Venezuela, aunque se trata de cálculos que no constituyen una contabilidad oficialmente comprobada.
La situación se complica por las sanciones contra entidades financieras vinculadas al conglomerado militar, que dificultan las operaciones internacionales de empresas relacionadas con estas estructuras.
Por ahora, no existe una verificación independiente que permita determinar cuántas mipymes importadoras de combustible actúan realmente por cuenta de GAESA. La investigación de Morales, sin embargo, pone el foco sobre una cuestión fundamental: aunque una empresa privada aparezca como compradora del combustible estadounidense, eso no significa necesariamente que sea quien controle su distribución ni quien termine quedándose con los ingresos.
