Luego de dos semanas de juicios a cientos de ciudadanos cubanos por protestar, la mayoría pacíficamente, el 11J, las autoridades de la isla emiten su primera declaración pública al respecto, reconociendo que 55 de los procesados son menores de edad, contando entre 16 y 18 años, de los cuales 28 permanecen en prisión “provisional”. A 18 se les modificó la solicitud de sanción original por penas de menor rigor.
La institución reconoce igualmente que 27 menores de edad de 16 años participaron en los “disturbios” del 11J, pero que “no son sujetos del Derecho Penal”, por lo que 10 de los menores de edad “fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos; a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios”.
Estos datos los ofreció la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado oficial replicado por medios estatales como Cubadebate, sin detallar los nombres y apellidos de cada uno de los cubanos juzgados, ni su cuantía por provincia.
La nota hace énfasis en que las acusaciones a 710 cubanos, en diferentes etapas de los procesos penales, están basadas en “declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados, que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición”, sin aclarar más la connotación política y militar de este último.
Casi el 70 % de estos ciudadanos permanecen “asegurados con la medida cautelar de prisión provisional” en diferentes cárceles de Cuba, que recientemente fue ubicada en el quinto a escala mundial, entre las naciones con mayor tasa de población penal del mundo, según el informe del Instituto para la Investigación de las Políticas del Crimen y la Justicia (Institute for Crime & Justice Policy Research) adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres.
Cuba cuenta con una tasa de 510 reclusos por cada 100 mil habitantes, solo superada por Estados Unidos (629), Ruanda (580), Turkmenistán (576) y El Salvador (564).
Las cifras oficiales son muy semejantes, e incluso mayores, que las ofrecidas en lo últimos meses por organizaciones internacionales como Prisioners Defenders e iniciativas cubanas como Cubalex y Justicia 11J, lo que confirma a Cuba como el país con mayor cantidad de presos políticos de toda Latinoamérica, por encima de Venezuela, con 244 reportados por Foro Penal, y Nicaragua, con 167 denunciados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
La declaración de la FGR subraya su propósito de solicitar y aplicar “sanciones severas” sin especificar, en correspondencia “con el nivel de violencia demostrado” durante los sucesos del 11J, donde presuntamente estas personas “causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.
A pesar de existir pruebas publicadas de abusos de poder por parte de las fuerzas policiales, del ejército y de la seguridad del Estado durante el 11J, sobre todo luego de que el mandatario Miguel Díaz-Canel instigara abiertamente a la violencia a sus partidarios, la Fiscalía no refiere la existencia de ningún proceso a los oficiales de uniforme y vestidos de civil que en numerosas grabaciones se ven golpeando a ciudadanos desarmados y sin tendencias violentas.
Mucho menos refiere a los fuertes acordonamientos policiales que se han desplegado alrededor de los diferentes tribunales donde se están realizando los juicios prácticamente a puertas cerradas, impidiéndoles incluso a los familiares presenciar tales procesos, como es su derecho constitucional.
