Con casi un millón de solicitudes y un costo combinado estimado de 543 millones de dólares, los cubanos representan el mayor grupo de solicitantes afectados por el retraso en los trámites migratorios en Estados Unidos, según un análisis publicado por David J. Bier en Cato at Liberty (Cato Institute) la pasada semana.
Según este estudio, el gobierno de Estados Unidos habría cobrado más de mil millones de dólares en tarifas migratorias por solicitudes que no tiene intención de adjudicar bajo ciertas políticas recientes.
La investigación de Bier estima que más de dos millones de solicitudes podrían estar afectadas. Aquí, los venezolanos aparecen como el segundo grupo de inmigrantes más afectado, aunque muy por debajo de los cubanos, con 239.000 solicitudes y un costo estimado de 138 millones de dólares. Nigerianos, afganos, haitianos e iraníes son las otras nacionalidades más afectadas.
En tal sentido, Bier describe las políticas que “defraudan” a los inmigrantes legales, ya que “el gobierno de Estados Unidos está recibiendo honorarios de inmigrantes y patrocinadores estadounidenses por servicios que no tiene planes de proporcionar”.
“El gobierno tomó su dinero y ahora ni siquiera adjudicará sus solicitudes; en muchos casos, se niega incluso a emitir negativas”, denunció el texto, que remarca que, “para inmigrar a Estados Unidos o para obtener autorización para trabajar o viajar internacionalmente, los no ciudadanos generalmente deben pagar una tarifa para que sus solicitudes sean procesadas”.
El análisis refleja que alrededor del 90% de las solicitudes y tarifas afectadas provienen de países a los que se dirige la proclamación hecha por Donald Trump en diciembre de 2025, que prohíbe la entrada legal y casi todas las visas para ciudadanos de 40 países (incluidos los territorios palestinos) que estaban fuera de Estados Unidos.
Bier recuerda que desde junio una proclamación había suspendido parcialmente la entrada para 19 países, pero había eximido a los familiares inmediatos de los ciudadanos estadounidenses, la categoría más grande de inmigración legal.
Asimismo, en noviembre, el jefe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, había firmado un memorando que amplió la prohibición de los 19 países a las solicitudes de beneficios para los inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos si el beneficiario es de uno de las naciones seleccionados; y en enero extendió esta congelación de procesamiento a la congelación de adjudicación de 40 países, y ordenó una revisión de cualquier beneficio aprobado para individuos de estos países bajo la administración de Joe Biden.
Immigrants and US sponsors paid over $1 billion in fees for applications the government isn’t processing, per 2024 data, says Cato’s @David_J_Bier.
— Cato Institute (@CatoInstitute) March 24, 2026
“If applicants aren’t eligible, deny them—but don’t take their money and withhold the service,” he adds. https://t.co/otSIEYYH27 pic.twitter.com/iRqtjneeTM
“La congelación de beneficios, que se aplica a todo, desde documentos de autorización de empleo hasta solicitudes de residencia permanente, cubre incluso a las personas que han vivido en Estados Unidos durante décadas. No tiene fecha de finalización y, aunque no cita ninguna autoridad legal, es poco probable que se rescinda”, subraya el estudio.
Otra de las políticas recientes que afecta a solicitantes de trámites migratorios es la suspensión por parte del Departamento de Estado de todas las solicitudes de visa de inmigrante para 75 países, algo que fue enmendado para “eximir a los hijos adoptados de ciudadanos estadounidenses, pero no a sus hijos biológicos, hijastros, cónyuges, padres u otros parientes”.
De igual manera, el artículo aclara que las cifras que refleja son un cálculo basado en estadísticas de 2023 y 2024, porque la administración actual, según el autor, dejó de publicar la mayoría de los datos actualizados.
Bier también argumentó que hizo suposiciones que probablemente subestiman la realidad, ya que el cálculo solo incluye a personas que, de otro modo, habrían sido aprobadas para un beneficio en el próximo año, y deja fuera gran parte del atraso acumulado y otros casos pendientes de respuesta.
