La discusión sobre inmigración en Estados Unidos suele dividirse por partidos, pero hay un punto donde el país parece alinearse con inusual claridad: la deportación de personas que están en el país ilegalmente y han cometido delitos. Una encuesta de Harvard CAPS/Harris publicada en diciembre de 2025 encontró que el 80% de los consultados apoya deportar a inmigrantes “que están aquí ilegalmente y han cometido crímenes”, con respaldo mayoritario no solo entre republicanos, sino también entre independientes y demócratas, un dato que coloca el tema en la zona de los consensos transversales y no únicamente en el terreno de la retórica electoral.
El mismo estudio apunta, además, a un clima de opinión inclinado a endurecer el control fronterizo: el 70% respalda reforzar la seguridad y aplicar políticas disuasorias contra cruces ilegales, y el 56% se muestra a favor de usar al ejército para prevenir la inmigración ilegal.
En ese contexto, la política migratoria se vuelve menos una guerra cultural y más una demanda de “orden” que la mayoría interpreta como básica: frontera controlada, reglas aplicadas y expulsión de quienes, además de estar fuera de estatus, acumulan antecedentes criminales.
Ese ambiente ayuda a explicar por qué el gobierno federal ha insistido en visibilizar arrestos con carga simbólica. En los últimos días, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgó casos que ubica dentro de la ofensiva contra “lo peor de lo peor”, una etiqueta diseñada para consolidar apoyo público: primero, por la gravedad de los delitos; segundo, por la narrativa de protección comunitaria, especialmente en fechas de cierre de año.
Entre los ejemplos presentados, DHS mencionó el arresto de Julio Miguel González, ciudadano cubano señalado como inmigrante indocumentado con condena por homicidio intencional en Miami, y detenido por ICE en Florida.
En paralelo, autoridades fronterizas reportaron la detención en Sunland Park, Nuevo México, de otro cubano descrito como delincuente sexual registrado, dentro de un operativo en el que fueron capturadas diez personas sin estatus legal. Las autoridades no publicaron la identidad de este segundo detenido en los comunicados citados por medios, lo que subraya que la exposición pública se concentra, sobre todo, en los casos que ya tienen condenas y documentación utilizable para la narrativa oficial.
Para la comunidad cubana en Estados Unidos, estos episodios cargan un doble efecto. Por un lado, el sentido común ciudadano tiende a apoyar la expulsión de personas con delitos graves. Por otro, la exhibición selectiva de nacionalidades y casos puede alimentar estigmas y simplificar una realidad migratoria compleja, donde conviven solicitantes de asilo, personas en trámites, familias en limbo legal y también individuos con historial criminal. La línea política se vuelve todavía más delicada cuando la categoría “criminal” se usa como puerta de entrada para justificar políticas que luego alcanzan a quienes no han cometido delitos, pero están atrapados en procesos migratorios frágiles.
El consenso del 80% no resuelve ese dilema. Lo que hace es establecer el terreno: una mayoría pide deportación cuando hay crimen, y el Estado responde mostrando arrestos ejemplarizantes. El debate real del 2026 será qué tan rápido esa lógica se expande, y quién termina pagando el costo de una política diseñada para castigar a unos, pero con capacidad de arrastrar a muchos.
