Estados Unidos abrió una nueva ofensiva judicial para retirar la ciudadanía a 40 personas naturalizadas, y esta vez dos cubanos aparecen entre los señalados. Las demandas fueron presentadas entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026 en tribunales federales de distintos estados, aunque ninguno de los afectados pierde automáticamente su ciudadanía por el simple hecho de haber sido demandado.
Los casos forman parte de una estrategia de desnaturalización que se ha acelerado durante 2026 y que ya había alcanzado anteriormente a varios ciudadanos de origen cubano. El argumento central del gobierno es que determinadas personas habrían obtenido la naturalización de manera ilegal o después de ocultar información que podía haber impedido que recibieran la ciudadanía estadounidense.
Dos cubanos bajo la lupa de la Justicia
Uno de ellos es Javier Marrero-Pando, de 60 años y residente en Athens, Georgia. El gobierno presentó su caso el 31 de agosto en el Distrito Medio de Georgia y sostiene que durante su proceso de naturalización no reveló un delito que había cometido antes de convertirse en ciudadano.
Marrero-Pando se declaró culpable en junio de 2022 de sodomía agravada contra un hombre con necesidades especiales. Durante aquel proceso admitió que en mayo de 2020 obligó a la víctima a realizar actos sexuales contra su voluntad y recibió una sentencia de cadena perpetua, de la cual quedaron suspendidos todos menos 15 años.
El problema migratorio surge porque su entrevista de naturalización ocurrió en octubre de 2020, meses después de los hechos. Según la demanda, respondió bajo juramento que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado, por lo que el gobierno considera que no reunía los requisitos para naturalizarse y que realizó declaraciones falsas durante el procedimiento.
El segundo cubano es Lázaro Eduardo Trujillo Vitón, de 40 años. Su demanda fue presentada el 1 de octubre en el Distrito de Columbia y está relacionada con una conspiración para defraudar al sistema sanitario estadounidense y presentar reclamaciones fraudulentas a Medicare.
Las autoridades sostienen que Trujillo participó en esas actividades antes de naturalizarse y que continuó haciéndolo mientras tramitaba su ciudadanía, aunque su condena llegó posteriormente. La acusación civil asegura que ocultó deliberadamente esa información y que, de haber sido conocida durante el proceso, podía haber afectado su elegibilidad para convertirse en ciudadano.
No son los primeros cubanos incluidos
Los nuevos casos se suman a otros procedimientos de desnaturalización conocidos este año. En junio, dos cubanas quedaron expuestas a perder la ciudadanía estadounidense por casos relacionados con presuntos engaños durante sus procesos migratorios y delitos de fraude.
En agosto también se conoció el caso de Jairo Javier Pedrón Téllez, un cubano de 29 años, cuya ciudadanía intenta revocar el gobierno después de acusarlo de ocultar su participación previa en un esquema de fraude bancario y robo de identidad.
La situación ha despertado especial atención dentro de una comunidad en la que la naturalización tiene un peso considerable. De hecho, una gran parte de los cubanos residentes en Estados Unidos termina obteniendo la ciudadanía, por lo que cualquier cambio o endurecimiento relacionado con estos procedimientos puede tener un fuerte impacto entre los inmigrantes de la Isla.
¿Pueden quitarle la ciudadanía a cualquier naturalizado?
La respuesta es no. Haber nacido fuera de Estados Unidos y obtener posteriormente la ciudadanía no significa que esta pueda ser retirada libremente por el gobierno, ni una condena penal posterior provoca automáticamente la desnaturalización.
Para revocar una ciudadanía ya concedida, el gobierno debe acudir a un tribunal y demostrar que la naturalización fue obtenida ilegalmente o mediante ocultamiento deliberado o tergiversación de hechos relevantes. Por eso, las 40 demandas anunciadas constituyen el comienzo o continuación de procesos judiciales, no decisiones definitivas de pérdida de ciudadanía.
Si un tribunal finalmente ordena la desnaturalización, las consecuencias pueden ir más allá de perder el pasaporte estadounidense. Dependiendo de cómo la persona obtuvo anteriormente la residencia y de su situación particular, podría quedar nuevamente sometida a las leyes migratorias e incluso enfrentar posteriormente un proceso de deportación.
Las acusaciones contra los integrantes de este nuevo grupo todavía deben resolverse judicialmente. En el caso de los dos cubanos, será ahora un tribunal federal el que determine si las circunstancias señaladas por el gobierno son suficientes para retirarles una ciudadanía estadounidense que ya habían conseguido.
