El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció este jueves la revocación inmediata del permiso para vivir y trabajar otorgado a cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a Estados Unidos a través del programa de Parole Humanitario, implementado bajo el gobierno de Joe Biden.
Según el DHS se ha enviado un aviso de cancelación del parole humanitario y del permiso de trabajo asociado a él a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por los beneficiarios.
Más de medio millón de personas de los mencionados países ingresaron bajo el programa al país, perso se desconoce cuántas de ellas ya habrían solicitado otras formas de asistencia migratoria desde que se encuentran en Estados Unidos, lo único que los salvaría ahora de tener que abandonar el país.
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“Este aviso le informa que su ‘parole’ ha sido cancelado”, dice el aviso. “Si no se va, podría estar sujeto a medidas coercitivas, incluyendo, entre otras, la detención y la expulsión, sin la oportunidad de hacer trámites personales y regresar a su país de manera ordenada”.
El aviso también deja claro que los permisos de trabajo vinculados al programa serán revocados y ordena a las personas beneficiadas con el ‘parole’ que los devuelvan al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Hay que recordar que en su primer día de mandato el presidente Donald Trump firmó un decreto para poner fin unilateralmente al programa.
En marzo pasado el gobierno había anunciado la revocación del parole, justo como ocurrió este jueves, pero la misma quedó congelada después de que una jueza federal de Boston lo ordenara.
Posteriormente, la Administración de Donald Trump apeló esta decisión a la Corte Suprema, que la pasada semana le dio la razón al presidente y le permitió a Trump retirar las protecciones a los beneficiarios del programa de libertad condicional.
En la práctica, ha sucedido lo que muchos abogados advirtieron: un presidente, Trump, está terminando con la medida que tomó otro presidente, Biden.
Pese a que la decisión de emergencia de la Corte Suprema no es definitiva, ya que el caso legal subyacente continuará en tribunales inferiores, la orden le permitiría al gobierno acelerar las deportaciones de los beneficiarios.
La administración de Biden determinó que otorgaría un parole a inmigrantes calificados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se sometieran a la revisión de las autoridades, tuvieran un patrocinador estadounidense y superaran una verificación de seguridad.
Sin embargo, el programa ha generado un enorme conflicto político desde sus inicios, debido a que los republicanos han sostenido que el expresidente demócrata abusó de la autoridad de la libertad condicional y se extralimitó al establecer el programa para esos países.
“Finalizar los programas de parole humanitario, así como los permisos de quienes se aprovecharon de ellos, será un regreso necesario a políticas sensatas, un retorno a la seguridad pública y un retorno al principio de Estados Unidos Primero”, señaló a CNN la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.
Según declaró el gobierno de Trump ante la Corte Suprema, su decisión de cancelar la libertad condicional a los inmigrantes en cuestión fue una de las más trascendentales que ha tomado en cuanto a política migratoria.
