En 2028 Cuba debe volver a cambiar de «presidente» y en la isla, a cada rato, se habla del “día después” de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, como «la elección» no pasa por las urnas en el sentido en que la entiende la mayoría de las democracias: el Presidente de la República no será escogido mediante voto directo de la ciudadanía, sino por la Asamblea Nacional del Poder Popular, “de entre sus diputados”.
Digo esto porque, si al pueblo le fuera permitido votar, muy probablemente el ganador de esa «hipotética» votación sería sin dudas el actual Ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, nacido, según fuentes familiares, el 6 de diciembre de 1966.
Hasta el momento, el nombre que más se repite en las quinielas oficiales y extraoficiales no suele ser el del ministro más aterrizado en los problemas del país. El que trabaja no detrás de un buró; o el que se sienta a cada rato frente a un ordenador a comunicarle vía Facebook a el pueblo sobre problemas puntuales y posibles soluciones. Por el contrario, del que se habla es del soso Roberto Morales Ojeda, una figura orgánica del Partido con responsabilidades de organización y cuadros.
Morales Ojeda nació el 15 de junio de 1967, lo que lo coloca con 61 años en 2028. Anoto este dato porque, hasta hace muy poco, estaba estipulado en la Constitución que, el nuevo presidente no podría tener más de 60 años en el momento de ser «elegido» a su primer mandato. Morales Ojeda se hubiese salvado por un pelín, ya que como la elección a dedo será posiblemente en febrero de ese año, todavía tendría 60, y «no más de 60», por lo que muy bien entraría en el último vagón de un tren que a pocos, si les soy sincero, le interesaría asumir. Eduardo no podría, porque tendría ya 61 años cumplidos.
Sin embargo, recientemente, la Asamblea Nacional del Poder Popular, a propuesta del Consejo de Estado, aprobó, en votación nominal, una Ley de Reforma Constitucional que suprime el requisito del límite máximo establecido de 60 años de edad para iniciar el ejercicio de Presidente o Presidenta de la República de Cuba, durante el primer período de mandato. Dicho esto, Eduardo Rodríguez Dávila podría muy bien llegar hasta el podio.
En las últimas semanas empezó a circular otro nombre en ese mismo circuito de rumores donde se cocina la sucesión de 2028: Óscar Pérez-Oliva Fraga, presentado por varios medios como sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro. La señal que disparó la especulación no fue un discurso, sino un movimiento administrativo: su incorporación como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2025, un paso que en Cuba funciona como llave formal para estar “habilitado” en el menú de opciones presidenciales, porque el Presidente, como explicábamos, no sale del voto directo ciudadano, sino de una elección realizada por la propia Asamblea entre sus diputados.
Pérez-Oliva Fraga ya estaba ubicado en un nivel alto del organigrama antes de ese nombramiento parlamentario: es ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y también viceprimer ministro, y su entrada al Parlamento fue leída como la eliminación del “último requisito” que le faltaba dentro del esquema institucional, más una operación de continuidad que un ascenso orgánico fruto de una carrera visible ante el país. En las lecturas que han acompañado el movimiento, el mensaje no es sutil: cuando el poder se prepara para un relevo, primero ordena la formalidad y después construye el relato.
Ese detalle, de que el Presidente no sale del voto directo ciudadano, sino de una elección realizada por la propia Asamblea entre sus diputados, aunque parece técnico, es el centro de toda esta historia, porque define quién puede transformar popularidad en poder y quién, por mucho cariño que acumule en redes, se queda mirando desde abajo.
Sin embargo, a juzgar por el termómetro más crudo, inmediato y popular, el dirigente que más cariño explícito despierta en un grandísimo segmento de usuarios dentro de la Isla es Eduardo Rodríguez Dávila.
Dos publicaciones, una de ellas un compartido, que habla desde el oficialismo de Las Figuras más Relevantes del 2025 entre los cubanos, nos arroja las pistas sobre quién, sin dudas, parece haber heredado la batuta de Lázaro Exposito. En «el compartido», de los siete comentarios que aparecen, seis de ellos mencionan a Eduardo de forma directa o inequívoca como el mejor de todos; es decir, 6 entre 7. En «el original», el volumen crece: de 48 comentarios escogidos al azar entre los primeros de todos, 32 lo mencionan o lo señalan como “el ministro”, “el ministro del pueblo” o “el ministro de Transporte”; eso deja 32 entre 48, una mayoría clara dentro de esta muestra concreta.
Ahí se entiende por qué se instala la idea del “ministro más querido”, y por qué empieza a sonar esa comparación de época: el “nuevo Lázaro Expósito”, no tanto por resultados medibles —nadie serio diría que el transporte se arregló— sino por estilo de presencia pública, por el hábito de dar la cara, contestar, admitir carencias, sostener intercambio. En Cuba, donde el Estado suele hablar en bloque y desde arriba, el gesto de responder en primera persona se vuelve una rareza con efectos políticos.
Pero ya sabemos qué pasa con estos personajes tan populares. Recordemos a Camilo. Y recordemos que Expósito no pasó de los puestos que ocupaba.
El problema para quienes fantasean con que ese cariño “suba” hasta la Presidencia en 2028 es que la simpatía no vota. La gente no decide esa silla. La Constitución establece que el presidente es elegido por la Asamblea Nacional, no por sufragio popular directo. Y aun cuando la ciudadanía tenga, en el papel, iniciativa para promover reformas constitucionales —incluida la vía de firmas, que el propio artículo 227 reconoce—, la llave final sigue estando en la Asamblea: la Carta Magna solo se reforma por el Parlamento con una mayoría calificada.
En otras palabras: incluso si miles de admiradores quisieran convertir un “deseo popular” en una modificación quirúrgica de requisitos o reglas, no están ante un mecanismo que obligue al poder a obedecer, sino ante una puerta que, en el mejor de los casos, permite tocar. Hay análisis que además señalan un punto práctico: la Constitución remite a una ley para fijar “procedimiento, requisitos y garantías” de esa iniciativa, y durante años se ha denunciado la ausencia o el bloqueo de ese cauce efectivo.
Nada de esto significa que Rodríguez Dávila esté condenado a quedarse donde está. En sistemas de designación vertical, un cuadro puede ascender sin necesitar una boleta ni una campaña, y su popularidad puede servir como activo para moverlo a una jerarquía mayor, sobre todo si el aparato considera útil esa capacidad de interlocución. Lo que no se desprende, por mucho que lo pidan miles y miles de comentarios, es que exista un camino democrático y ciudadano para convertir ese cariño en Presidencia en 2028. En Cuba, esa distancia entre el aplauso y el cargo no se salva con firmas ni con likes: se salva con decisiones tomadas en otra parte.
