Dos casos recientes en Miami han puesto de manifiesto la participación de individuos de origen hispano en delitos que van desde la insurrección en el Capitolio de EE. UU. hasta el contrabando internacional. Estas sentencias resaltan la diversidad de crímenes que enfrentan las autoridades en la región.
Ex-Proud Boy Gabriel Garcia sentenciado por el asalto al Capitolio
Gabriel Garcia, de 43 años, exmiembro del Comité Ejecutivo Republicano del condado de Miami-Dade y líder de los Proud Boys de Miami, fue sentenciado a un año de prisión. Los cargos incluyen obstrucción de la labor policial durante una protesta civil y obstrucción de un procedimiento oficial durante la insurrección del 6 de enero de 2021.
Garcia, conocido por sus mensajes incendiarios, grabó videos dentro del Capitolio donde increpó a los oficiales llamándolos «traidores» y lanzó burlas hacia la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señala Miami New Times. Durante el incidente, incluso incitó a otros manifestantes a avanzar contra las fuerzas de seguridad. Además de su condena en prisión, deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar $2,000 en restitución.
El caso de Garcia está vinculado al de Enrique Tarrio, otro líder de los Proud Boys de Miami, quien en 2023 recibió una condena de 22 años por su participación en el mismo evento. Ambos formaron parte de un grupo llamado «Ministerio de Autodefensa» que planificó los disturbios.
Contrabando de neumáticos: Un golpe al sistema de comercio
Por otro lado, Hector Samuel Esquijerosa, de 52 años, propietario de dos empresas en Miami, se declaró culpable de participar en una conspiración para evadir más de $1.9 millones en aranceles de importación, explica WSVN.
Entre 2018 y 2023, Esquijerosa operó un esquema en el que neumáticos provenientes de China eran transbordados por países como Canadá y Malasia para ocultar su origen real y reducir los aranceles.
El empresario, quien presentó facturas fraudulentas a las autoridades aduaneras, admitió haber provocado pérdidas millonarias al gobierno estadounidense. Su sentencia está programada para el 24 de febrero de 2025, enfrentando hasta cinco años de prisión.
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