El oficialismo cubano ha demostrado, una vez más, su capacidad para manipular la narrativa y presentar hechos con una cara aparentemente altruista mientras oculta las verdaderas intenciones detrás de cada anuncio. En las últimas semanas, dos eventos han captado la atención: la supuesta «liberación» de 553 presos políticos y la confirmación, ocho días después, de la muerte de 13 personas en la explosión de un almacén militar en Holguín. Ambos casos exponen la farsa con la que el régimen maneja la información y sus intereses políticos.
Liberaciones condicionadas y mentiras sobre los presos políticos
El primer anuncio, ampliamente difundido por los voceros del régimen, habla de la liberación de 553 personas encarceladas, vinculando el acto al Jubileo Ordinario de 2025. Sin embargo, lejos de ser una amnistía o un indulto, el régimen ha dejado claro que se trata de excarcelaciones condicionadas, reguladas bajo criterios ambiguos y discrecionales. Esta acción no extingue las penas ni reconoce la naturaleza política de los encarcelamientos, perpetuando la narrativa de que los detenidos fueron sancionados por delitos comunes.
Según la vicepresidenta del Tribunal Supremo, Maricela Sosa Ravelo, estos actos no constituyen un indulto ni una amnistía porque “implicarían la extinción de las sanciones penales”. En su lugar, se trata de beneficios penitenciarios que, bajo el control del régimen, funcionan como herramientas de coacción política. Muchos de los excarcelados, aunque ya en tiempo de libertad condicional, continuaban tras las rejas, algunos con graves problemas de salud. Por otro lado, se excluyó del beneficio a una gran cantidad de presos que participaron en protestas como las del 11 de julio de 2021, y que permanecen en condiciones críticas.
Organizaciones como Cubalex han denunciado la falta de transparencia del proceso. No se han publicado listas completas de liberados ni los criterios utilizados, lo que genera incertidumbre y temor entre los familiares. Por si fuera poco, la liberación de una cifra tan limitada contrasta con el número de presos políticos que, según Prisoners Defenders, supera los 1.000.
La organización YoSíTeCreo en Cuba, por su parte, celebró la excarcelación de cuatro mujeres detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021: las hermanas Lisdani y Lisdiani Rodríguez Isaac, Reyna Yacnara Barreto Batista y Donaida Pérez Paseiro.
Aunque este paso fue considerado una buena noticia, otra vez la falta de transparencia en el proceso y la exclusión de otras mujeres encarceladas por motivos políticos, como Aimara Nieto, Lizandra Góngora Espinosa y Sissi Abascal Zamora, generaron preocupación entre los miembros de la plataforma contra la Violencia de Género en Cuba.
La organización, que en su post publicado en Facebook incluyó fotos de todas las presas políticas detenidas, advirtió sobre posibles condiciones injustas en estas liberaciones, similares a las impuestas en excarcelaciones previas como las de la Primavera Negra en 2003 y exigió justicia plena para todos los presos políticos y un cese de la violencia de género en las cárceles.
La profesora universitaria Jenny Pantoja Torres expresó su indignación ante lo que denominó “una declaración llena de laberintos y vericuetos políticos”. Según Pantoja, esta supuesta liberación responde a intereses oscuros y deja fuera a muchos de los detenidos injustamente antes de las protestas del 11J.
“Esto no es justicia, es politiquería, es jugar con vidas humanas como si fueran fichas de un casino”, denunció.
Explosión en Holguín: información tardía y manipulada
Mientras el país intentaba comprender las implicaciones de estas liberaciones, el régimen lanzó otro anuncio: la confirmación de la muerte de 13 personas en la explosión de un almacén militar en Melones, Holguín. Ocho días después del incidente, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) finalmente reconoció el siniestro y declaró que las víctimas habían «enfrentado heroicamente» el evento.
Sin embargo, esta narrativa oficial ha sido duramente criticada. Muchos de los fallecidos eran jóvenes cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio, una práctica que ha sido calificada como tortura moderna. Los críticos señalan que los fallecidos no eligieron estar allí ni «enfrentar heroicamente» el peligro, sino que simplemente seguían órdenes bajo amenaza de represalias.
El periodista Alberto Arego calificó como indignante el intento de presentar como héroes a jóvenes que murieron debido a la negligencia del régimen. “No eligieron ser héroes, eligieron sobrevivir, pero este sistema los obligó a enfrentarse a un peligro que ni siquiera comprendían completamente”, escribió en sus redes sociales.
Horas antes había resumido su idea en un post más contundente aún donde explicaba:
«Ni “morir por la patria es vivir”, ni fueron “13 compañeros que enfrentaron heroicamente el siniestro con el objetivo de evitar su propagación”. Abajo el Servicio Militar Obligatorio.»
El MINFAR atribuyó la explosión a un cortocircuito, pero hasta ahora no se ha permitido acceso independiente al lugar de los hechos. Testimonios sugieren que el gobierno ya conocía las muertes desde el día del incidente y que incluso había ordenado la fabricación de ataúdes antes de hacer el anuncio oficial. Todo esto apunta a una estrategia de agenda-setting, utilizada para desviar la atención del escándalo de los presos políticos.
El periodista José Raúl Gallego también se pronunció al respecto, señalando que el anuncio de las muertes fue calculadamente retrasado para coincidir con el de las excarcelaciones.
“Esto no es casualidad. Es agenda-setting en su forma más cínica. Sabían lo que había pasado desde el primer día y decidieron esconderlo hasta que les convenía políticamente”, afirmó.
Un patrón de manipulación informativa
Estos dos eventos, aunque aparentemente desconectados, revelan un patrón claro: el régimen cubano manipula la información para proteger sus intereses y minimizar el impacto de los problemas internos. Las excarcelaciones no representan un gesto humanitario, sino un cálculo político. La confirmación tardía de las muertes en Holguín no responde a un acto de transparencia, sino a una estrategia para diluir la atención pública.
Ambos casos subrayan la falta de respeto por los derechos humanos y la vida en Cuba. Los presos políticos continúan siendo usados como moneda de cambio, mientras que las familias de los fallecidos en Holguín buscan respuestas en medio del silencio institucional. Es evidente que, para el régimen, la narrativa oficial es más importante que la justicia y la verdad.
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