Represión, cerco diplomático y obscenidad institucional revelan el deterioro del poder y su lógica de control en Cuba
Durante décadas, el poder en Cuba ha intentado presentar su permanencia como una forma de redención histórica. Sin embargo, para un número creciente de ciudadanos, lo que se vive hoy no se percibe como continuidad de un proyecto, sino como la prolongación de un sistema agotado, sostenido por el miedo, la obediencia y una burocracia que se reproduce a sí misma. No se trata solo de una crisis económica: se trata de una crisis estructural que ha convertido al Estado en una maquinaria de control, incapaz de generar prosperidad o confianza.
En ese escenario, cada discurso oficial que promete “reformas”, “diálogo” o “mejoras” parece chocar contra una realidad más profunda: el problema no está en el lenguaje, sino en el diseño mismo del sistema. El modelo ha normalizado una lógica donde el cargo pesa más que la dignidad, la lealtad ideológica vale más que la competencia, y la pertenencia al Partido o a los aparatos militares funciona como un atajo para ascender, incluso en ausencia de méritos reales. El resultado es una élite cerrada, blindada ante la ley, que vive de administrar el desastre mientras el resto sobrevive entre carencias y silencios forzados.
La desigualdad, lejos de ser una anomalía, se ha vuelto parte del paisaje. Mientras una mayoría enfrenta escasez, hay sectores que exhiben privilegios imposibles de justificar desde el discurso de la igualdad. No se trata solo de rumores: durante años han circulado relatos de lujos, viajes y celebraciones que contrastan con la vida cotidiana del cubano promedio. Esos contrastes no son simples excesos individuales, sino síntomas de un sistema que convirtió la consigna en coartada.
Pero quizá uno de los rasgos más inquietantes sea la persecución de la compasión. Activistas humanitarios, voluntarios y ciudadanos que intentan aliviar el dolor provocado por el propio aparato estatal han sido vigilados, difamados, detenidos o despojados de recursos. Medicamentos retenidos, donaciones confiscadas, campañas solidarias bloqueadas. En ese contexto, ayudar se convierte en sospecha y la empatía en amenaza, porque desnuda con demasiada claridad el fracaso institucional.
Y también del periodismo. Hace apenas unas horas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció una escalada represiva del régimen cubano contra periodistas independientes y activistas, marcada por detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios, cercos policiales y restricciones de movimiento, con el objetivo de frenar la difusión de información en un contexto de crisis económica, social y energética agravada por apagones prolongados en todo el país.
En un comunicado, la organización señaló que estas prácticas constituyen una política sistemática de persecución y control, incompatible con la libertad de prensa, y enumeró al menos una docena de casos recientes, entre ellos los de Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Ángel Cuza Alfonso, Henry Constantín y José Gabriel Barrenechea, además de opositores y líderes cívicos sometidos a hostigamiento.
La SIP advirtió que el uso reiterado de detenciones breves, interrogatorios y procesos penales con condenas severas busca generar un efecto disuasivo, mientras que otras organizaciones, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, alertaron sobre el aumento de violaciones a la libertad religiosa, incluida la expulsión de un sacerdote católico por apoyar protestas contra los apagones.
Lo ocurrido recién en las ciudades de Trinidad y de Camagüey con el embajador norteamericano Mike Hammer, no fue “un incidente” alrededor de un diplomático, fue el Estado usando el repertorio que lleva décadas afinando para aplastar el disenso sin decir la palabra disenso: el acto de repudio como escena pública, con pocos pero ruidosos, con consignas gastadas (“imperialista”, “asesino”), con la intención de contaminar el contacto y de convertir cualquier conversación libre en un hecho punible por contagio.
El embajador, ahí, es casi un pretexto: no se le “reprende” a él por lo que hace, se castiga lo que simboliza, que es la posibilidad de una mirada externa y un intercambio no mediado por el Partido, en un país donde hablar sin permiso sigue siendo el pecado original. La represión no se ejerce solo contra el visitante, se ejerce contra los cubanos que podrían verlo como una grieta mínima en el cerco. En ese sentido, Trinidad y Camagüey no cuentan una historia sobre Estados Unidos: cuentan una historia sobre Cuba y su miedo a la conversación.
Peor aún están aquellos que en las redes sociales, lo llamaron CERDO.
La representación despectiva de figuras foráneas —incluido el diplomático estadounidense— no es un accidente semántico, sino parte de una cultura política digital que mezcla agresividad, resentimiento histórico y la falta de un espacio público plural. En ese ecosistema, periodistas oficialistas y corresponsales de medios estatales —como la reportera destacada en Camagüey para Juventud Rebelde, Yahily Hernández Porto, una mujer que intentó también «explicar» el falo de Ronquillo Bello envuelto en papel de regalo como que es «un meme»— a menudo reproducen o amplifican narrativas que, más que debatir ideas, recurren a metáforas animales o adjetivos fuertes para deslegitimar a la contraparte.
Llamar a un representante extranjero “cerdo” en un comentario en redes no es solo un insulto corporal: es un recurso para deshumanizar lo que ese actor representa políticamente, y al mismo tiempo funciona como una forma de confinamiento simbólico en un contexto donde la discordia se expresa más por denigración que por argumento.
Ese tipo de descalificaciones revelan, por una parte, la incapacidad del discurso oficial para sostenerse con contenidos y razonamientos propios, y por otra, la persistencia de un público segmentado que encuentra legitimidad en la burla y la deshumanización como modos de reafirmar pertenencia a un bloque político. Este fenómeno no es exclusivo de Cuba —las polarizaciones globales lo muestran también— pero en el caso cubano se entrelaza con décadas de discurso estatal que ha privilegiado la demonización del “otro” por sobre la deliberación.
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Lo ocurrido con la publicación de Ricardo Ronquillo Bello, el presidente de la UPEC, en Facebook —una imagen ambigua que muchos interpretaron como un objeto sexual envuelto en papel de regalo— expuso algo más profundo que una simple torpeza comunicativa: dejó al descubierto la naturalización de la vulgaridad y la banalización del poder en una estructura que exige solemnidad hacia afuera, pero tolera el deterioro ético hacia adentro.
La reacción no fue de rectificación ni de responsabilidad institucional, sino de justificación, silencio selectivo y blindaje corporativo, como si el problema no fuera el contenido, sino la incomodidad que provocó. En lugar de asumir el error, el episodio se convirtió en una demostración de impunidad simbólica: una élite que puede permitirse el mal gusto, la provocación y el desprecio por el decoro público, sin consecuencias reales, mientras exige disciplina y respeto a una sociedad empobrecida y vigilada. El gesto, en apariencia trivial, terminó funcionando como una metáfora involuntaria del deterioro de las normas y del divorcio entre el discurso oficial y la conducta real de quienes dicen representar a la prensa “revolucionaria”.
Por si fuera poco, las reacciones vistas en quienes fueron vistas, deja mucho que desear. Muchos de los que le dieron «me gusta» o «me divierte» al post de marras son licenciados en ramas como el Periodismo y la Comunicación. Periodistas de larga data, corresponsales de prensa del oficialismo, comunicadores y… ¡hasta una Decana de la Facultad de Comunicación!
Esa asociación entre “dureza de principios” y exhibición fálica, a la que ha enseñado la Revolución a miles y miles de sus militantes, y que asume como ideal en contextos de tirantez con el llamado «Vecino del Norte» no nace de la nada ni es solo una grosería suelta; responde a una gramática cultural vieja donde el poder se dramatiza como virilidad, y la virilidad se reduce a dominio.
El falo, en ese código, no es un órgano: es un emblema. Es la forma más rápida, más infantil y más eficaz de decir “aquí mando yo”, “no me tiembla”, “me sobra”, “te someto”, “me burlo”. Por eso funciona tan bien para quien quiere escenificar autoridad sin argumentar, y por eso aparece una y otra vez en entornos donde la autoridad se basa más en disciplina y jerarquía que en persuasión, transparencia o rendición de cuentas. Cuando el lenguaje político está lleno de solemnidad obligatoria, consignas y frases de manual, el gesto obsceno opera como atajo: produce impacto inmediato, marca territorio, humilla al otro y, de paso, permite que quien lo lanza se perciba a sí mismo como “auténtico”, “sin filtro”, “sin miedo”, aunque en realidad sea una forma de pereza moral.
En instituciones como UPEC, además, hay un componente de “comunidad cerrada” que refuerza ese tipo de señales. En espacios donde la pertenencia se prueba por lealtad y donde el costo de disentir es alto, las transgresiones internas pueden volverse moneda de cohesión: el chiste grosero o la imagen sexualizada no se comparte para debatir ideas, sino para medir complicidades. “¿Te ríes o te escandalizas?” equivale a “¿estás conmigo o contra mí?”. Así, lo fálico cumple una función política: no solo exhibe poder frente a un adversario externo, también ordena el rebaño hacia adentro. Quien se incomoda queda marcado como “débil”, “puritano” o “enemigo”; quien lo aplaude demuestra que entiende el código y que está dispuesto a tragarse la degradación en nombre del bando.
Y hay otro nivel todavía más cínico: la erotización de la dureza sirve para desplazar la conversación. Cuando el espacio público está lleno de crisis reales —apagones, escasez, represión, descrédito— el gesto obsceno ayuda a convertir todo en ruido, en meme, en disputa sobre el “doble sentido”, en guerra de bandos por la interpretación, mientras lo esencial se diluye.
Es una tecnología barata de control simbólico: reduce la política a testosterona performática, convierte el desacuerdo en insulto, y le da al poder una salida adolescente para decir “no tengo que explicarte nada”. Por eso un falo envuelto o sin envolver termina funcionando como “dureza de principios” en ciertos ambientes: porque donde faltan legitimidad, resultados y argumentos, la autoridad se compensa con demostraciones de fuerza teatral, y lo fálico —por primitivo que sea— es el símbolo más rápido de esa fuerza.
Y todo eso, es «políticamente incorrecto». Desfasado. Es ofensivo. Es demodé.
De ahí que, para muchos, vistos los tres ejemplos citados encima, la solución para evitar que manifestaciones como estas continuen por los siglos de los siglos en Cuba, ya no pase por “arreglar” el sistema, sino por desmontarlo. No cambiar nombres ni símbolos, sino desarmar la estructura completa que lo enseña, permite y normaliza. La experiencia de otros países que enfrentaron regímenes totalitarios sugiere que no basta con pasar página: es necesario revisar, archivar, depurar, y en algunos casos, prohibir temporalmente las organizaciones que sostuvieron el poder, para impedir su reciclaje bajo nuevas máscaras.
Cuba no se volvió inviable por accidente. La degradación social, el cinismo y la violencia normalizada no son el origen del problema, sino su consecuencia. Son el resultado de décadas donde la represión fue política pública y la burocracia, una industria parasitaria. Mientras ese mecanismo siga intacto, cualquier promesa de reconciliación o futuro será solo retórica.
No se reconstruye una nación sobre una fábrica de miedo. Y no se regenera un país sin desmontar primero el aparato que lo convirtió en un campo de control social. Todo lo demás —cambiar consignas, suavizar discursos, maquillar reformas— es tiempo perdido. Y el tiempo, para Cuba, se ha vuelto el recurso más escaso.
