La Cruz Roja Cubana confirmó que está operando en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para contener un “brote complejo” de arbovirosis que abarca dengue, oropouche y chikungunya y que, según el propio MINSAP, ya impacta a las 15 provincias del país con distintos niveles de severidad.
Matanzas figura como epicentro, con alrededor de 460 síndromes febriles diarios; el 15 de octubre las autoridades sanitarias reportaron oficialmente la circulación simultánea de los tres virus y los primeros fallecimientos asociados al dengue. La operación humanitaria, respaldada por la Federación Internacional (IFRC) a través de un DREF, se lanzó el 17 de octubre y tendrá seis meses de duración.
El dispositivo combina acciones comunitarias y hospitalarias: brigadas médicas reforzadas —con apoyo de equipos provenientes de La Habana y otras provincias— realizan fumigación intensiva, saneamiento ambiental, control de larvas y mosquitos adultos y vigilancia epidemiológica activa, mientras hospitales y policlínicos reorganizan la atención para priorizar a embarazadas, niños, ancianos y personas con discapacidad. En paralelo, se descentraliza la atención de pacientes sin signos de alarma hacia instalaciones municipales para aliviar la presión sobre los centros provinciales. La Cruz Roja, en su rol auxiliar, apoya desde el 4 de octubre con promoción de salud, control vectorial y las llamadas acciones “auto-focales” en barrios y viviendas para eliminar criaderos.
Los datos de mitad de octubre muestran el alcance del desafío: 6,519 casos sospechosos y 166 confirmados de dengue, 4,119 sospechosos y 36 confirmados de oropouche, además de 34 casos confirmados de chikungunya.
El repunte se explica por la suma de lluvias persistentes, altas temperaturas, deficiencias en gestión de desechos y dificultades con el abasto de agua que obligan al almacenamiento doméstico, un caldo de cultivo para el Aedes aegypti. El contexto arrastra, además, daños de los huracanes Oscar (este) y Rafael (oeste) menos de un año atrás, que redujeron la capacidad de control vectorial y expusieron más a las comunidades.
El plan operativo prioriza cuatro provincias —Matanzas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo— con una meta de asistencia directa a 10,000 personas. Incluye la compra de equipos de fumigación, insumos químicos (incluido BTI), 650 tanques de agua con tapa y 180,000 tabletas potabilizadoras, así como 1,300 mosquiteros tratados para uso clínico bajo protocolos del MINSAP (aislamiento de febriles en el hogar o en centros comunitarios). Habrá talleres sobre manejo clínico del dengue con signos de alarma, sesiones educativas en escuelas y mecanismos de retroalimentación comunitaria (líneas telefónicas, buzones, encuestas) para ajustar mensajes y acciones en tiempo real.
La coordinación institucional se articula con el Consejo de Defensa y la Defensa Civil, que activaron planes de reducción de riesgo en todos los niveles, mientras la IFRC brinda soporte técnico y logístico —con base regional en Panamá— para sortear cuellos de botella de importación y entrega.
Cuba no pide ayuda, así se esté muriendo el pueblo entero
Un punto que no puede obviarse es la demora oficial. Los propios documentos de la Federación Internacional (IFRC) sitúan el “despegue” del brote a finales de septiembre y la declaración formal del MINSAP en octubre, cuando ya había transmisión sostenida en varias provincias, con Matanzas como epicentro. Para entonces, en la prensa provincial y en medios independientes – y sobre todo en las redes sociales – ya se hablaba de cadenas de contagio en esa provincia: el diario oficial Girón negó una “enfermedad misteriosa” en Cárdenas, pero reconoció circulación de dengue, chikungunya y oropouche; al mismo tiempo, crónicas y reportes replicados por sitios de la diáspora señalaban colapso asistencial y fallecidos.
Hay además señales tempranas que apuntan al municipio de Perico. El Toque documentó que el MINSAP confirmó allí, desde julio, un brote de chikungunya asociado a un viajero y advirtió sobre la rápida propagación posterior; días después, otros medios retomaron a Perico como primer foco antes de que Matanzas quedara oficialmente como el centro del evento.
En paralelo, reportes de calle y publicaciones del periodista independiente Yosmany Mayeta venían alertando desde semanas previas sobre un “virus” con fiebre alta, dolores articulares y cuadros graves en hospitales de la provincia de Santiago de Cuba. La foto que queda, tras contrastar fuentes, es consistente: hubo avisos comunitarios y periodísticos desde julio-septiembre, mientras la respuesta estructurada —incluida la de la Cruz Roja, como auxiliar— se escaló recién en octubre, cuando el problema ya había desbordado a Matanzas y alcanzado a todo el país.
Aunque el régimen no ha solicitado asistencia internacional formal, el dispositivo Cruz Roja–MINSAP busca cerrar brechas críticas: escasez de equipos de fumigación, de reactivos diagnósticos y de materiales de protección para voluntarios, además de la necesidad de reforzar el compromiso comunitario frente a un escenario de transmisión sostenida que, por proyección, puede poner en riesgo al 20–30% de la población si no se corta el ciclo vectorial.
Ello demuestra que, en este brote, no hay constancia pública de que el régimen haya lanzado un llamado internacional formal: la operación en curso está financiada por el DREF de la Federación Internacional y canalizada por la Cruz Roja Cubana en su rol auxiliar, sin un “appeal” estatal propio; así lo refleja la ficha y el parte operativo publicados por IFRC y ReliefWeb sobre la emergencia arboviral declarada en octubre de 2025.
Esa cautela contrasta con lo que muchos cubanos piden desde hace semanas —ayuda externa explícita y coordinada— y recuerda episodios previos en los que La Habana ha tardado en abrir la puerta: durante la crisis de oxígeno de 2021, el colapso de la planta principal forzó donaciones puntuales y apoyos técnicos de socios como la OPS, pero no derivó en una convocatoria amplia liderada por el Estado. También hay antecedentes en sentido contrario que confirman que sí es posible: tras el huracán Ian (2022) se activó un plan de acción del sistema de Naciones Unidas y la Cruz Roja lanzó un llamamiento de emergencia para Cuba, con envíos y fondos específicos; pero lo hizo la ONU, porque la cúpula gobernante en la isla no lo pidió.
El patrón que emerge no es de imposibilidad, sino de reticencia política: se privilegia gestionar con recursos propios o mediante canales discretos y sectoriales, aun cuando hospitales y servicios básicos están en tensión.
En paralelo, organismos técnicos como la OPS han tenido que cubrir huecos con reactivos y capacitación para Oropouche y otras virosis, evidencia de que la cooperación llega, pero sin un paraguas gubernamental amplio que ordene prioridades y escale la respuesta.
En un país con déficit de agua, electricidad, medicamentos, insumos y personal, esa decisión tiene consecuencias: ralentiza la entrada de ayuda, dificulta la coordinación interagencias y erosiona la confianza ciudadana. Pedir asistencia no implica renunciar a la soberanía; sí reconoce límites y escucha el reclamo de la gente. Mientras no exista un llamado claro desde el Estado, la respuesta quedará fragmentada entre esfuerzos humanitarios y buena voluntad, cuando lo que se necesita —y la calle lo grita— es un puente institucional que convoque, transparente y acelere la ayuda.
