La “Operación Tidal Wave” llevada a cabo en la Florida detiene a 1,120 inmigrantes en una semana, pero deja una estela de temor, errores y familias rotas.
La operación ha sido duramente criticada por violar el debido proceso, separar familias y usar recursos estatales de forma cuestionable. Casos como el de Heidy Sánchez y Kilmar Ábrego revelan los peligros de esta política.
La imagen fue clara: Ron DeSantis, flanqueado por altos oficiales del ICE, el DHS y la Patrulla Fronteriza, presentaba con tono triunfalista la detención de 1,120 personas en Florida en solo una semana. Era la puesta en escena de la llamada “Operación Tidal Wave”, una ofensiva sin precedentes que el gobernador prometió repetir y exportar a otros estados.
Pero mientras en la rueda de prensa se hablaba de “criminales peligrosos” y “terroristas extranjeros”, en barrios de Orlando, Tampa o Hialeah se respiraba un aire muy distinto: miedo. El mismo miedo que lleva días activando cadenas de mensajes entre vecinos: “Hay cacería activa, incluso han llegado a casas. Si ves a ICE, avisa. Esto no es seguridad, es persecución”, alertaba una internauta en Facebook.
Según las cifras presentadas por ICE, la redada es la más grande en la historia de la agencia en un solo estado. Se movilizaron más de 250 agentes estatales, la Guardia Nacional de Florida, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre, e incluso inspectores de la Lotería estatal. Todos, según DeSantis, fueron “debidamente entrenados” para identificar inmigrantes indocumentados.
El operativo se amparó en los acuerdos 287(g), que permiten a autoridades locales ejercer funciones propias de ICE. Florida pasó de tener unos pocos acuerdos en 2023 a más de 250 agencias involucradas en 2025, incluyendo organismos que poco tienen que ver con temas migratorios.
“Esto es solo el comienzo”, aseguró DeSantis. “Ya no hay santuario posible en Florida”.
Pero, ¿quiénes son los arrestados? Las cifras completas no fueron ofrecidas. Solo se mencionó que los detenidos provenían principalmente de Guatemala y México, y que algunos eran miembros de pandillas como el Tren de Aragua o MS-13. Se identificaron por nombre apenas ocho personas con antecedentes criminales graves. El resto sigue siendo un misterio.
Entre la propaganda y la realidad
Organizaciones como la Florida Immigrant Coalition han denunciado que la operación fue un “espectáculo para los medios”, diseñado para alimentar la narrativa de mano dura migratoria de Trump y DeSantis, señala Local 10News.
“¿Dónde están las pruebas de que todos eran criminales?”, preguntó Renatta Bozzetto, subdirectora del grupo. “Están ignorando el debido proceso y rompiendo familias”.
El caso de Heidy Sánchez, cubana residente en Tampa, es un ejemplo paradigmático de lo que los críticos denuncian. Fue deportada a Cuba en abril pese a estar casada con un ciudadano estadounidense, tener una solicitud de residencia en curso, y ser madre de una niña ciudadana estadounidense de 17 meses que necesita atención médica especializada por problemas neurológicos.
“Mi hija solo dice ‘mamá, mamá’ por teléfono”, contó Sánchez desde La Habana. “No me dieron la opción de llevarme a mi hija. Me detuvieron en un check-in rutinario de ICE y, sin juicio ni aviso, me deportaron”, recoge la periodista Carmen Sesin en un artículo para NBC News.
Su esposo, Carlos Valle, ha denunciado el caso ante congresistas de Florida. Mientras el representante Rick Scott (R-Fla.) se desentendió del caso, la congresista Kathy Castor pidió públicamente que se permita el regreso de Sánchez por razones humanitarias.
¿La razón de su deportación? Un fallo de 2019, emitido en ausencia, luego de que Sánchez no pudiera acudir a una cita judicial en Texas cuando se le exigía esperar en México. “Era demasiado peligroso cruzar sola a las 4 a.m.”, explicó. Fue detenida nueve meses, liberada con supervisión, y ahora deportada en medio del nuevo ambiente represivo.
Otro caso que ha generado indignación es el de Kilmar Ábrego García, deportado a El Salvador pese a tener una orden judicial que le protegía de la deportación por riesgo de persecución. El DHS reconoció después que fue un “error administrativo”, pero en lugar de corregirlo, ha utilizado viejas acusaciones de violencia doméstica –nunca juzgadas ni comprobadas– para justificar su expulsión, indica The Guardian.
En un comunicado de prensa emitido el miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) citó las acusaciones hechas por la esposa de Ábrego García, Jennifer Vásquez Sura, de que él abusó de ella en varias ocasiones en 2019 y 2020.
Según los nuevos documentos, Sura, ciudadana estadounidense, presentó una petición de protección contra su esposo en 2020, alegando que su esposo la había pateado y abusado verbalmente, ademásde haberla detenido contra su voluntad y haber encerrado a sus hijos en un dormitorio, entre otras acusaciones. Alegó además que un año antes, en 2019, Abrego García la arrastró de un auto por el cabello.
Sin embargo, según Axios, Ábrego García nunca fue acusado. ¿Por qué? La propia Sura lo ha explicado. Abrego García aceptó recibir terapia de familia. Además, se acercaba el cumpleaños de uno de sus hijos y ella no quería que su padre estuviese preso para la fecha.
En una declaración publicada por el Baltimore Sun, aparecida luego de que la administración resurgiera una orden de protección separada que la esposa de Ábrego García presentó en 2021, también alegando violencia doméstica, Sura dijo que presentó la orden para protegerse en caso de que las cosas escalaran, pero estas nunca escalaron.
“Decidí no continuar con el proceso en el tribunal civil. Nadie es perfecto, y ningún matrimonio es perfecto. Pero eso no justifica que ICE lo haya secuestrado y deportado a un país del cual se suponía debía estar protegido contra la deportación,” dijo ella el pasado mes de abril.
Efectivamente, los documentos señalan que poco después de solicitar la orden de protección en 2020, Sura pidió al tribunal que la rescindiera.
“Kilmar nunca ha tenido cargos criminales ni aquí ni en El Salvador”, aseguró por su parte el abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg. “Este gobierno lo ha convertido en chivo expiatorio, lo ha deportado sin juicio, y ahora pretende borrar su derecho a defenderse”.
Su esposa, Jennifer Vasquez Sura, denunció además que el gobierno publicó documentos con la dirección de su casa, obligándola a esconderse con sus hijos. “Usaron mi miedo como arma”, dijo.
La deportación de Ábrego contravino un fallo judicial de 2019 que le protegía y la decisión de un juez federal de marzo pasado que ordenaba no deportarlo. Fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Un Estado en modo policía
Para los defensores del operativo, como el director estatal de inmigración Larry Keefe, se trata de una “emergencia nacional” y una “misión numérica”. “Esto es una campaña de deportación masiva y Florida es el prototipo”, dijo. “Si no medimos cuántos se arrestan, se detienen y se deportan, ¿cómo sabremos si tenemos éxito?”
Pero para muchos floridanos, la pregunta es otra: ¿cuántos errores más se van a cometer? ¿Cuántas madres serán deportadas sin sus hijos? ¿Cuántos trabajadores detenidos sin historial criminal?
“La realidad”, dijo Jessica Ramírez, de la Asociación de Trabajadores del Campo, “es que están cazando gente por su apariencia o acento. Y si usted es naturalizado, tampoco está a salvo. Basta con parecer inmigrante para que lo arresten”.
En redes sociales se multiplican los testimonios de personas detenidas durante paradas de tráfico, inspecciones laborales o salidas de sus casas. “Hay miedo de hablar español en público”, escribió una activista. “Si usted cae mal, o alguien quiere hacerle daño, basta con que diga ‘es ilegal’. El aparato ya está montado”.
¿El principio del fin?
Desde enero, ICE reporta más de 65,000 arrestos en todo el país. La meta de la administración Trump: 15 millones de deportaciones. Y Florida, con sus 67 condados ya integrados al sistema, es el epicentro.
DeSantis ha prometido más redadas, más acuerdos, y una expansión de los centros de detención con ayuda de la Guardia Nacional. Incluso propuso convertir inspectores de juegos, bebidas alcohólicas o pesca en agentes migratorios.
Pero si la “cacería” continúa al ritmo actual, los tribunales —y la historia— podrían juzgar no solo la efectividad, sino la moralidad de este modelo.
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