Una investigación divulgada en las últimas horas por Martí Noticias reactivó en redes una frase vieja del habla popular cubana —“vivir como Carmelina”— para describir, en clave de contraste, el estilo de vida atribuido a familiares del general retirado Ulises Rosales del Toro, exjefe del Estado Mayor General de las FAR y exvicepresidente del Consejo de Ministros.
El reportaje sostiene que, mientras el discurso oficial insiste en “resistencia” y “sacrificio” ante la crisis económica, parte del entorno familiar del exdirigente mantiene acceso sostenido a viajes, estancias fuera del país y circuitos de consumo imposibles para el cubano promedio, con huellas documentales visibles en redes sociales y registros públicos.
De acuerdo con Martí Noticias, una de sus hijas reside en Miami tras haber llegado a Estados Unidos en 2023 con visa de turismo, un dato que —en la lógica simbólica de la propaganda estatal— resulta particularmente sensible por el lugar que ocupa esa ciudad como antagonista en la retórica gubernamental. En la misma línea, la cobertura, replicada por otros medios del exilio, señala que descendientes del general exhiben movilidad internacional recurrente y estancias en destinos como Europa y el Caribe, además de vínculos con negocios y propiedades en la Isla que se mueven en el borde entre lo “estatal” y lo “privado” en un país donde el acceso a recursos suele depender de redes de poder.
El debate no gira únicamente en torno a un apellido, sino al mecanismo social que activa: en Cuba, “vivir como Carmelina” se usa para hablar de opulencia y privilegio, y reaparece cada vez que se exhibe la distancia entre la vida real de la élite y la vida cotidiana de la mayoría. En el caso de Rosales del Toro, esa distancia se vuelve más cargada por el peso institucional del exgeneral y por el rol histórico de las FAR en la administración de sectores estratégicos, incluyendo áreas donde el acceso a divisas, viajes y hospedajes de alto estándar es parte del engranaje.
La “denuncia”, en términos prácticos, no es una acusación penal presentada ante un tribunal, sino una exposición pública construida a partir de rastros: publicaciones personales, videos, referencias de residencia y piezas periodísticas que cruzan nombres con datos de movilidad y estilo de vida. Ese método tiene límites —no todo lo visible prueba ilegalidad—, pero en el contexto cubano produce un efecto político inmediato: coloca el foco en la desigualdad de acceso y en la impunidad percibida de los círculos familiares del poder, justo cuando la población enfrenta apagones, inflación y deterioro de servicios básicos.
El episodio vuelve a tocar una fibra conocida: cuando el Estado llama a “apretar”, la pregunta social ya no es solo cuánto sacrificio se pide, sino quiénes quedan exentos de sacrificar. Y no, no es el único.
Un ejemplo adicional: la familia Marrero y la “Cuba paralela”
Otro caso que ha circulado con fuerza en redes y medios independientes es el de Tamara Marrero Cruz, hermana del primer ministro Manuel Marrero. Su nombre aparece asociado a un estilo de vida que contrasta de forma directa con la realidad cotidiana de la mayoría de los cubanos: celebraciones privadas, negocios personales, viajes, gimnasios, restaurantes y una presencia constante en entornos de consumo vedados para el ciudadano común.
Las denuncias públicas señalan que Marrero mantiene un spa privado en su vivienda de Holguín, bajo la marca Relax Jaracho, donde ofrece masajes y tratamientos estéticos. El emprendimiento no figura en registros oficiales de mipymes ni como negocio autorizado, pero opera sin aparentes sanciones ni inspecciones, a diferencia de lo que ocurre con otros trabajadores por cuenta propia. Además, ha contado con espacios de venta en zonas céntricas vinculadas a programas estatales de desarrollo local, donde comercializa productos decorativos y de bienestar.
Su actividad no se limita al ámbito doméstico. Durante años ha trabajado como masajista y promotora en uno de los hoteles más exclusivos del oriente cubano, lo que le ha permitido establecer redes de contacto con turistas y proveedores. A través de esa posición, también ha funcionado como receptora de donaciones de grupos de ayuda internacional, insumos que luego son entregados en hospitales, con su imagen visible como intermediaria.
Lejos de la discreción, su vida social ha sido documentada de manera constante: fiestas temáticas, celebraciones de cumpleaños con producción profesional, salidas nocturnas, consumo de bebidas importadas y rutinas de gimnasio. Todo ello en un país donde el acceso a alimentos básicos, medicinas y transporte es cada vez más precario.
El contraste se vuelve aún más evidente al observar la trayectoria de sus hijas. Ambas emigraron a Estados Unidos en los últimos años —una por la frontera y otra mediante parole humanitario— y hoy residen en el mismo país que el discurso oficial cubano presenta como enemigo histórico. La salida de las jóvenes refuerza la percepción de una “Cuba dual”, donde los privilegios no garantizan siquiera la lealtad ideológica de quienes crecen en su entorno.
Este caso, sumado al anterior, no se interpreta solo como una historia individual, sino como un ejemplo del sistema de excepciones que protege a las familias del poder. Una estructura donde las reglas, las carencias y las restricciones no se aplican por igual, y donde el apellido funciona como salvoconducto para vivir “como Carmelina”, incluso en medio de la crisis.
Por cierto, si desea saber de dónde surge el refrán de «Vivir como Carmelina», entérese aquí
