Aunque la Unión Estadounidense de Libertades Civiles ha dicho que no se le puede dar «la espalda a las personas que buscan protección contra la violencia y la persecución” en los EE.UU., la nueva política migratoria del presidente Joe Biden básicamente lo que ha hecho es eso: deportar a Cuba, o devolver a México a los migrantes que están llegando de manera ilegal a territorio de los EE.UU.
Biden se reunió con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el lunes. Horas antes Biden estuvo visitando la frontera sur; por primera vez desde que asumió el cargo.
Sin embargo, el plan migratorio, que incluye una nueva política ya vigente para comenzar a expulsar a cubanos, haitianos y nicaragüenses en la frontera de Texas, además de venezolanos que llegan ilegalmente, parece haber llegado demasiado tarde. Cuando ya la crisis era insostenible, porque evidente era. Desde hace rato.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, es uno de los que afirma que el plan del presidente Biden llegó demasiado tarde.
“Llegó dos años y unos 20.000 millones de dólares demasiado tarde”, dijo Abbott, en una conferencia de prensa; mientras que el congresista y exalcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, lo resumió así: al presidente le ha tomado dos años y más de 5 millones de cruces de inmigrantes ilegales para abordar la crisis fronteriza.
La demora de Biden en enfrentar el problema es más serio de lo que se piensa.
Este lunes se conoció que la fiscal general de Florida, Ashley Moody, recibió en su oficina “nuevas pruebas explosivas” que prueban cómo la administración de Biden las “ocultó indebidamente” para que no fuesen incluidas en un litigio que, desde el año pasado, sostiene la Oficina de la FG, contra la administración de Biden.
La demanda a la administración Biden es «por alterar la política federal de deportación de inmigrantes», explica MSN.
Moody le está pidiendo a la corte «que detenga la implementación de la política por parte de la administración, argumentando que viola la ley federal y es inconstitucional.»
Estas nuevas pruebas habrían sido retenidas por el gobierno federal, «hasta justo antes del juicio”, que comenzó este lunes. A pesar de haber llegado tarde a su oficina, estas pruebas fueron presentadas en lunes como nueva evidencia.
Se trata de cuatro páginas, copias de correos electrónicos obtenidos por su oficina del Departamento de Seguridad Nacional en los que los funcionarios incluyen puntos de conversación para que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, los use cuando discuta la liberación masiva de ciudadanos extranjeros ilegales en los EE. UU. Los correos electrónicos están fechados el 28 de enero de 2021, ocho días después de que Biden asumiera el cargo.
Se trata de la revocación del Acuerdo de Cooperación de Asilo de la era Trump, que el Departamento de Seguridad Nacional firmó con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras el 29 de diciembre de 2020.
El acuerdo permitió al gobierno federal “retirar con mayor facilidad a ciertos migrantes elegibles que buscan protección humanitaria para cada uno de los países ACA”. PACR se refiere a un proceso de revisión de asilo de vía rápida (Prompt Asylum Claim Review), que ayudó a acelerar este proceso.
Moody asegura que «la revocación de estas políticas por parte de Biden contribuyó a que un número sin precedentes de personas intentaran ingresar a los EE. UU. desde los países del Triángulo Norte.»
Desde que Biden asumió el cargo, más de 5 millones de ciudadanos extranjeros han sido detenidos o informados que evadieron la captura de las fuerzas del orden, incluidos más de 3,3 millones solo en el año fiscal 2022.
Se espera que estos números aumenten astronómicamente una vez que se levante el Título 42 de la autoridad de salud pública que impide el ingreso a territorio de los EE.UU. de personas bajo la presunción de reforzar la frontera «sanitaria» de los Estados Unidos.
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