El centro de detención para migrantes en la Base Naval de Guantánamo Bay, Cuba, ha sido durante décadas un lugar donde los migrantes interceptados en el mar, mayoritariamente balseros cubanos, son retenidos en un estado de incertidumbre legal.
Según un reportaje de The New York Times, entrevistas y documentos gubernamentales revelan condiciones preocupantes en la instalación, como vigilancia en las llamadas de los detenidos con sus abogados, el uso de gafas opacas durante traslados y condiciones insalubres con presencia de ratas y baños desbordados.
Balseros cubanos como Alberto Corzo, quien huyó de Cuba con su familia buscando libertad, describen su experiencia en Guantánamo como una mezcla de cautiverio y privilegios.
Tras ser detenidos por la Guardia Costera, fueron trasladados al centro, donde permanecieron cinco meses en espera de reasentamiento en un tercer país.
“Nos sentíamos como prisioneros de Estados Unidos, con ciertos privilegios”, comentó Corzo, quien fue finalmente reasentado en Canadá.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido el trato a los balseros cubanos, afirmando que las condiciones de la instalación son consistentes con sus políticas de cuidado.
Sin embargo, una visita de inspectores del DHS en marzo de 2023 encontró múltiples irregularidades, recomendando que no se detuvieran más niños en Guantánamo. Además, el acceso a abogados es limitado, y las llamadas son monitoreadas para evitar que los migrantes compartan información que podría alentar intentos de migración ilegal.
Aunque el número de detenidos en Guantánamo es pequeño en comparación con la crisis migratoria en la frontera sur de EE.UU., el centro simboliza el deseo de ambas administraciones estadounidenses de mantener a los migrantes a distancia. En 2019, Donald Trump sugirió expandir el uso de la base para retener a más migrantes de diversas partes del mundo.
Las condiciones de vida para las familias en Guantánamo son especialmente difíciles. Un informe de la International Refugee Assistance Project (IRAP) describió instalaciones deterioradas y falta de servicios básicos, lo que pone en riesgo la salud mental y física de los niños.
La situación en Guantánamo evidencia la dificultad de gestionar la migración en un espacio fuera de las leyes migratorias tradicionales, donde la falta de transparencia complica la rendición de cuentas.
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