La indignación popular se hace eco de la posibilidad de que las autoridades en Guantánamo puedan enfrentar cargos por negligencia debido a las múltiples vidas perdidas y la precaria situación humanitaria que sufren los afectados.
La falta de una respuesta gubernamental efectiva no solo ha dejado a la provincia oriental en una situación de vulnerabilidad extrema, sino que ha marcado un precedente de desconfianza hacia la capacidad del Estado cubano para proteger a sus ciudadanos en momentos de crisis.
Las graves inundaciones y devastación provocadas por el huracán Oscar en Guantánamo han desatado una controversia que va más allá de los desastres naturales.
La respuesta de las autoridades locales ha sido objeto de críticas por parte de los habitantes, que denuncian una falta de preparación y coordinación que podría calificarse de negligente y, en términos extremos, incluso de genocidio en masa.
La situación en San Antonio del Sur y otros municipios guantanameros ha sacado a la luz las deficiencias estructurales y la falta de recursos en la zona, cuestionando si el gobierno cubano pudo haber mitigado el impacto humano de este desastre.
Testimonios de los afectados: “Nos dejaron solos”
Daniel Ross Diéguez, cineasta y residente en Guantánamo, denunció en redes sociales la respuesta inadecuada de las autoridades. Según Ross, el Consejo de Defensa no se activó a tiempo y la población fue sorprendida de madrugada por el desbordamiento de las presas, sin advertencia alguna.
“Se hubieran evitado los desaparecidos actuales”, afirmó.
En San Antonio del Sur, uno de los municipios más afectados, un residente encaró al presidente Miguel Díaz-Canel durante una visita, reclamándole que “los dejaron solos” con la responsabilidad de evacuar a niños y familias enteras sin asistencia gubernamental. Este ciudadano relató que debió improvisar con su propia comunidad para poner a salvo a 29 niños de una escuela en medio de la inundación.
Antes del impacto de Oscar, las autoridades informaron sobre una disminución en la intensidad del huracán y, debido a problemas con el suministro eléctrico en toda la provincia, las actualizaciones sobre el fenómeno natural no llegaron a tiempo a las comunidades más vulnerables.
El apagón masivo que afectó a Cuba días antes debido a la falla en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras y la falta de combustible dejaron sin comunicación a miles de personas, quienes desconocían la magnitud de la amenaza que se avecinaba.
Las críticas también se extienden a la falta de equipos básicos de radio y otros medios de comunicación en manos de la Defensa Civil y las Fuerzas Armadas, los cuales podrían haber sido esenciales para avisar a las comunidades a tiempo. El uso de un radiocomunicador podría haber permitido transmitir alertas sin necesidad de electricidad, pero la falta de planificación y la supuesta incapacidad para operar estos equipos quedaron en evidencia. Ross Diéguez cuestionó abiertamente la inteligencia de las fuerzas locales, afirmando que “se hubieran salvado vidas” si se hubiesen tomado medidas preventivas con antelación.
Cifras y situación actual: una tragedia en cifras y en hechos. ¿Podrían las autoridades enfrentar cargos de negligencia?
Hasta el momento, las autoridades han confirmado siete fallecimientos en San Antonio del Sur e Imías, y alrededor de 76 personas permanecen desaparecidas en toda la provincia de Guantánamo, especialmente en las áreas rurales más afectadas.
Las labores de rescate, que han incluido el uso de helicópteros para llevar suministros a las zonas aisladas, han sido percibidas como insuficientes y tardías por la población local, que continúa enfrentando la falta de acceso a alimentos y agua potable.
En Imías, uno de los municipios más afectados, los daños en las vías de acceso y los puentes colapsados han dificultado la llegada de ayuda, dejando a los habitantes incomunicados y a merced de la situación climática.
En un contexto en el que la respuesta ante ciclones había sido una de las pocas áreas de eficiencia reconocida del gobierno cubano, el descalabro en la gestión de esta emergencia ha suscitado el descontento de los ciudadanos, quienes han perdido la confianza en la capacidad de las autoridades para garantizar su seguridad en tiempos de crisis.
Los habitantes de Guantánamo no solo se enfrentan a la pérdida de seres queridos y bienes materiales, sino también al abandono institucional.
Díaz-Canel y otras figuras del gobierno han intentado justificar la inacción alegando que el fenómeno “se estacionó” y desbordó los embalses de forma inesperada, pero los testimonios de los sobrevivientes muestran un panorama de desprotección y abandono total.
La mala gestión en esta tragedia, en un país normal – Cuba no lo es – podría llegar a tener implicaciones judiciales para los responsables del Consejo de Defensa y las autoridades locales, aunque el sistema judicial cubano históricamente ha mantenido un alto grado de impunidad hacia las figuras del gobierno.
Sin embargo, ante la presión nacional e internacional que ha comenzado a generarse, se podría contemplar una investigación más exhaustiva en el futuro y por lo menos, unos cuantos despidos, aunque es 100% probable que los nuevos que traigan sean, como dice el refrán, el mismo perro pero con diferente collar.
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