Estados Unidos continúa ampliando su estrategia de interdicción marítima contra el narcotráfico con ataques aéreos directos en aguas internacionales, una práctica que vuelve a generar debate jurídico y político. En poco más de dos docenas de operaciones recientes, al menos 107 personas habrían muerto como resultado de más de 24 ataques aéreos contra embarcaciones señaladas como vinculadas al tráfico de drogas, según recuentos divulgados por fuentes de seguimiento militar y reportes oficiales parciales.
El episodio más reciente ocurrió el lunes 29 de diciembre en el océano Pacífico oriental, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un ataque contra una lancha presuntamente dedicada al narcotráfico.
La operación dejó dos personas muertas. Horas después, se difundió un nuevo video del bombardeo, que muestra el impacto directo sobre la embarcación y su destrucción casi instantánea en mar abierto. Es el segundo material audiovisual de este tipo que se hace público en pocos días, en una señal clara de que Washington no solo mantiene la estrategia, sino que además la exhibe.
El Pentágono sostiene que estas acciones forman parte de operaciones antinarcóticos destinadas a interrumpir rutas marítimas utilizadas por redes criminales transnacionales, especialmente en el corredor del Pacífico oriental, una de las principales vías de salida de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Las autoridades aseguran que los objetivos son identificados tras labores de inteligencia y vigilancia aérea, y que los ataques se producen cuando las embarcaciones se niegan a detenerse o representan un “riesgo operativo”.
Sin embargo, juristas y organizaciones de derechos humanos cuestionan la legalidad de estas acciones letales en alta mar. El núcleo del debate gira en torno al uso de fuerza militar contra civiles presuntamente implicados en delitos de narcotráfico, sin proceso judicial previo y fuera de un contexto formal de conflicto armado. Para los críticos, destruir embarcaciones con personas a bordo mediante ataques aéreos equivale a ejecuciones extrajudiciales encubiertas bajo la lógica de la guerra contra las drogas.
Estados Unidos responde que actúa bajo marcos legales propios y acuerdos internacionales de cooperación marítima, y que el narcotráfico a gran escala constituye una amenaza directa a su seguridad nacional. No obstante, el número creciente de muertos y la difusión de videos de los ataques refuerzan la percepción de una escalada silenciosa, poco discutida en foros multilaterales y casi invisible para la opinión pública internacional.
Mientras las imágenes circulan y las cifras aumentan, el mensaje de Washington parece inequívoco: más allá de las controversias legales, la interdicción armada en alta mar llegó para quedarse.
