El anuncio de que la ONU destinará 74 millones de dólares para apoyar la recuperación del oriente cubano tras el paso del huracán Melissa ha desatado una pregunta inevitable: ¿realmente alcanza esa cifra para cubrir los daños? Desde hace días, cientos de cubanos debaten en redes si el dinero bastará, cómo debería emplearse y, sobre todo, quién debería administrarlo. Porque más allá de la necesidad, lo que preocupa es la fiscalización.
En un país donde el descontrol financiero y la corrupción estructural —y no el embargo— son la raíz de casi todos los males, pocos confían en que ese dinero llegue a donde debe. La experiencia enseña que los fondos públicos en Cuba suelen evaporarse entre gestiones opacas, prioridades absurdas y gastos suntuarios. La gente lo sabe: el dinero del Estado se malgasta, se desvía, se usa para sostener aparatos improductivos o para costear viajes y eventos oficiales. Por eso, cada vez que aparece una suma internacional de ese calibre, muchos se preguntan en voz alta —con sarcasmo y cansancio— de dónde salen los vestidos, zapatos y carteras de Lis Cuesta.
En números gruesos, el país ha reportado 76 689 viviendas afectadas, con 4 743 derrumbes totales, más de 12 000 techos destruidos y casi 48 000 con daños parciales. A simple vista, la cifra de 74 millones parece insuficiente para semejante volumen de pérdidas. Sin embargo, si se examina cómo podría utilizarse el dinero —y sobre todo, si se aprovecha la capacidad productiva ya existente en el país—, el panorama cambia.
Los cálculos de ingenieros, arquitectos y economistas que han participado en el debate público indican que con una gestión eficiente, el monto alcanzaría para reconstruir todas las viviendas que colapsaron completamente, y todavía sobraría margen para reparar parte de los techos dañados. El punto está en cómo se invierte.
Un módulo habitacional resistente a huracanes, de entre 24 y 30 metros cuadrados, construido con estructura reforzada, cubierta anclada y baño y cocina integrados, cuesta —si se produce en Cuba con materiales locales y donaciones de materia prima— entre 14 500 y 18 500 dólares por unidad completamente instalada y amueblada. Esa cifra incluye la estructura, transporte, montaje y un kit doméstico básico: camas, colchones, refrigerador, mesa, ventiladores, utensilios y ropa de cama. Si se dependiera de materiales importados, el costo subiría hasta 22 000 o 25 000 dólares, pero el país no está obligado a ir por esa ruta.
La infraestructura para fabricar localmente ya existe. En Holguín, la planta modular de Ramón de Antilla, concebida originalmente para acelerar construcciones hoteleras, puede adaptarse a la producción de núcleos habitacionales resistentes, a razón de 70 módulos mensuales. En Las Tunas, Metuna produce láminas de techo de zinc; ALUMEC, en Manzanillo, fabrica carpintería de aluminio para puertas y ventanas; y empresas como Muebles Ludema, Dujo o la mixta Konfort pueden aportar el mobiliario y los colchones. Colchones Renacer, en Fomento, añade otra fuente de abastecimiento nacional. Si el dinero de la ONU se canaliza hacia estas fábricas, cubriendo sus costos de materias primas y transporte, el gasto por vivienda se mantendría en el rango más bajo, y el beneficio se quedaría dentro de la economía cubana.
Bajo esa lógica, los 74 millones de dólares permitirían construir entre 4 000 y 5 100 viviendas completas, según el costo unitario que se logre. A 14 500 por módulo, el fondo cubriría a 5 103 familias; a 16 000, a 4 625; y a 18 000, a 4 111. Como los derrumbes totales reportados suman 4 743, el dinero alcanza con holgura si se trabaja en la franja de eficiencia media. Si, en cambio, los costos suben por falta de coordinación o por compras externas innecesarias, el número de viviendas posibles se reduce drásticamente: con 22 000 por unidad, solo podrían atenderse unas 3 360 familias, y con 25 000, apenas 2 960.
El problema, entonces, no es la cantidad de dinero, sino la forma en que se gestiona. Los especialistas coinciden en que el camino más racional sería activar las capacidades nacionales ya instaladas y priorizar la producción cercana a las zonas afectadas. Esto reduciría los costos logísticos y aceleraría la entrega. También permitiría que el dinero se multiplique dentro del propio circuito productivo del país, en lugar de perderse en importaciones y transportes externos.
Otra estrategia viable sería aplicar una fase inicial de módulos de impacto, pequeñas viviendas de 9 a 12 metros cuadrados, con baño y cocina, que cuestan entre 5 700 y 8 300 dólares y pueden levantarse en días. Con esa opción, los 74 millones podrían proporcionar refugio inmediato a entre 9 000 y 13 000 familias, mientras se produce el resto de las unidades definitivas. No se trata de renunciar a la vivienda final, sino de actuar por etapas: primero sacar a las personas del suelo húmedo, luego completar el hogar con materiales locales.
Si el fondo se utiliza bien, incluso hay espacio para ampliar el impacto. Por ejemplo, destinando 68 a 70 millones a reconstruir las viviendas colapsadas, quedarían 4 a 6 millones disponibles para entregar kits de techado a parte de las 12 000 casas con cubierta destruida o a las 47 000 con afectaciones parciales. Un kit de techo de zinc y carpintería de aluminio, producido por Metuna y ALUMEC, cuesta entre 250 y 400 dólares por unidad. Con 5 millones, podrían recuperarse entre 12 500 y 20 000 techos, una mejora inmediata para miles de familias.
En resumen: sí, el dinero alcanza, pero solo si se elimina la burocracia, se articula la producción nacional y se evita el modelo de venta de materiales al damnificado. Los cálculos no son teóricos; son los mismos que la sociedad civil ha expuesto estos días en redes y foros técnicos. Con 74 millones bien gestionados, Cuba puede reconstruir todas las casas perdidas y devolver el descanso básico —una cama, un techo, un refrigerador funcionando— a quienes lo perdieron todo.
El dinero está. Las fábricas están. Lo que falta, como tantas veces, es la decisión.
pd: para la elaboración de esta nota se tuvieron en cuenta publicaciones hechas en Facebook por económicos, analistas, constructores e internautas, como William Sosa y Yulieta Hernández.
