La administración de Donald Trump ha emprendido un repliegue sustantivo en la lucha federal contra la trata de personas y la explotación de niños, según una investigación de The Guardian que cita a personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y documentos internos. La investigación señala que equipos que antes se dedicaban a desarticular redes de trata y a perseguir delitos graves con víctimas identificables han sido reorientados hacia tareas de deportación, una decisión que, según expertos y funcionarios, deja sin atención crímenes complejos y de alto impacto social, reseña el medio antes citado.
El giro dentro del DHS se enmarca en una reconfiguración más amplia que afecta a varias agencias. De acuerdo con el reportaje, se han reducido recursos, paralizado subvenciones a organizaciones que atienden a víctimas y frenado iniciativas interinstitucionales, incluyendo esfuerzos contra el abuso sexual infantil en línea.
Kristen Best, quien coordinó la estrategia para contrarrestar delitos de explotación y proteger a las víctimas, había liderado mesas de trabajo con tecnológicas, fuerzas del orden y organizaciones civiles; su área también ha sido impactada por la reasignación de prioridades.
“Perseguir depredadores exige tiempo, analistas y cooperación interagencial; si esos recursos se desvían, los perpetradores se benefician”, advierten fuentes citadas por el diario.
La reacción política no tardó una vez publicado el artículo. El congresista Jamie Raskin, líder demócrata en el Comité Judicial de la Cámara, acusó a Trump de “desmantelar” los esfuerzos para perseguir delitos sexuales y combatir la trata, en un memorando divulgado por The Guardian. Raskin sostiene que la Casa Blanca de Trump minó oficinas y programas destinados a proteger a víctimas, recortó fondos a organizaciones locales y desvió recursos de los investigadores hacia la agenda migratoria. La administración, por su parte, ha desestimado esas denuncias como ataques partidistas y ha reivindicado su impronta de “mano dura” en la frontera, y aunque The Guardian no lo dice, es probable que el argumento que estén utilizando para justificarse en sus mentes tal decisión es que, aquellos que cometen tales delitos, son los que entran por la frontera. Una vez cerrada esta, el delito muere… pero no es así. Nada más lejos de la realidad.
Las dudas sobre la reasignación de agentes se trasladaron también al Senado. El demócrata Ron Wyden solicitó formalmente al DHS que investigue reportes de que efectivos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) —unidad que persigue, entre otros, delitos de explotación infantil y trata— fueron retirados de esos casos para reforzar deportaciones. En su carta, Wyden recuerda que HSI reportó miles de arrestos por crímenes contra niños y más de un millar de víctimas rescatadas en 2020, y advierte que el desvío de personal erosiona esas capacidades. HSI ha estado muy activo en la Florida y, en varios de los arrestos de represores cubanos «descubiertos» dentro de los Estados Unidos, detenidos y hasta deportados, han sido ellos los que más han salido en las fotos.
La preocupación no es meramente teórica. En febrero, testimonios de exmandos de HSI ante el Congreso subrayaron que mover investigadores financieros, de cibercrimen o de explotación infantil para “asegurar la frontera” deja huecos críticos en investigaciones complejas de contrabando, fraudes y delitos contra menores.
“Otros riesgos quedarán sin investigar”, alertó Kenneth MacDonald, exsupervisor de HSI y exfuncionario de la Casa Blanca, en referencia explícita a los crímenes de explotación infantil y a las redes que se organizan en la internet oscura, puede leerse en un documento archivado en el Congreso.
Mientras tanto, el músculo logístico de deportaciones se ha robustecido. Una serie de reportajes del mismo medio documentó cómo el centro de “staging” de ICE en Alexandria, Luisiana —operado por la privada GEO Group— se ha convertido en un nodo opaco de traslados, con denuncias de detenciones prolongadas más allá de los 72 horas permitidas, escaso acceso a abogados y condiciones sanitarias deficientes. Filtraciones de vuelos y datos internos sugieren un volumen de procesamiento que excede su capacidad nominal y que, según abogados y defensores, puede derivar en deportaciones sin las debidas garantías.
Las tensiones entre la prisa por deportar y las obligaciones legales también afloraron en tribunales. Un juez federal frenó un operativo que buscaba expulsar apresuradamente a decenas de menores guatemaltecos sin que existieran salvaguardas suficientes, y cuestionó afirmaciones del gobierno sobre supuestas “reunificaciones” con padres a los que, de hecho, no se había localizado. El fallo subrayó protecciones de la ley contra la trata de 2008 (TVPRA) y recordó que el debido proceso no es optativo, menos cuando se trata de niños, detalla por su parte The Washington Post.
El efecto combinado —menos recursos para perseguir depredadores y mayor presión por deportar—, advierten especialistas, puede traducirse en casos sin investigar y víctimas sin apoyo. En la práctica, ir tras un traficante exige meses de inteligencia financiera, análisis forense digital, coordinación con fiscales estatales y federales, y cooperación internacional; todo ello se resiente cuando equipos completos se destinan a operativos migratorios de vía rápida. La investigación de The Guardian agrega que la propia oficina del Departamento de Estado que monitorea la trata y coordina programas globales ha sufrido vacíos de personal y retrasos en la publicación de informes anuales, que por ley deben entregarse al Congreso.
Fuentes dentro y fuera del gobierno sostienen que el repliegue tiene un costo humano inmediato: víctimas que no son identificadas a tiempo, pruebas digitales que se enfrían y organizaciones comunitarias que, sin subvenciones, reducen servicios. “Si el Estado afloja, los perpetradores no esperan”, resumen defensores consultados por el periódico británico. El panorama es, además, paradójico: mientras el discurso oficial enfatiza “orden y seguridad”, se descuida una de las facetas más graves del crimen organizado, aquella que explota a los más vulnerables. El desafío que plantean fiscales y legisladores críticos —Raskin en la Cámara y Wyden en el Senado— es claro: reconstruir las capacidades desmanteladas y devolver a los investigadores especializados a su frente natural de batalla, reseña el medio usado como fuente primaria para nuestra nota.
La administración de Trump sostiene que sus políticas obedecen a prioridades de seguridad fronteriza y eficiencia gubernamental. Sin embargo, a medida que emergen fallos judiciales, cartas del Congreso y testimonios de agentes, queda abierta una pregunta central de política pública: ¿cuánto está dispuesta a sacrificar la maquinaria federal contra la trata y la explotación infantil en nombre de la deportación masiva? Por ahora, la evidencia recopilada sugiere un viraje profundo y con consecuencias que, según sus críticos, ya se contabilizan en víctimas desprotegidas y casos no perseguidos.
