Los migrantes, en su travesía, a menudo son explotados y expuestos a condiciones mortales por los traficantes.
Muchos cubanos, ante la imposibilidad de encontrar un camino seguro y legal para salir de la isla, se ven obligados a tomar decisiones extremadamente peligrosas en su búsqueda de un futuro mejor.
La travesía irregular de los cubanos a través de Centroamérica hacia Estados Unidos se enfrenta a nuevos desafíos debido a los recientes operativos y cambios en las políticas migratorias de la región.
Durante los últimos años, un número sin precedentes de cubanos ha intentado llegar a Estados Unidos a través de rutas peligrosas que atraviesan varios países de Centroamérica, como Nicaragua y Honduras. Sin embargo, las autoridades de la región, en cooperación con Estados Unidos, están tomando medidas más estrictas para combatir las redes de tráfico de personas, lo que complica aún más este peligroso viaje.
En agosto de 2024, un importante operativo en Guatemala desmanteló una red de tráfico de personas responsable de la muerte de 53 migrantes en Texas en 2022. Este operativo, que fue parte de los esfuerzos de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha, creada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, marca un hito en la lucha contra el tráfico de migrantes en la región.
Las autoridades guatemaltecas, con el apoyo de Estados Unidos, arrestaron a varios individuos clave involucrados en esta red, incluyendo a Rigoberto Ramón Miranda-Orozco, acusado de facilitar el tráfico de migrantes desde Guatemala a través de México hacia Estados Unidos.
Este caso, señala el Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ) en un comunicado, es parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA), creada por el Fiscal General Merrick B. Garland en junio de 2021. JTFA se lanzó en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional para fortalecer los esfuerzos de cumplimiento de la ley de Estados Unidos contra el tráfico de personas que emana de Centroamérica.
“Al lanzar la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha hace tres años, el Departamento de Justicia dirigió todas las herramientas a nuestra disposición para desmantelar las redes de tráfico de personas en todo el continente (…),” dijo por su parte, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco.
El Fiscal General Merrick B. Garland declaró recientemente:
«Estamos comprometidos a continuar trabajando con nuestros socios tanto en Estados Unidos como en el extranjero para atacar a los grupos de tráfico de personas más prolíficos y peligrosos que operan en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Panamá.”
Katrina W. Berger, Directora Ejecutiva Asociada del Homeland Security Investigation, (HSI), señaló por su parte que «el HSI está profundamente inmerso en la lucha global contra el tráfico de personas, que incluye nuestras operaciones internacionales en Centro y Sudamérica.»
“Combatir este prolífico y transnacional crimen es una de nuestras principales prioridades. Nuestros agentes especiales y analistas criminales están activamente comprometidos con socios y fuerzas de tarea en todo el mundo trabajando para desmantelar las redes criminales que tratan la vida humana como una mercancía. El HSI seguirá agotando todos los recursos disponibles para llevar a los traficantes de personas ante la justicia,” añadió.
“Los hombres y mujeres de CBP están firmes en su compromiso de combatir y desmantelar las redes de tráfico de personas (…), expresó además Troy A. Miller, Funcionario Principal que Desempeña las Funciones del Comisionado de CBP.
“Nuestro trabajo colectivo a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha sigue siendo crítico para nuestros continuos esfuerzos por interrumpir las operaciones de tráfico en todo el hemisferio y el mundo,” agregó.
«Desde su creación, la JTFA ha aumentado con éxito la coordinación y colaboración entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y otros participantes interinstitucionales de la ley, así como con socios extranjeros, incluidos El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Colombia y Panamá; apuntando a aquellas organizaciones que tienen el mayor impacto en Estados Unidos; y coordinando importantes acusaciones de tráfico y esfuerzos de extradición en las Fiscalías de Estados Unidos en todo el país,» indica el comunicado del DOJ.
«La JTFA está compuesta por personal destacado de las Fiscalías de la Frontera Suroeste de Estados Unidos, incluyendo el Distrito Sur de Texas, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito de Arizona, y el Distrito Sur de California, y el programa también recibe un apoyo significativo de numerosos componentes de la División Criminal del Departamento de Justicia que forman parte de la JTFA — encabezada por la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP), con apoyo de la Oficina de Desarrollo de Capacidades y Entrenamiento de la Fiscalía, la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina de Operaciones de Cumplimiento, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (OIA), y la Sección de Crimen Violento y Asociación Ilícita. La JTFA es posible gracias a una inversión sustancial en la aplicación de la ley por parte del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la Administración de Control de Drogas y otros socios,» indica además.
Además de los operativos en Centroamérica, los cambios recientes en las políticas migratorias de Estados Unidos también están dificultando el ingreso irregular de cubanos y otros migrantes.
Las nuevas medidas, implementadas bajo la administración de Joe Biden, restringen severamente las solicitudes de asilo para aquellos que cruzan ilegalmente la frontera sur.
Estas políticas incluyen la deportación inmediata de aquellos que no cumplan con los estrictos estándares de asilo, y el cierre temporal de la frontera si el número de detenciones diarias supera un umbral específico. Estas acciones están diseñadas para disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente y para desmantelar las redes de tráfico que operan en la región.
El impacto de estas políticas se refleja en la creciente presión sobre los migrantes cubanos que pasan por países como Honduras. En 2024, casi 33,000 cubanos fueron registrados por las autoridades hondureñas, un número que representa una fracción de los migrantes que cruzan sin ser detectados. Honduras se ha convertido en un punto de tránsito clave para los migrantes cubanos, quienes generalmente comienzan su viaje en Nicaragua antes de avanzar hacia el norte. Sin embargo, con los nuevos operativos y las políticas más estrictas en la región, la travesía irregular se ha vuelto más peligrosa y complicada.
Los migrantes cubanos enfrentan cada vez más obstáculos en su intento de llegar a Estados Unidos vía terrestre, y no pocos prefieren aventurarse a una travesía mucho más peligrosa: la de cruzar el estrecho de la Florida. Este peligroso recorrido por mar se ha convertido en una alternativa desesperada para aquellos que buscan huir de las difíciles condiciones en Cuba y que encuentran cada vez más cerradas las rutas terrestres a través de Centroamérica.
Un ejemplo reciente de esta peligrosa opción fue el desembarco de un grupo de 23 cubanos, incluidos tres menores de edad, en los Cayos de Florida. Los migrantes llegaron en un bote pesquero de madera, dentificada con los nombres «Habana» y «Cojímar», en condiciones extremadamente precarias, y fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
A pesar de los operativos intensificados por la Guardia Costera de Estados Unidos, que patrulla diariamente el Estrecho de Florida en busca de embarcaciones cargadas de migrantes, muchos cubanos continúan optando por esta vía marítima.
Las autoridades advierten que las condiciones del estrecho son extremadamente peligrosas. Sin embargo, la creciente dificultad de cruzar por tierra debido a los operativos en Centroamérica y las políticas migratorias más estrictas en la frontera sur de Estados Unidos están empujando a muchos a arriesgar sus vidas en el mar.
El gobierno estadounidense ha dejado claro que aquellos que intenten ingresar ilegalmente por mar no podrán quedarse en el país. Los migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza son procesados para su deportación y se les prohíbe el reingreso legal durante cinco años.
A pesar de estas severas consecuencias, la migración ilegal por vía marítima sigue siendo una opción persistente entre los cubanos que no ven otra salida a sus difíciles circunstancias.
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