Estados Unidos ya ha revocado más de 250.000 visas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, una cifra que muestra la magnitud que ha alcanzado la revisión de extranjeros con autorización para entrar al país. Las cancelaciones abarcan desde incumplimientos de las condiciones del visado y delitos hasta fraude migratorio y casos considerados por las autoridades como riesgos para la seguridad nacional.
El dato supone además un crecimiento acelerado en cuestión de semanas. En agosto, Washington había confirmado más de 175.000 visas revocadas durante la actual administración, por lo que el balance ha aumentado en más de 75.000 desde entonces.
Más de 2.000 visas canceladas por “turismo de nacimiento”
Entre los casos incluidos en la nueva cifra aparecen unas 2.300 visas relacionadas con el llamado “turismo de nacimiento”. Se trata de personas que, según las autoridades estadounidenses, utilizaron visas temporales para viajar al país específicamente con el objetivo de dar a luz allí.
Las revocaciones no se limitan, sin embargo, a ese fenómeno. El Departamento de Estado ha señalado entre las causas posibles la comisión de delitos, fraude contra ciudadanos estadounidenses, abuso del sistema migratorio, incumplimiento de las condiciones del visado y conductas que las autoridades consideren incompatibles con la seguridad o los intereses del país.
La política también ha alcanzado a funcionarios extranjeros. Esta semana fueron revocadas o restringidas las visas de 27 funcionarios, exfuncionarios y otras personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, junto con familiares en determinados casos, bajo acusaciones de corrupción y otras actividades señaladas por Washington.
Una visa válida puede ser revisada nuevamente
Uno de los elementos importantes de la actual política migratoria estadounidense es que obtener una visa ya no significa necesariamente que el expediente quede cerrado hasta su fecha de vencimiento. Las autoridades mantienen mecanismos de revisión continua y pueden volver a evaluar información sobre un titular después de que el documento haya sido concedido.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido en varias ocasiones esa facultad del Gobierno y ha insistido en que una visa estadounidense constituye una autorización revocable y no un derecho adquirido. La postura quedó nuevamente en el centro de la atención durante la polémica por la cancelación de la visa al hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Para los cubanos, el nuevo balance resulta especialmente relevante por los numerosos cambios que han afectado los procesos migratorios y consulares durante 2026. No obstante, hasta ahora no existe un desglose público que permita saber cuántas de las más de 250.000 visas revocadas corresponden específicamente a ciudadanos de Cuba.
Más controles en redes sociales desde octubre
El aumento de las revocaciones coincide con una ampliación de los controles aplicados a quienes solicitan nuevas visas. Desde este 1 de octubre, el Departamento de Estado extiende la revisión de presencia en internet a nuevas categorías de visas no inmigrantes, incluidas las I para representantes de medios extranjeros y las TN y TD utilizadas por determinados profesionales de Canadá y México y sus dependientes.
A esos solicitantes se les ha indicado mantener sus perfiles de redes sociales configurados como públicos para facilitar la revisión. El procedimiento ya se utilizaba para otras categorías, entre ellas visas de estudiantes, intercambio, determinados trabajadores temporales y prometidos de ciudadanos estadounidenses.
El endurecimiento de los controles ocurre después de varios cambios migratorios que han terminado también ante los tribunales. En agosto, una jueza federal anuló una política que había bloqueado visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Cuba, obligando al Departamento de Estado a modificar aquella suspensión.
Las más de 250.000 revocaciones conocidas ahora corresponden a casos acumulados desde el comienzo del segundo mandato de Trump y no significan que esa cantidad de visas haya sido cancelada de una sola vez. Tampoco implican que todos sus titulares hayan cometido delitos: las razones utilizadas por el Gobierno abarcan distintas situaciones migratorias, administrativas y de seguridad.
