Malena Chacón Santos, una cubana de 24 años que entró a Estados Unidos a través del programa CBP One, fue arrestada tras asistir a su cita de supervisión migratoria en Dallas, Texas, en noviembre de 2025.
Pese a que su esposo, Juan Carlos Álvarez, un ciudadano estadounidense que sirvió durante dos años en el Ejército, la esperaba afuera, y a que llevaba consigo los papeles que demostraban que había seguido correctamente su proceso migratorio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la dejó bajo custodia y al día siguiente, la trasladó al Centro de Detención Bluebonnet, a más de 175 millas de su hogar.
Según la investigación original de The Texas Tribune, la inmigrante permanece en la citada prisión ubicada en Anson, Texas.
Malena entró a Estados Unidos por la frontera sur en noviembre de 2024, después de pasar unos seis meses en México esperando una cita para solicitar asilo mediante la aplicación CBP One.
Según The Texas Tribune, la cubana obtuvo finalmente la cita y las autoridades estadounidenses le permitieron entrar bajo parole mientras permanecía pendiente su solicitud de asilo.
“Mi vida cambió”, resumió la joven sobre sus primeros meses en Estados Unidos.
En mayo de este año, su abogada Claire McVey Carmona presentó una petición de hábeas corpus ante el Tribunal de Distrito Norte de Texas, pero el 4 de agosto el juez James Wesley Hendrix la denegó con perjuicio, lo que impide presentar los mismos argumentos otra vez ante el mismo tribunal.
The Texas Tribune verificó en registros migratorios, estatales y federales que Malena, que se casó en febrero de 2025 y se convirtió en la madrastra de los tres hijos de su pareja, no tiene condenas penales.
Ahora, Malena teme ser deportada a Cuba mientras su familia espera que pueda regresar a casa.
Los datos federales analizados por el periódico muestran que, hasta el 6 de agosto, solo el 31% de las más de medio millón de personas arrestadas por ICE en todo Estados Unidos tenía alguna condena penal. En Texas, donde se concentra alrededor de una cuarta parte de los arrestos, dos de cada tres detenidos no tenían condenas.
