La popularmente conocida «Ley de Nietos», bajo el paraguas técnico de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, ha dejado de ser un simple trámite de extranjería para convertirse en el epicentro de una feroz guerra política en España. La oposición ha lanzado duras acusaciones contra el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, señalando que se está utilizando la concesión masiva de pasaportes como una estrategia para alterar el tablero electoral antes de las próximas elecciones generales.
El golpe más directo en esta estrategia de confrontación llegó por parte del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien durante una intervención en EsRadio rompió la cautela inicial de su formación política. Según reportes de ABC y la agencia EFE, el político gallego arremetió contra las intenciones de la Moncloa afirmando que «Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas».
La tensión subió aún más de tono cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió enviar un mensaje directo e intimidante hacia las oficinas consulares en el exterior. La líder madrileña no se guardó nada y lanzó un aviso contundente: «Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso».
Ayuso sustentó su preocupación en el peso demográfico que están ganando ciudades como Buenos Aires, cuyos cinco consulados concentran 462.815 solicitudes, lo que amenaza con transformarla en la tercera circunscripción con mayor caudal de votos de España.
Desde el palacio gubernamental no tardaron en reaccionar ante los ataques de la derecha. La portavoz oficial Elma Saiz calificó la postura de Feijóo como una muestra de «irresponsabilidad mayúscula», al tiempo que blindó la legitimidad de la legislación argumentando que todo el proceso se sostiene «en los principios de reparación y justicia» concebidos para resarcir a los ciudadanos españoles que se vieron obligados a exiliarse durante la dictadura de Francisco Franco.
La ofensiva de la oposición también se ha trasladado al entorno digital. La eurodiputada popular Alma Ezcurra, encargada de la cartera de inmigración dentro de las filas del PP, desglosó en sus plataformas sociales lo que considera una estrategia silenciosa de manipulación.
En sus propias palabras, la parlamentaria explicó que «Cuando queremos saber si alguien está manipulando unas elecciones siempre nos fijamos en las papeletas, en las urnas o en el recuento. Pero hay una forma más silenciosa: decidir quién entra en el censo electoral». Además, Ezcurra denunció la contratación de la corporación pública Ineco (señalada por sus presuntos vínculos con la expareja del exministro José Luis Ábalos) con el fin de externalizar la gestión de los expedientes para acelerar la meta de otorgar un millón de nacionalidades hacia el año 2027.
Por su parte, la formación Vox mantiene una postura mucho más radical al tildar el proceso directamente como un «pucherazo» programado. Los portavoces de este partido exigieron la paralización inmediata de la instrucción emitida por el Ministerio de Justicia que facilita el pasaporte a los descendientes de los emigrantes del siglo XIX, bajo la premisa de que una simple orden interna no posee el rango legal para modificar una ley aprobada formalmente en las Cortes. Esta reclamación complementa la batalla legal que el partido mantiene en el Tribunal Constitucional contra la ley matriz desde el año 2022.
Mientras tanto, la sede diplomática en La Habana se encuentra desbordada con más de 137.700 expedientes bajo trámite oficial, aunque fuentes del sector estiman que la cifra real de solicitudes iniciadas ronda las 350.000 peticiones. Ante el colapso, los solicitantes cubanos se topan con una respuesta automatizada recurrente: «Debido al volumen de expedientes este trámite se puede demorar varios meses».
Mirando el panorama global, el impacto de la ley es monumental, acumulando cerca de 2,5 millones de peticiones en todo el mundo desde su entrada en vigor a finales de 2022. Aunque la ventana para entregar nuevas solicitudes cerró de manera definitiva el pasado 22 de octubre de 2025, el goteo de aprobaciones sigue marchando a toda máquina en este primer trimestre de 2026, periodo en el que se han resuelto alrededor de 34.000 nacionalidades.
Con un índice de rechazo que apenas roza el 1.3%, la tensión legal no disminuye. La plataforma Iustitia Europa acudió ante la Junta Electoral Central para impugnar los métodos empleados a la hora de asignar una provincia de votación específica en territorio ibérico a los nuevos ciudadanos inscritos desde el extranjero. Todo esto ocurre mientras el censo de electores residentes en el exterior marca un hito histórico, superando ya la barrera de los 3,2 millones de votantes registrados fuera de las fronteras españolas.
