El debate sobre el rumbo financiero de Cuba acaba de tomar un matiz sorprendente en los propios espacios de la televisión oficialista. Un alto directivo del Banco Central de Cuba (BCC) ha roto el discurso de la resistencia tradicional para admitir de forma abierta que las viejas estrategias estatales ya no surten efecto. Según su criterio, el entramado financiero de la nación requiere urgentemente una reestructuración absoluta desde sus cimientos si es que verdaderamente se aspira a una reactivación.
Este planteamiento corrió a cargo de Ian Pedro Carbonell Karell, quien se desempeña como director de la Dirección de Políticas Macroeconómicas del BCC y también ocupa un escaño como diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular. El funcionario aprovechó los micrófonos del espacio televisivo «Cuadrando la Caja», transmitido por el Canal Caribe, para desmenuzar el impacto del paquete de reformas económicas que recibió luz verde gubernamental la semana pasada.
Durante su intervención, Carbonell Karell no maquilló la realidad y dejó una contundente reflexión sobre las proyecciones financieras que ensombrecen el panorama nacional: «Las previsiones del producto interno bruto son bastante negativas, incluidos los recientes pronósticos que hizo CEPAL. Efectivamente, estamos en presencia de una situación de crisis. En mi opinión, más allá de administrar la crisis, se trata de transformar la forma en que funciona la economía para poder frenar la crisis, recuperarnos y salir de ella». En otro momento del debate, el especialista fue todavía más incisivo al remarcar que la isla tiene el deber ineludible de ejecutar modificaciones profundas en sus estructuras financieras y diseñar herramientas capaces de propiciar el valor y la generación de riquezas reales.
Este baño de realidad frente a las pantallas se produce en un contexto sumamente tenso, apenas unos días después de que la Asamblea Nacional ratificara, el pasado 18 de junio, un paquete compuesto por 176 regulaciones distribuidas en 23 directrices estratégicas. Dicho plan contempla giros significativos dentro de la ortodoxia estatal, abriendo camino a la banca privada, el funcionamiento de casas de cambio operadas por particulares, la inyección de capital extranjero directamente en el sector privado cubano y el paulatino desmantelamiento de los subsidios universales.
Para justificar la urgencia de estas medidas, el directivo del Banco Central describió una radiografía macroeconómica alarmante. La tormenta perfecta que asfixia a la isla incluye una notable disminución en el envío de remesas por las vías institucionales, un freno en las exportaciones, el desinterés de los inversionistas foráneos y un nulo margen para captar créditos en el extranjero. Todo esto convive con una emisión de dinero desmedida por parte del Estado, un déficit fiscal que amenaza con escalar hasta los 74,500 millones de pesos a lo largo de este 2026 y un escenario cambiario caótico con múltiples tasas paralelas y una moneda nacional sin valor de conversión real.
Los números que manejan las entidades internacionales respaldan la alarma del funcionario. La CEPAL augura un desplome del 6.5% en el PIB de Cuba para este año 2026, consolidando a la isla con el peor rendimiento de toda América Latina, una región que en promedio avanzará un 2.2%. No obstante, los análisis independientes muestran un pesimismo aún mayor. Mientras la entidad Economist Intelligence Unit calcula que la contracción será del 7.2%, el reconocido economista cubano Pedro Monreal advierte de forma más drástica que el desplome general de la economía podría rozar un preocupante 15%.
A pesar de la gravedad del diagnóstico, Carbonell Karell defendió la relevancia de las finanzas y la banca como «un elemento transversal» y totalmente vital para garantizar que este nuevo paquete de reformas no quede en letra muerta. Asimismo, se apuró en aclarar ante la audiencia que este histórico viraje en las políticas monetarias no pretende bajo ningún concepto un abandono del modelo socialista.
Sin embargo, el verdadero reto de estas medidas radica en la monumental maquinaria burocrática del país. Carlos Miguel Pérez Reyes, diputado y líder de la comisión enfocada en las mipymes, alertó sobre los obstáculos técnicos del proceso, detallando que poner en marcha estas reformas obligará a modificar unas 81 normativas de alto rango y reescribir miles de apartados y resoluciones internas, una metamorfosis legislativa que impactará directamente sobre la actividad de más de 5,000 actores económicos en el país.
El escepticismo sobre la capacidad real del gobierno para ejecutar estos cambios con éxito quedó resumido en las palabras de Rafael Montejo, directivo del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana. El académico fue categórico al señalar el peligro principal que acecha a este plan de choque estatal: «No hay varitas mágicas en economía, sin duda va a llevar un esfuerzo tremendo, sobre todo de implementación. El riesgo fundamental que corremos es sobre todo la implementación».
