El contraste entre Miami y Ciudad de México revela un mapa político fragmentado en torno a Cuba. En Estados Unidos, los congresistas cubanoamericanos presionan para cerrar aún más el cerco económico con la expectativa de forzar un desenlace político.
En México, el gobierno insiste en que las sanciones agravan el sufrimiento social y apuesta por mantener canales de apoyo humanitario y energético.
Ambas posturas coinciden en un punto: la situación interna de la isla ha dejado de ser un asunto exclusivamente doméstico y se ha convertido en un eje de disputa regional.
Cuba volvió a colocarse este lunes en el centro del debate político a ambos lados del Golfo de México, con un cruce de declaraciones que refleja dos visiones opuestas sobre cómo debe abordarse la crisis que atraviesa la isla. En Miami, congresistas cubanoamericanos intensificaron su presión sobre la administración de Donald Trump para endurecer aún más las sanciones contra el régimen. En Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el envío de ayuda humanitaria y calificó de injustas las medidas estadounidenses contra los países que suministran petróleo a La Habana.
Desde Washington, el congresista Carlos Giménez lanzó una advertencia directa al gobierno cubano y un mensaje explícito al pueblo de la isla.
A través de sus redes sociales, afirmó que Trump no tolerará una represión similar a la ocurrida durante las protestas del 11 de julio de 2021 y sugirió que un nuevo estallido social encontraría un respaldo distinto por parte de Estados Unidos. Giménez ha acompañado ese discurso con una ofensiva política más amplia, que incluye cartas a aerolíneas comerciales para que suspendan vuelos a Cuba, bajo el argumento de que esas operaciones sostienen financieramente a un régimen aliado de adversarios estratégicos de Washington.
🚨#SOSCuba El Presidente Trump no va a tolerar la represión del régimen en #Cuba como lo hizo la patética administración de Joe Biden en el 2021.
Otro gallo cantará cuando nuestros hermanos en la isla salgan a la calle como se hizo aquel histórico 11 de julio.
¡Patria y Vida!— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 9, 2026
Ese planteamiento se inserta en una estrategia compartida con otros legisladores cubanoamericanos. Según reportes recogidos en la prensa estadounidense, Giménez y Mario Díaz-Balart pidieron a Trump aplicar una política de tolerancia cero y máxima presión, convencidos de que el sistema de poder en la isla atraviesa su momento de mayor fragilidad en décadas. Ambos sostienen que la pérdida de suministros petroleros y el deterioro económico han dejado al gobierno cubano sin margen de maniobra, y que una escalada de sanciones podría acelerar un cambio político sin necesidad de intervención militar directa.
Díaz-Balart reforzó ese mensaje con declaraciones propias en las que aseguró que el régimen nunca ha estado tan débil. El legislador vinculó esa debilidad a decisiones recientes de la Casa Blanca y advirtió que Washington no está dispuesto a convivir con un gobierno que considera hostil a escasa distancia de su territorio.
En la misma línea, la congresista María Elvira Salazar pidió abiertamente no viajar a Cuba y describió a un régimen en sus últimas horas como impredecible y peligroso, citando el colapso de servicios básicos y la incertidumbre en el transporte aéreo.
Mientras en Miami se consolidaba ese bloque de presión, en México el debate tomó un rumbo inverso. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó públicamente las sanciones estadounidenses contra los países que exportan petróleo a Cuba y anunció que su gobierno trabaja por la vía diplomática para retomar esos envíos. En su conferencia matutina, sostuvo que las medidas terminan afectando a la población y defendió la continuidad de la ayuda humanitaria mexicana, que incluye alimentos y otros suministros básicos.
Sheinbaum enmarcó su postura en una tradición de política exterior basada en la no intervención y la solidaridad regional. Recordó que México ya realizó envíos de asistencia a la isla y afirmó que mantener ese apoyo no implica avalar políticamente al gobierno cubano. Al mismo tiempo, reconoció que su administración busca evitar sanciones comerciales de Washington mientras explora mecanismos para sostener la cooperación energética con La Habana.
Esa posición generó una reacción inmediata dentro de la política mexicana. La diputada América Rangel criticó con dureza a Sheinbaum y cuestionó que se presente la situación cubana como una emergencia humanitaria comparable a un desastre natural.
En sus publicaciones, atribuyó la crisis al sistema político de la isla y sostuvo que la ayuda externa termina beneficiando a las estructuras de poder del régimen más que a la población.
Tanto esfuerzo de Claudia Sheinbaum por ayudar a la isla fue agradecido públicamente por Miguel Díaz-Canel, quien destacó el envío desde México de más de 800 toneladas de alimentos y productos básicos como gesto de solidaridad.
Sin embargo, ese agradecimiento desató una ola de críticas en redes sociales de cubanos y mexicanos que cuestionaron la dependencia estructural del régimen de la ayuda externa. Muchos usuarios expresaron cansancio por un sistema que, según dijeron, no logra sostener la economía del país y dudaron de que la asistencia llegue realmente a la población. También surgieron reproches desde México de ciudadanos que rechazaron destinar recursos públicos a apoyar a un gobierno extranjero.
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El contraste entre Miami y Ciudad de México revela un mapa político fragmentado en torno a Cuba. En Estados Unidos, los congresistas cubanoamericanos presionan para cerrar aún más el cerco económico con la expectativa de forzar un desenlace político. En México, el gobierno insiste en que las sanciones agravan el sufrimiento social y apuesta por mantener canales de apoyo humanitario y energético. Ambas posturas coinciden en un punto: la situación interna de la isla ha dejado de ser un asunto exclusivamente doméstico y se ha convertido en un eje de disputa regional.
Ese cruce de agendas ocurre en un momento en que la crisis energética y económica cubana impacta directamente en la movilidad, el turismo y la vida cotidiana de millones de personas. Las decisiones que se adopten en Washington y en capitales latinoamericanas no se discuten en abstracto: tienen efectos inmediatos sobre el flujo de combustible, los vuelos comerciales y la estabilidad social dentro de la isla. Por eso, más allá de la retórica, el debate en Miami y en México se está librando sobre consecuencias concretas que ya se sienten en el terreno.
