El reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido artísticamente como El Chulo, fue detenido el jueves 22 de enero de 2026 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, en un arresto atribuido a una vieja orden de deportación que habría quedado activa desde años atrás.
La información comenzó a circular a partir de capturas del localizador de detenidos de ICE compartidas en redes sociales y fue confirmada después por voces del entorno mediático del exilio cubano, como El Martí to Durako, mientras las autoridades no divulgaban públicamente detalles sobre el lugar exacto de reclusión ni sobre los próximos pasos del caso.
Rápidamente, comunicadores e influencers cubanos como lo son Niover Licea, de Nio Reportando un crimen, y el periodista Mario J. Pentón la reprodujeron en sus plataformas.
El episodio reabre un expediente que, aunque se ha contado por partes durante años, vuelve ahora con fuerza por el componente migratorio. En septiembre de 2018, América TeVé reportó que su detención de entonces no respondía a un nuevo delito, sino a un problema con su estatus, y situó en el centro de su vulnerabilidad un caso penal previo en el condado de Hillsborough, en Tampa, en 2016: documentos públicos citados por ese medio describían una condena vinculada a agresión y a un intento de asesinato contra un oficial. En perfiles y reseñas posteriores, se ha repetido que en ese período enfrentó cargos por disparar contra un oficial y que el caso fue determinante en su situación migratoria.
A ese antecedente se sumaron otros tropiezos públicos. En julio de 2024, Cuballama informó que El Chulo anunció que se entregaría ante autoridades del Precinto 14 de Nueva York por una supuesta acusación de asalto, en un contexto de altercado con otro artista del circuito urbano. Más atrás, también quedó documentada su mención en un incidente relacionado con el músico opositor Gorki Águila, citado como “agresión” por reportes de prensa de Miami, aunque sin que esa referencia, por sí sola, explicara un giro migratorio inmediato.
Con su arresto, El Chulo pasa a ser, en términos de impacto mediático, el tercer nombre del entorno del reparto asociado a detenciones o procesos después de Chocolate MC y El Insurrecto. En su caso, y en el caso de El Insurrecto, con ICE de por medio. CiberCuba y Diario Las Américas han reportado que El Insurrecto quedó bajo custodia de inmigración tras un accidente de tráfico en Fort Myers, con versiones que apuntan a una posible conducción bajo efectos del alcohol y posteriores traslados entre centros de detención.
Chocolate MC, por su parte, carga con un prontuario penal más explícito en documentos judiciales y coberturas locales, aunque no tiene una retención migratoria fijada. El llamado Rey de todos los reparteros, fue acusado en 2025 de secuestro con arma de fuego y robo a mano armada tras un incidente en Opa-locka, y terminó además condenado en noviembre de 2025 por solicitar un asesinato en primer grado y por amenazas escritas de matar o causar daño corporal, en un caso vinculado a publicaciones en redes. Aun así, y a pesar de su extenso prontuario, no existe un cuadro claro de “retención migratoria” vigente: en mayo de 2025, el abogado de inmigración Willy Allen llegó a afirmar públicamente que, tras una fianza en corte criminal, el DHS no lo recogió y ICE tampoco lo detuvo.
En ese clima de endurecimiento y de exhibición pública de detenciones y posibles detenciones, tras revelarse un memorando interno de ICE que estaría instruyendo a sus agentes a ejecutar arrestos domiciliarios con órdenes administrativas en casos de deportación final —una práctica legalmente discutida y cuestionada por expertos—, el mensaje que se proyecta hacia la comunidad migrante es de vigilancia permanente y de castigo ejemplar. Ya no se trata solo de ejecutar expedientes antiguos, sino de demostrar que el alcance de la autoridad puede traspasar incluso el umbral del hogar.
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En ese escenario, cada nombre con antecedentes vuelve a colocarse bajo sospecha, y cada arresto funciona como advertencia colectiva: el pasado, por lejano que parezca, puede regresar en cualquier momento; así que nadie se asombre si en el radar de “posibles próximos” – y esto no es un augurio ni un mal de ojo ni una letra que le tiramos encima a nadie – aparece otro cantante cubano: Yakarta, nombre artístico del cubano Luis Javier Prieto Cedeño, un caso que se ha vuelto recurrente en la prensa local de Florida por su historial de arrestos, aunque actualmente no consta como detenido.
En los últimos años su nombre ha salido ligado a expedientes por delitos de robo y fraude: medios como Telemundo 51 y Univision reportaron en 2024 un arresto asociado a presuntos delitos financieros y acusaciones como robo de identidad/posesión fraudulenta de múltiples identidades, robo y allanamiento de morada, y reseñaron además antecedentes previos por robos captados en cámaras y comparecencias en corte.
Hay coberturas que recuerdan un caso anterior de violencia doméstica por estrangulamiento que se remonta a 2019, otra pieza que, más allá del impacto mediático, suele tener peso cuando un artista enfrenta revisiones migratorias tras nuevas detenciones. Si el patrón que ya se vio con otros nombres del reparto se repite, Yakarta queda como un “candidato” obvio a volver a caer en manos de las autoridades —y, dependiendo de su estatus y de cómo evolucionen sus causas, a terminar también bajo custodia de ICE.
El caso de El Chulo queda ahora atado a una pregunta concreta: si la orden antigua se ejecutará hasta el final o si su defensa logrará reabrir el tablero legal. Por ahora, lo único verificable es lo más básico: ICE lo tiene, la orden venía de atrás y el pasado penal que parecía archivado volvió a mandar.
