La muerte de Geraldo Lunas Campos, un cubano de 55 años detenido por ICE, ya no se investiga como un episodio confuso dentro de un centro de detención: la autopsia del condado de El Paso la clasifica como homicidio. El informe del médico forense concluye que Lunas Campos murió por asfixia provocada por compresión en el cuello y el torso, en un contexto de inmovilización física, y describe lesiones compatibles con forcejeo, incluidas abrasiones y hemorragias en el cuello.
Lunas Campos falleció el 3 de enero de 2026 en Camp East Montana, un complejo de carpas levantado en el desierto dentro de los terrenos de Fort Bliss, en El Paso, que ha sido señalado en las últimas semanas por la sucesión de muertes bajo custodia y por la opacidad de su funcionamiento. Su caso, además, quedó atrapado desde el inicio entre versiones oficiales cambiantes y testimonios de detenidos que describen un final mucho más violento que el relatado por las autoridades.
La Associated Press recogió el relato de un testigo que dijo haber visto a Lunas Campos esposado mientras al menos cinco guardias lo sujetaban contra el suelo y uno de ellos le rodeaba el cuello con el brazo, apretando hasta que perdió el conocimiento. Esa narración, muy similar a lo ocurrido en la muerte de George Floyd, y que ya había puesto el foco sobre la forma de la contención física, encaja ahora con lo que sostiene el dictamen forense: que dejó de responder mientras era restringido y que los hallazgos —incluidas petequias, típicas de muertes por asfixia en determinados contextos— apoyan ese mecanismo de muerte.
La nueva conclusión forense contradice de manera frontal la explicación pública que el gobierno federal fue ajustando a medida que el caso ganaba atención. En una primera comunicación, ICE habló de “malestar” o “distress” observado en el área de segregación, sin mencionar un enfrentamiento con guardias; días después, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Lunas Campos habría intentado suicidarse y que, durante el forcejeo al intervenir, dejó de respirar. La autopsia no respalda el supuesto intento de suicidio y centra el origen de la muerte en la compresión ejercida por otros.
El caso también vuelve a colocar el foco sobre Camp East Montana, concebido para convertirse en el mayor centro de detención migratoria del país y operado mediante un entramado de contratistas, con preguntas abiertas sobre quiénes eran exactamente los guardias presentes en el momento de la muerte y qué jurisdicción puede investigar a fondo un fallecimiento ocurrido dentro de una base militar. En el plano político, la congresista demócrata Veronica Escobar ha exigido preservación de pruebas, transparencia y rendición de cuentas, incluyendo el reclamo de que no se deporte a potenciales testigos antes de que declaren.
El Texas Tribune señala que «ICE ha registrado cuatro muertes en los últimos dos meses en centros de detención de todo Texas, tres de ellas en Camp East Montana.»
«La primera muerte en Camp East Montana ocurrió el 3 de diciembre cuando Francisco Gaspar-Andrés, un guatemalteco de 48 años, falleció por lo que ICE dijo en un comunicado de prensa que era insuficiencia hepática y renal», y destaca que «el forense de El Paso está investigando su muerte y hay una autopsia pendiente.»
En paralelo, el propio DHS ha intentado enmarcar el caso subrayando el historial penal de Lunas Campos en Nueva York, donde registros judiciales citados por medios estadounidenses lo vinculan a condenas previas. Ese énfasis, sin embargo, no altera el corazón del hallazgo forense: un detenido bajo custodia federal murió por asfixia durante una restricción física, y el dictamen oficial del médico forense lo clasifica como homicidio.
La confirmación forense llega, además, en un momento particularmente contaminado para ICE y para su red de centros de detención, con una seguidilla de denuncias por maltrato, uso de fuerza y muertes bajo custodia que se han acumulado desde finales de 2025 y que explotaron en las primeras semanas de 2026.
Ese clima de sospecha no se limita a lo que ocurre “dentro” de los campamentos, que no son pocos y la comunidad cubana tiene un referente cercano en el mal llamado Alligator Alcatraz, donde los detenidos hasta se han sublevado. En paralelo, ICE enfrenta un costo político creciente por incidentes en la calle, fuera de los centros, y el caso que más ha encendido el debate en enero es la muerte de Renée Nicole Good en Minnesota, una ciudadana estadounidense abatida por un agente federal en medio de un operativo, un episodio que derivó en protestas, versiones enfrentadas sobre lo ocurrido y una batalla abierta por quién investiga y con qué transparencia.
El impacto fue tal que, dentro del propio Partido Demócrata, volvió a activarse una discusión que parecía latente y que ahora reaparece con fuerza: condicionar fondos y exigir límites operativos a ICE.
En Washington, legisladores demócratas han amenazado con bloquear o votar contra la financiación del Departamento de Seguridad Nacional si el paquete no incluye reformas y restricciones, y en Minnesota el fiscal general Keith Ellison anunció una demanda contra el gobierno federal para frenar el incremento de operativos y la presencia de agentes en el estado tras el caso Good.
En ese contexto, el dictamen que clasifica como homicidio la muerte de un cubano bajo custodia en El Paso no entra como una noticia aislada, sino como un capítulo más dentro de una crisis nacional de rendición de cuentas: detención, uso de fuerza, versiones oficiales cambiantes y una presión política que ya no se queda en redes, sino que se está traduciendo en litigios y en votos.
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