El cierre de 2025 quedó marcado en Cuba por una sucesión de feminicidios ocurridos en apenas unos días. Cuatro mujeres, de edades y provincias distintas, fueron asesinadas entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre, elevando a 45 el número de crímenes machistas registrados en el año por organizaciones independientes. Más allá del conteo, los casos recientes vuelven a colocar en primer plano una pregunta incómoda: qué tan prevenibles eran estas muertes y qué falló antes de que ocurrieran.
Las víctimas fueron Yinet Labañino Acosta, de 40 años; Rosa Idania Ferrer Pérez, de 46; Heidi García Orosco, de 17; y Elianne Reyes Gómez, de 26. Los hechos fueron confirmados por el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas y por la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que desde hace años documentan feminicidios ante la ausencia de estadísticas oficiales completas y transparentes.
Aunque cada historia tiene su propio contexto, los patrones se repiten. En todos los casos, el agresor era una persona cercana, generalmente la pareja o expareja. En todos, el crimen ocurrió dentro del hogar. Y en varios, existen señales previas de violencia que no derivaron en una protección efectiva para las víctimas.
🖤Lamentamos 1️⃣ nuevo feminicidio en Cuba, de la maestra Yinet Labañino Acosta, de 40 años, sucedido el pasado 8 de diciembre en su hogar en Cabacú, en el municipio de Baracoa, en Guantánamo.
El presunto agresor también asesinó al esposo de Yinet, de 48 años, por asuntos… pic.twitter.com/WN5rhxapg9— Alas Tensas (@AlasTensas) December 11, 2025
El caso de Yinet Labañino Acosta, asesinada en su vivienda en la localidad de Cabacú, Baracoa, es especialmente revelador. Según información publicada por Martí Noticias a partir de fuentes locales, el agresor se encontraba en libertad condicional al momento de cometer el crimen.
En el mismo hecho fue asesinado también el compañero sentimental de Yinet. Este dato convierte el caso en uno de los pocos donde se menciona de manera explícita una situación penal previa del agresor, y abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y evaluación del riesgo cuando existen antecedentes y medidas de excarcelación.
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En Palmira, Cienfuegos, la enfermera Rosa Idania Ferrer Pérez fue asesinada el 30 de noviembre por su pareja, Arisbel Suárez, conocido como “Felipillo”. Familiares y personas cercanas declararon a Alas Tensas que el agresor tenía antecedentes de violencia doméstica y comunitaria, un historial conocido en el entorno. Sin embargo, no existen registros públicos que confirmen si esas conductas derivaron en denuncias formales previas, procesos judiciales o sanciones efectivas. La ausencia de esa información vuelve a mostrar un vacío recurrente: se sabe que había violencia, pero no se sabe qué hizo el sistema con ese conocimiento.
El feminicidio de la adolescente Heidi García Orosco, ocurrido el 5 de diciembre en Jovellanos, Matanzas, confirmó otra tendencia alarmante. Tenía 17 años, regresaba de la escuela y aún llevaba puesto su uniforme cuando fue asesinada por su novio dentro de su casa. El agresor huyó y horas después fue entregado a la policía por su propio padre. En este caso, no hay información pública sobre antecedentes penales ni denuncias previas, pero el hecho de que se trate de una menor vuelve a subrayar la normalización de relaciones violentas desde edades tempranas y la falta de herramientas institucionales para detectarlas y frenarlas a tiempo.
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Dos días después, en Madruga, Mayabeque, fue asesinada Elianne Reyes Gómez, una joven madre atacada por su pareja dentro de su vivienda. Su hija quedó al cuidado de familiares. Al igual que en otros casos, no se han divulgado datos sobre denuncias anteriores o antecedentes del agresor, lo que no significa que no existieran, sino que no son accesibles públicamente.
Las organizaciones que documentan estos crímenes insisten en que el problema no es solo la violencia individual, sino un entramado institucional que falla de forma sistemática. Cuba no cuenta con una ley integral contra la violencia de género, no reconoce el feminicidio como delito autónomo y carece de refugios y protocolos públicos accesibles para mujeres en riesgo. Tampoco existen estadísticas oficiales desagregadas que permitan evaluar cuántas víctimas habían denunciado antes, cuántos agresores tenían antecedentes o cuántos crímenes ocurrieron bajo regímenes de libertad condicional.
En ese contexto, cada feminicidio parece un hecho aislado solo en el discurso oficial. En la realidad, forman parte de una secuencia previsible donde las alertas no activan protección y la violencia avanza hasta el punto de no retorno. Mientras esas fallas estructurales persistan, los nombres seguirán sumándose a la lista, y la pregunta no será cuántos casos se registran, sino cuántos pudieron evitarse.
