El Ministerio del Interior (MININT) redobló esta semana su cruzada contra los circuitos financieros paralelos y puso en la mirilla a dos cubanos radicados en Estados Unidos y España, a quienes presenta como presuntos “financistas” de un engranaje que desviaba remesas y montaba pasarelas de pago al margen del sistema estatal.
De acuerdo con lo difundido por Canal Caribe, la tesis oficial sostiene que ambos formaban parte de una estructura capaz de mover cientos de millones de pesos cada semana, un volumen que —según La Habana— impacta de forma directa la estabilidad económica del país. La pesquisa se agrupa en el expediente 862/2025, instruido en Santa Clara, donde la Dirección Técnica de Investigaciones dice haber desarticulado una red que operaba mediante un esquema de “compensación ilegal de finanzas”.
¿Cómo funcionaba? Los “financistas” —uno desde EE. UU. y otro desde España— pactaban con titulares de formas de gestión no estatal para honrar pagos a proveedores en el exterior; dentro de Cuba, intermediarios entregaban el equivalente en pesos a familiares y receptores de remesas sin pasar por los canales oficiales. En territorio nacional, un gestor articulaba la recogida del efectivo generado por mipymes y lo irrigaba a través de una cadena que, según el parte televisivo, alcanzaba enclaves de Sancti Spíritus (área de Trinidad) y Las Tunas. Allí, otros actores asumían el traslado y la entrega del dinero, abriendo nuevas subredes para la distribución.
Los investigadores hablan de “enriquecimientos millonarios” y de comisiones entre el 8 % y el 12 % sobre cada envío y sobre el precio final de productos vendidos por particulares. Aseguran que los participantes “burlan las leyes” de Cuba y de terceros países, que estas prácticas “afectan los programas de desarrollo económico” y que repercuten en la economía doméstica. Aunque el MININT insiste en que no se trata de un “enfrentamiento contra las formas de gestión no estatal”, advierte que la expansión del sector privado ha servido de caldo de cultivo para mecanismos que operan fuera del banco estatal.
La ofensiva llega acompañada del libreto habitual: la institución encuadra estas tramas como “modalidades de la guerra económica impuesta por el gobierno de Estados Unidos” y afirma que ya hay diez personas con procesos penales abiertos, varias bajo prisión provisional. El cerco no se limita a Villa Clara. En Pinar del Río —expediente 1021/2025—, las autoridades describen un punto doméstico de compraventa de divisas a tasa informal con dos ayudantes: uno para llevar efectivo a zonas lejanas y otro encargado de publicitar los “servicios” en redes. En La Habana, un tercer caso, más voluminoso, se ubica en 10 de Octubre y, según la versión oficial, conecta con mipymes que demandaban grandes volúmenes de CUP y divisas para sostener operaciones.
El MININT asegura que hay más de un centenar de investigaciones en curso, en medio de una triple crisis —económica, energética y epidemiológica— agravada tras el paso del huracán Melissa. El objetivo declarado: “preservar el orden y la tranquilidad” y reconducir los flujos financieros para que “tributen al interés social y común”. En línea con esa narrativa, el gobierno insiste en que estos circuitos explican por qué por los canales estatales entra “menos del 10 %” de las remesas.
La otra lectura, sin embargo, es menos complaciente: críticos y economistas independientes apuntan que la proliferación de estas redes refleja el colapso de la banca, las demoras interminables y la baja confianza en los mecanismos oficiales. Para miles de familias, dicen, los circuitos informales son la única vía que garantiza rapidez, tasa competitiva y disponibilidad. Mientras el expediente penal avanza, la campaña pública contra los “financistas” de la diáspora los presenta como una red que “saquea” el dinero de los emigrados. Para buena parte de la población, en cambio, el Estado intenta recuperar el control de un mercado que perdió hace años.
