El misterio sobre el paradero de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, el amigo de “El Cangrejo” que había desaparecido de los registros de ICE, quedó finalmente despejado: un juez federal en Nevada ordenó su liberación a inicios de noviembre y, según documentos judiciales, estuvo a punto de concederle la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. La operación solo se frenó porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se opuso a entregarle la codiciada Green Card, lo que convierte este caso en un nuevo foco de tensión entre el exilio cubano y las autoridades estadounidenses.
Rodríguez Cabrera no es un migrante cualquiera. Excorreo diplomático del MINREX, aparece en fotos y videos a bordo de un yate junto a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto y jefe de seguridad de Raúl Castro.
En otra imagen se le ve con el propio Raúl durante una visita a Nueva York. Pese a ese historial de privilegios, en 2022 cruzó la frontera sur de Estados Unidos alegando persecución política y solicitó asilo. Después se estableció en Las Vegas y encabezó Gran Azul LLC, una empresa de envíos y servicios a Cuba que creció “como la espuma”, en medio de sospechas sobre el origen de su capital.
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En junio de 2025 fue detenido y trasladado al Nevada Southern Detention Center. Activistas y periodistas, entre ellos Mario J. Pentón y el investigador Luis Domínguez, siguieron de cerca el caso. Hace unas semanas, ambos alertaron de que su nombre había desaparecido del localizador público de ICE, mientras el expediente de asilo continuaba abierto en la Corte de Inmigración de Las Vegas. En ausencia de versiones oficiales, se multiplicaron las hipótesis: desde una deportación silenciosa hasta un traslado a otro centro.
La publicación de documentos de la corte federal cambió el guion. El juez Richard Franklin Boulware II decidió su liberación a través de un Habeas Corpus, después de que la poderosa firma de abogados Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt, P.A. lograra convencerlo de que su pasado como funcionario del régimen no bastaba para mantenerlo detenido, señala Martí Noticias. Boulware fue más lejos: consideró que el cubano cumplía los requisitos para ajustar su estatus y obtener la residencia, pero el gobierno federal se plantó. No habrá Green Card, al menos por ahora.
Pero… ¿quiénes son Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt, P.A.?
Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt, P.A. es, sin exageración, una de las firmas de abogados más prestigiosas e influyentes de Estados Unidos en materia migratoria. Su nombre aparece constantemente en litigios de alto impacto, en manuales de referencia y en casos donde está en juego no solo el estatus migratorio de una persona, sino la interpretación misma de la ley.
Su figura central es Ira J. Kurzban, quizá el abogado de inmigración más conocido del país. Es autor del Kurzban’s Immigration Law Sourcebook, el libro que utilizan jueces, fiscales, defensores públicos y abogados privados como la guía definitiva del derecho migratorio en EE.UU. Ese dato por sí solo explica parte del peso que tiene el bufete: cuando una firma está asociada a la obra que literalmente estructura la práctica legal de un campo entero, su prestigio se vuelve estructural.
La firma ha litigado en cortes federales de circuito, en múltiples distritos y, en algunos casos, ante la Corte Suprema. Sus abogados suelen asumir expedientes complejos: deportaciones con argumentos constitucionales, Habeas Corpus, litigios por detención prolongada, casos con clasificación de seguridad nacional, apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional.
Además, tienen una reputación particular en la comunidad cubanoamericana, porque a lo largo de décadas han llevado casos de exiliados, opositores, solicitantes de asilo, artistas, empresarios y figuras públicas que se han visto atrapadas en litigios complicados. Al mismo tiempo, el bufete es conocido por aceptar clientes polémicos: personas con vínculos con regímenes autoritarios o con perfiles políticamente sensibles, lo que explica por qué, en casos como el de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, su nombre enciende tantas alertas.
Entre sus abogados también destacan John Pratt, Edward Ramos y Elizabeth Montano, especialistas en litigación federal y apelaciones. La firma tiene presencia en Miami, pero opera a nivel nacional y suele obtener permisos especiales para litigar en estados donde no están radicados oficialmente, como hicieron en Nevada para el caso del amigo de El Cangrejo.
Sus detractores critican que, al ser un bufete de élite, los honorarios son altos y, por tanto, solo accesibles para clientes con recursos considerables o con apoyo financiero externo. Sus defensores, en cambio, sostienen que pocas firmas tienen la capacidad técnica y la experiencia para enfrentarse al gobierno federal con argumentos sólidos y posibilidades reales de ganar.
En cualquier escenario, cuando Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt aparece en un expediente, el mensaje es claro: el caso no es menor. Y cuando un recién llegado a EE.UU. logra poner en su defensa a una firma de ese calibre, la pregunta inevitable es de dónde salen los recursos, las conexiones y el interés que lo rodea.
¿Cómo es posible que, en apenas dos años de haber cruzado la frontera sur de Estados Unidos, un recién llegado logre montar una agencia de viajes y envíos con presencia en varias ciudades, mover volúmenes considerables de mercancías hacia Cuba, contratar publicidad con algunos de los influencers cubanos más poderosos y, cuando cae preso, ser representado nada menos que por una firma poderosa, influyente y especializada en litigios migratorios complejos como Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt, P.A.?
La pregunta no es retórica ni insidiosa: es el corazón del desconcierto que ha despertado el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera. Historias de éxito de inmigrantes hay muchas: desde empresarios que comenzaron lavando platos hasta llegar a abrir cadenas de restaurantes, pasando por programadores que dormían en sofás antes de fundar start-ups millonarias.
El propio sur de Florida está lleno de narrativas de cubanos que levantaron negocios desde cero y prosperaron con disciplina y constancia. Pero incluso en esos casos, el ascenso suele tomar tiempo: cinco, diez, quince años de trabajo, préstamos, fracasos y reinvenciones.
Que alguien recién establecido, sin trayectoria empresarial previa en Estados Unidos y con el estigma de un proceso de asilo en curso, logre en dos años una expansión meteórica, capital suficiente para abrir sedes en múltiples estados y una red de promoción que involucra a figuras de alto impacto en redes sociales, es algo que rebasa los patrones normales del emprendimiento migrante. La velocidad y la escala del crecimiento de Gran Azul LLC contradicen la experiencia común del recién llegado, incluso de quienes llegan con recursos o formación profesional sólida. No implica necesariamente un delito, pero sí obliga a preguntarse por los recursos, las conexiones y la procedencia del capital que hicieron posible semejante aceleración.
La revelación de todo esto encendió las redes. En Facebook, Pentón recordó que “los beneficios migratorios de Estados Unidos son para las víctimas del castrismo, no para privilegiados con conexiones a la cúpula represiva”, y los comentarios se llenaron de reproches a un sistema que, según muchos usuarios, castiga a solicitantes con I-220A mientras abre la puerta a personas que gozaron de lujos junto a la familia Castro. Algunos ironizaban con que “los comunistas tienen residencia y los perseguidos siguen presos”, otros reclamaban coherencia a Washington.
El caso escaló rápidamente al terreno político. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar publicó en X una captura de la noticia de Martí Noticias y pidió formalmente al DHS que investigue el expediente “lo antes posible”. “Los beneficios migratorios de Estados Unidos son para las víctimas del castrismo, NO para privilegiados con conexiones a la cúpula represiva que viven entre lujos y poder mientras el pueblo cubano sufre”, escribió, agradeciendo a Pentón y al medio por exponer “estos abusos”.
Con Jorge Javier Rodríguez Cabrera en libertad, sin claridad sobre su futuro migratorio inmediato y con una congresista presionando públicamente al Departamento de Seguridad Nacional, el expediente del amigo de El Cangrejo deja de ser un simple caso de asilo y se convierte en símbolo de una batalla más amplia: quién merece realmente la protección de Estados Unidos y quién está aprovechando las grietas del sistema.
