La activista cubana Tania Tassé, conocida en redes como Las Taniadas, lleva semanas lanzando un mismo mensaje desde sus perfiles: en Cuba se está desarrollando una crisis epidemiológica que el gobierno se niega a reconocer, mientras hospitales, policlínicos, funerarias y cementerios operan al límite. Sus denuncias, amplificadas por la página NiO Reportando un Crimen, dibujan un escenario de colapso sanitario y encubrimiento institucional que contrasta de forma frontal con los partes oficiales del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
Tassé no empezó ahora. El 25 de octubre publicó un llamado de auxilio donde aseguraba que desde la isla le pedían “acción”, no remesas ni paquetes, y proponía una movilización simultánea de la diáspora frente a embajadas cubanas para exigir la declaración de una emergencia sanitaria. “Nuestros hermanos en Cuba nos están pidiendo ACCIÓN. Porque ellos solos no pueden.
Están muriendo”, escribió entonces, fijando en su perfil la idea de que el país atraviesa algo más que un brote estacional de virus.
En los días siguientes, la activista difundió un testimonio especialmente grave sobre el policlínico Pedro Borrás Astorga, en Pinar del Río.
Según fuentes internas citadas por ella, el personal de laboratorio de todos los policlínicos de la provincia habría recibido la orden, “desde muy arriba”, de botar las muestras de sangre de pacientes con síntomas de arbovirosis. El mecanismo, según esa denuncia: se extrae la sangre, se promete un resultado en siete días, y una semana después el paciente recibe un “negativo” en su consultorio, si es que sigue vivo para escucharlo. El objetivo, sostiene Tassé, sería impedir que se conozca el número real de infectados y de fallecidos por estas enfermedades. El oficialismo, a través del portal De Pinar Soy, lo desmintió.
La acusación se refuerza con testimonios que hablan de varios decesos de personas jóvenes solo en un barrio, de funerarias donde se han llegado a ver 17 cadáveres en un día y de personal sanitario presionado para callar bajo amenaza de represalias. Las descripciones coinciden con un patrón que otros ciudadanos han contado en redes: casas donde “todo el mundo está con el virus”, hospitales sin medicamentos básicos y diagnósticos genéricos que evitan nombrar el agente causal.
Preocupada por la magnitud de lo que le llegaba, Tassé consultó con un científico del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM), con más de 30 años de experiencia. La respuesta, relatada por ella, fue lapidaria: “Todo lo que te han contado, multiplícalo y exagéralo, y aún te quedas corta. Lo que está pasando es muy grave, nunca se ha visto antes y va a ponerse aún peor”.
Ese especialista, cuya identidad no se revela por motivos de seguridad, habría detallado que el día en que La Habana reportó “cero fallecidos por virus” en toda la ciudad, solo en la manzana donde está el INHEM murieron nueve personas. Indicó además que los procesos respiratorios agudos que están viendo no encajan con dengue, zika ni los cuadros típicos de otros virus conocidos, y que en el propio instituto hay un número importante de trabajadores enfermos.
El dato más sensible de ese relato apunta a la muerte del director del INHEM, ocurrida el 1 de noviembre de 2025 y mencionada de forma discreta en un sitio oficial. Según la fuente citada por Tassé, “todo el mundo sabe que fue por el virus, pero no se puede decir”. La coincidencia temporal con el caos provocado por el huracán Melissa habría contribuido a que la noticia pasara prácticamente inadvertida para el público general.
El cuadro que traza la activista es el de una maquinaria estatal más preocupada por controlar la información que por contener el brote. Afirma que las reuniones del puesto de mando de epidemiología se realizan a diario en el INHEM, pero que a ese centro llegan “solo muestras sanas”, mientras en los barrios se disparan las muertes por causas que no aparecen en ninguna estadística. La frase que resume esa visión es contundente: “Cuba entera es el foco. Todos hemos enfermado o enfermaremos y no se puede predecir el número de muertes”.
Otra activista, Ismary Bacallao, publicó un video donde se nota cual es la solución «creativa» que encontraron en otro hospital del país ante la escasez de camillas: la silla que se empuja.
En paralelo, el MINSAP y la prensa oficial sostienen un discurso que apunta en sentido contrario. En provincias como Matanzas, donde se reconocieron brotes de chikungunya y otros arbovirus con miles de febriles semanales, directivos sanitarios han hablado de epidemias “en proceso de resolución”, apoyándose en una supuesta baja de ingresos y en el argumento de las “bajas temperaturas” que ralentizarían el ciclo del mosquito. Medios como el diario Girón colocan esos mensajes en portada sin cuestionar la ausencia de datos desagregados ni cruzarlos con testimonios ciudadanos que hablan de rebrotes, secuelas y familias enteras enfermas.
La distancia entre ambos relatos no es solo de matiz. Si las órdenes de descartar muestras y maquillar diagnósticos se confirmaran, las cifras oficiales perderían valor epidemiológico y se convertirían en un instrumento político. Sin datos fiables, se bloquea la posibilidad de que Cuba declare una emergencia sanitaria y solicite ayuda urgente a organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Cruz Roja, algo que la propia Tassé se pregunta abiertamente en sus publicaciones: por qué no se activa ese protocolo, qué gana el régimen manteniendo el subregistro y quién asumirá la responsabilidad por las muertes evitables.
La activista ha convocado para el sábado 22 de noviembre de 2025 una jornada de protestas simultáneas de la diáspora frente a embajadas y consulados cubanos, con tres demandas básicas: declarar emergencia epidemiológica y humanitaria, repatriar al personal médico que trabaja en misiones en el extranjero para atender a los pacientes dentro de la isla y abrir la puerta a la ayuda internacional. Insiste en que esa presión desde afuera solo tendrá impacto real si se ve acompañada por gestos visibles de los cubanos de dentro, aunque sea en forma de carteles con la etiqueta #SOSCuba en ventanas y redes sociales.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han respondido públicamente a estas denuncias ni han desmentido de forma directa las acusaciones sobre destrucción de muestras o manipulación de estadísticas. También guardan silencio sobre el señalamiento más delicado: la posible relación entre la muerte del director del INHEM y el mismo cuadro viral que, según testimonios, está vaciando barrios y saturando funerarias. Organizaciones de la sociedad civil y medios independientes tratan ahora de verificar cada elemento, en un contexto donde el acceso a información oficial es limitado y donde las voces críticas, como la de Tania Tassé, insisten en que lo que se cuenta desde Cuba, multiplicado y exagerado, todavía se queda corto frente a la realidad.
Tal vez la idea más exacta de cómo es que el régimen cubano planea solucionar esta crisis la dio recientemente el hijo del queridísimo actor Enrique Molina, al decir que su padre murió de COVID-19 en 2021 cuando en buena parte del mundo la enfermedad ya se manejaba como una gripe más.
En un post publicado el 12 de noviembre, Pavel Molina Ruiz recordó que a su padre lo tuvieron tres semanas ingresado con “una simple mascarita para asmático” y que solo decidieron subirlo a terapia intensiva para intubarlo media hora antes de morir, cuando ya no había nada que hacer. No acusa a los médicos, dice, porque le dieron todo su amor; acusa al sistema sanitario, al desastre de un modelo que ni siquiera pudo ofrecerle una oportunidad real de sobrevivir a un artista querido y leal al propio proyecto que ahora lo dejaba sin recursos.
Su conclusión apunta directo al presente: si esta nueva epidemia, alimentada por la pobreza y la falta de higiene, se va a tratar del mismo modo en que se manejó la COVID-19 en Cuba, a las familias dentro de la isla “solo les queda rezar” por sus seres queridos.
Dicho por el hijo de Enrique Molina, no es una consigna de oposición, sino el testimonio de alguien que vio de cerca cómo funciona, en la práctica, la respuesta sanitaria del Estado. En medio de la crisis epidemiológica que describen Tania Tassé y otras voces, esa frase vale como diagnóstico político y como advertencia: si nada cambia en la forma de gestionar la emergencia, el costo volverá a pagarlo, en silencio, la gente común.
