La denuncia pública de dos familias avileñas ha reabierto el debate sobre la calidad de las investigaciones penales y las garantías procesales en Cuba. Se trata de los casos de Leinier Ramos Martell y Junior Quesada del Valle, jóvenes condenados a 30 y 20 años de prisión, respectivamente, pese a que —según relatan sus allegados— no existen pruebas claras que los vinculen con los hechos por los que fueron sancionados. Las versiones compartidas por sus esposas, Dayana Gonzales Torres y Milena Montes de Oca Almaguer, describen procesos con irregularidades: testigos ignorados, evidencias contradictorias y presiones para sostener una tesis acusatoria endeble.
En el primer caso, Dayana Gonzales Torres sostiene que su esposo, Leinier Ramos Martell, fue condenado a 30 años por un asesinato ocurrido cuando, afirma, él se encontraba en otro lugar y en medio de trámites vinculados a una salida ilegal del país.
La joven asegura que entre 15 y 16 testigos podían respaldar su coartada, pero ninguno fue llamado a declarar.
“Todo Ciego de Ávila sabe que él es inocente y no pasa nada. No investigaron nada. Le echaron la culpa solo porque sabían que estaba saliendo del país”, afirmó en su denuncia. Según su versión, el “verdadero culpable” habría sido presionado para inculpar a Leinier, y al acusado no se le permitió el careo ni se habrían agotado diligencias mínimas para verificar su inocencia. La familia pide con urgencia una revisión independiente del expediente.
El segundo caso lo expone Milena Montes de Oca Almaguer, esposa de Junior Quesada del Valle, quien habría sido detenido el 3 de abril de 2023 tras una discusión con otro joven.
Milena afirma que la cronología no encaja: su esposo fue arrestado a las 4:30 a. m. y, según ella, la víctima aún estaba con vida en ese momento. Añade que el objeto supuestamente utilizado en el hecho estaba “completamente limpio”, sin huellas ni ADN que lo vincularan, y que el único testigo relevante —la persona que trasladó al herido al hospital— declaró en el juicio que Junior no era el responsable y que incluso fue presionado para decir lo contrario.
Aun así, se dictó sentencia. De acuerdo con la familia, Junior lleva más de dos años encarcelado en el penal de Canaleta, mientras el expediente continúa sin resolución definitiva y sin que aparezcan pruebas concluyentes. Y así lo resume @nioreportandouncrimen.
Más allá de los detalles de cada proceso, dados a conocer por sus familiares, por cuanto el oficialismo no permite que se tenga acceso a pruebas documentales del proceso con la transparencia que se exige, lo que emerge es una percepción ciudadana de abuso y desamparo, del que los cubanos tenemos amplio conocimiento por casos similares, fabricados por las autoridades cubanas.
Entre los comentarios recogidos en las propias publicaciones destacan llamados a agotar vías institucionales —Fiscalía General, Tribunal Supremo, Atención a la Ciudadanía— y a escalar a La Habana para exigir una revisión.
“Hija llégate a Fiscalía General de la República en la Habana, atención a la ciudadanía”, sugirió Mercy Lopez, mientras Jose Esquijerosa insiste: “Ve directo a la Habana… ese caso debe revisarse y tomar medidas”. La idea de que la justicia pueda corregir errores aparece una y otra vez, pero siempre como un camino largo, incierto, empedrado de trámites y puertas entreabiertas. Y años.
Y sí, sucede así en todos los países del mundo. Con la diferencia de que, en esos otros, la prensa tiene acceso a las pruebas documentales y a los procesos judiciales.
Otros comentarios, en cambio, reflejan un pesimismo profundo, una confianza rota, de la que hablábamos párrafos encima.
“En Cuba no existe justicia”, se lamentó Dayana Gonzales Torres, que pide “que el mundo sepa lo que están haciendo con una familia entera”. Neida Hernández agrega que “hay muchos inocentes presos”, y Roy Savournin describe un cuadro sombrío de arbitrariedades y corrupción, con la convicción de que, si el joven es inocente y lleva años preso, “esto ya le cambió su vida para siempre”.
La sospecha de testigos presionados y de investigaciones acomodadas es un hilo común: “El verdadero culpable es chivato de la policía”, suelta Iraimi Moiran, mientras Yanelis Carrazana critica que “cuando los instructores hacen las investigaciones ponen lo que a ellos les da la gana”.
También aparecen dudas específicas sobre la proporcionalidad de las penas y la tipificación de conductas. “30 años por salida ilegal del país… eso no está estipulado en ningún lado”, plantea Lijansy Hernandez, en alusión al caso de Leinier y al contexto que rodeó su acusación. Otros usuarios reclaman que, si “no hay evidencias”, se ordene la revisión inmediata del proceso, que se admita nueva prueba y se escuche a los testigos omitidos. “Que se revise su caso… le están jodiendo la vida y la juventud a ese muchacho”, escribe Odalis Santana; “Que se haga justicia como corresponde”, demanda Milena Montes de Oca.
Las familias, entre tanto, enumeran gestiones sin respuesta: escritos al Tribunal Supremo, al Ministerio de Justicia, a Atención a la Ciudadanía. Milena asegura que el caso lleva “1 año y 2 meses en revisión de causa” y que “están buscando una prueba que no van a encontrar porque no la hay”. La falta de información clara y oportuna agrava la angustia: el encierro prolongado sin certeza jurídica constituye, por sí mismo, una pena adicional para los acusados y sus seres queridos.
