En medio de una redada nacional contra inmigrantes con antecedentes penales, continúan los arrestos de ciudadanos hispanos – o de origen hispano – en Florida por delitos graves. Las estrictas leyes del estado, impulsadas por DeSantis, agravan su situación legal, y en no pocos casos, algunos hasta pudieran enfrentar el peligro de la deportación.
Los arrestos de hispanos en el sur de la Florida por delitos graves —aunque en muchos casos comunes si seguimos «la tradición» en las crónicas policiales del país— continúan multiplicándose en medio de lo que autoridades federales han descrito como una “redada nacional” por parte de ICE, DHS, HSI, FBI e incluso la propia policia local, enfocada en identificar y procesar a inmigrantes no nacidos en Estados Unidos con antecedentes penales.
El más reciente caso que ha sacudido a Miami-Dade involucra a Wilfredo Antuna, de 35 años, acusado de haber participado en un violento asalto armado en la vivienda del conocido joyero York Valdez. El video de seguridad muestra a Antuna cargando artículos robados en el vehículo del propio Valdez, mientras otro testimonio revela que durante el robo, los tres asaltantes encapuchados mantuvieron a toda la familia como rehenes por más de cinco horas. Antuna fue arrestado vistiendo una cadena de oro robada y una camisa Gucci, también sustraída.
Junto a él, Keith Ingraham, otro implicado, fue sentenciado recientemente a ocho años de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El caso sigue abierto para Antuna, quien enfrenta cargos que incluyen secuestro y robo a mano armada.
Pero este no es un hecho aislado. También en Miami-Dade, Sergio Morales II fue arrestado tras haber usado una aplicación de citas para tenderle una trampa a su víctima. La llevó a un hotel en Miami Springs, lo amenazó con un arma, lo obligó a arrodillarse y lo despojó de su teléfono y 400 dólares en efectivo. Morales estaba en libertad condicional por delitos con armas automáticas, y ahora enfrenta múltiples cargos adicionales.
Mientras tanto, en Fort Lauderdale, Angel Gabriel González, de origen hispano, fue arrestado en una operación federal por distribución de material de abuso infantil a través de Instagram. La fiscalía reveló que González ofrecía videollamadas de FaceTime a cambio de dinero, donde menores de edad eran forzadas a actos sexuales frente a la cámara.
Y en Miami Beach, Joaquín Núñez, de 59 años, fue arrestado tras encerrar con un candado a empleados del restaurante Papi Steak, exigiendo seis millones de dólares en concepto de “daños” por aparecer en un documental de Netflix con Gordon Ramsay. La policía lo detuvo por intento de extorsión, daños a la propiedad y posesión de Adderall.
En el clima actual, donde el gobierno federal parece decidido a deportar a todo inmigrante con antecedentes criminales, el Sur de la Florida se ha convertido en terreno fértil para arrestos que, bajo las rígidas leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, podrían ser el primer paso hacia la deportación.
Desde agresiones, secuestros, hasta posesión de pornografía infantil y extorsión, los casos abarcan un espectro amplio de delitos, pero coinciden en su impacto legal: para los no ciudadanos, cualquier error puede costarles no solo la libertad, sino el país donde han vivido gran parte de sus vidas.
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