La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que entraron con un permiso de permanencia temporal bajo el programa de Parole Humanitario creado bajo la administración de Joe Biden.
El Máximo Tribunal concedió “la solicitud de suspensión” presentada por la actual administración para levantar una orden de un tribunal inferior que impedía al gobierno poner fin a las protecciones humanitarias para los migrantes de estos cuatro países llegados a Estados Unidos bajo la iniciativa lanzada por el expresidente demócrata en octubre de 2022 para venezolanos y extendido en enero de 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Este fallo deja en el limbo a miles de migrantes, muchos de ellos cubanos, aunque sería temporal, ya que el caso se sigue litigando en un tribunal de apelación, luego de la orden ejecutiva de Trump, que puso fin al programa en enero pasado.
El decreto se topó en un primer momento con un bloqueo ordenado por una jueza federal de Boston, Massachusetts, Indira Talwani, que entendía que la Administración no podía adoptar este tipo de medidas masivas sin una evolución caso por caso.
Talwani, quien bloqueó la suspensión en abril, argumentó que la ley exige un análisis caso por caso para revocar estos beneficios, pero el gobierno de Trump alegó que el parole fue otorgado en masa sin base legal y solicitó a la Corte Suprema intervenir.
Aunque la decisión de este viernes no es definitiva, permite que el gobierno avance con la cancelación del programa mientras el caso regresa a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston.
Los jueces de la mayoría (7) no explicaron su razonamiento, en tanto las magistradas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon.
“La vida de medio millón de personas se desmorona mientras los tribunales aún no deciden si el gobierno actuó legalmente”, señaló Brown Jackson en su voto disidente.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elevó una petición al Alto Tribunal, a la espera de lo que acontece en instancias inferiores, según la cadena CNN.
La administración Trump argumenta que el parole nunca fue permanente y que la ley no obliga a revocar los beneficios uno por uno. El fiscal general D. John Sauer alegó que hacerlo así sería una tarea “gigantesca” que retrasaría los planes del gobierno de deportar a quienes considera inadmisibles.
En poco más de dos años el programa de parole humanitario posibilitó la entrada legal de miles de migrantes con patrocinadores financieros en Estados Unidos. Los beneficiarios recibieron permisos por dos años y debían costear su viaje y tener respaldo económico.
Con esta decisión queda pavimentado el camino para que el gobierno de Trump retire las protecciones legales y el permiso de trabajo a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos beneficiados con un parole.
De los cubanos, alrededor de 20.000 estarían desprotegidos por no haber cumplido un año de permanencia en el país, que es lo que les permite acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Se trata de la segunda victoria judicial lograda por Trump en materia migratoria en el mes de mayo. Hay que recordar que este mismo mes la Corte Suprema permitió la eliminación del Estatus de Protección Temporal para otros 350 mil inmigrantes venezolanos.
