Un nuevo método de cálculo revela que el número de personas detenidas por inmigración en Estados Unidos podría ser mucho mayor al reportado oficialmente, mientras aumentan las denuncias de maltrato en prisiones federales reutilizadas para deportaciones masivas.
Mientras crece el número de inmigrantes detenidos por el gobierno de Estados Unidos, una doble alarma se enciende: las condiciones en que se encuentran muchos de ellos son calificadas como «abiertamente inhumanas», y las cifras oficiales que ofrece ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) parecen distorsionar el verdadero alcance del problema.
Desde febrero, cientos de personas que enfrentan cargos civiles por violaciones migratorias han sido trasladadas desde centros de detención tradicionales a penitenciarías federales administradas por el Buró de Prisiones (BoP), en lo que muchos expertos consideran una maniobra radical por parte de la administración Trump para expandir a toda costa su capacidad de detención. El problema, sin embargo, no es solo de espacio. Las denuncias que llegan desde el interior de estas cárceles describen un escenario caótico y abusivo.
Según testimonios recogidos por The Guardian, personas detenidas en prisiones como FCI Atlanta, FDC Miami y otras en New Hampshire y Kansas han reportado haber sido privadas de comunicación con sus abogados y familiares, sometidas a encierros prolongados, alimentadas con comida mohosa o vencida y obligadas a usar ropa interior usada o con manchas de sangre. La atención médica escasea, la sobrepoblación es visible y la desinformación es generalizada: muchos no saben por qué están ahí, cuánto tiempo estarán o qué ha pasado con su proceso legal.
“Es como estar desaparecido”, dijo uno de los migrantes detenidos, quien pidió anonimato por temor a represalias. “No sabíamos dónde estábamos ni si volveríamos a ver a nuestras familias”.
En paralelo, un grupo de investigadores ha revelado una importante discrepancia en los datos oficiales de ICE. Austin Kocher y Adam Sawyer, del centro The Journalist’s Resource, han desarrollado un método llamado Interval ADP (Promedio Diario por Intervalo), que estima con mayor precisión cuántas personas están realmente detenidas en cada centro. Sus cálculos muestran que en varias instalaciones, como Butler County Jail, el número real de detenidos puede ser hasta seis veces mayor que lo reportado por ICE en sus hojas quincenales.
Lo más preocupante es que este desfase no parece ser un simple error de cálculo: al presentar cifras más bajas, se oculta la magnitud real del uso de las prisiones para retener inmigrantes y se reduce la presión pública y mediática sobre las condiciones de detención.
Abogados y activistas denuncian que la colaboración entre ICE y el BoP ha provocado un colapso del ya de por sí deficiente sistema carcelario federal. En Miami, por ejemplo, unidades femeninas fueron trasladadas para dar espacio a migrantes, provocando hacinamiento, insalubridad y escasez de alimentos y papel higiénico. Algunos migrantes con orden de liberación han permanecido presos días adicionales por errores de comunicación entre agencias.
Lo que comenzó como una política para “agilizar” deportaciones, se ha convertido en un sistema de detención opaco, sin garantías mínimas y con prácticas propias de estados totalitarios. Mientras ICE guarda silencio y el Departamento de Seguridad Nacional se remite a generalidades, crecen las voces que exigen transparencia, respeto al debido proceso y el fin del uso de prisiones para casos migratorios civiles.
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