El Gobierno cubano ha anunciado la extensión de la exención arancelaria para la importación de alimentos, medicamentos, insumos médicos y artículos de aseo hasta el 30 de abril de 2025. Esta medida, implementada originalmente en 2021 como respuesta a la crisis de desabastecimiento que provocó el surgimiento del hashtag #SOSCuba que se convirtió en tendencia mundial, y las protestas del 11 de julio de ese año, se ha prorrogado en reiteradas ocasiones, reflejando la persistente precariedad económica que atraviesa la isla.
La exención arancelaria permite a los viajeros introducir estos productos con fines no comerciales bajo ciertas regulaciones, aunque no pocos pasajeros han sido víctimas de decomisos; especialmente aquellos vinculados a llevar ayudas humanitarias que involucran la participación de figuras opuestas al gobierno.
Una de las disposiciones clave es que los artículos deben presentarse en bultos separados del resto del equipaje, reforzando las regulaciones de control aduanero. También se ha autorizado la importación de plantas eléctricas de más de 900 vatios, en un intento por paliar la crisis energética que afecta al país.
La Aduana General de la República establece un límite de importación de 500 dólares estadounidenses o hasta 50 kilogramos. En el caso de envíos postales, aéreos o marítimos, el límite es de 200 dólares o 20 kilogramos. Además, se mantiene la exención de impuestos para los primeros 30 dólares o 3 kilogramos del envío, aplicándose un arancel del 30% sobre el exceso.
El Ministerio de Finanzas y Precios justificó la extensión alegando que la medida sigue siendo necesaria debido a las dificultades económicas que enfrenta el país. Argumentan que el endurecimiento del embargo estadounidense, la crisis económica global y la incapacidad del gobierno para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad hacen imprescindible mantener esta flexibilización de las importaciones personales.
Sin embargo, detrás de esta narrativa gubernamental se esconde una realidad mucho más cruda: el Estado cubano, incapaz de satisfacer la demanda interna de productos esenciales, delega en los ciudadanos la responsabilidad de abastecerse a través de importaciones individuales. En términos prácticos, la exención es una válvula de escape que permite amortiguar el descontento social, sin que el gobierno tenga que asumir directamente los costos de importar estos bienes.
A pesar de la extensión del beneficio de la exención arancelaria a estos productos, el gobierno ha advertido sobre «conductas que desvirtúan el sentido de la medida», lo que ha llevado a reforzar los controles aduanales en frontera. Esto sugiere que las autoridades están atentas a cualquier intento de utilizar la exención como un mecanismo de negocio informal, una práctica habitual en un país donde el contrabando de productos básicos se ha convertido en un medio de subsistencia para muchos cubanos.
Si bien esta política puede representar un alivio temporal para quienes dependen de los envíos del exterior, también evidencia el fracaso del gobierno en garantizar un suministro estable de alimentos y medicamentos. La continua prórroga de la medida pone en evidencia que la crisis no es un problema coyuntural, sino una situación crónica que sigue sin resolverse.
La decisión de flexibilizar las importaciones personales fue tomada por el gobierno después del estallido social del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad y mejoras en sus condiciones de vida. La exención arancelaria fue, en parte, una concesión para apaciguar el malestar popular y evitar nuevas protestas. Sin embargo, la medida no resuelve los problemas estructurales de la economía cubana, sino que simplemente posterga el inevitable ajuste que el régimen se niega a realizar.
La extensión de la exención hasta abril de 2025 es solo un parche en un sistema colapsado, donde la incapacidad del Estado para gestionar eficientemente la economía sigue siendo la raíz del problema. Mientras el gobierno continúe recurriendo a soluciones temporales y evitando reformas profundas, la crisis seguirá siendo la norma en la vida cotidiana de los cubanos.
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