Detrás de esta narrativa gubernamental se esconde una realidad mucho más cruda: el Estado cubano, incapaz de satisfacer la demanda interna de productos esenciales, delega en los ciudadanos la responsabilidad de abastecerse a través de importaciones individuales. En términos prácticos, la exención es una válvula de escape que permite amortiguar el descontento social, sin que el gobierno tenga que asumir directamente los costos de importar estos bienes.
